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La política pública del NO
Desde el título “NO sextear” de la campaña contra el sexting podemos encontrarnos con un decálogo que estigmatiza antes de informar.
Por Inteligencia Pública
4 de agosto, 2016
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Por: Ana Arroyo Gámez (@AnaSalamandra

Hace aproximadamente un mes, un conjunto de asociaciones públicas y de la sociedad civil lanzaron la campaña “Pensar antes de sextear. 10 razones para no realizar sexting” a través de un sitio web compuesto por un conjunto de infografías, videos y textos breves dirigidos fundamentalmente a jóvenes, donde se explican las razones por las cuales no se debe realizar esta práctica dadas las diversas consecuencias negativas que podrían generarse. En principio , me resultó bastante interesante observar que la noticia del lanzamiento del sitio web no tuvo grandes ecos en los principales medios de información y, por el contrario, las notas que cuestionaron la campaña se posicionaron por encima de ésta.

Indagando un poco más sobre el impacto de la campaña, en la plataforma trendingtopics.mx es posible observar que el hashtag #sexting no es una tendencia que figure al alza y por el contrario, muestra otros contenidos poco relacionados con la campaña. Por su parte, el hashtag #pensarantesdesextear alcanzó su mayor puntaje el 12 de julio (dos días después del lanzamiento del sitio), ubicándose en el lugar 35 de tendencias a nivel nacional, en tanto que en la Ciudad de México su escala más alta en el mismo día fue en la posición 36. Las instituciones que difundieron más la nota fueron, por supuesto, las involucradas: Google, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el DIF Nacional, Infodf, el Canal del Congreso, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y Pantallas Amigas.

Ante un panorama poco favorable en términos de difusión vale la pena cuestionarse ¿qué está sucediendo? ¿Por qué a los jóvenes, principal target, no les está llegando el mensaje? Desafortunadamente la campaña tiene grandes dosis restrictivas. Desde el título “NO sextear” podemos encontrarnos con un decálogo que impide, pero no previene y que estigmatiza antes de informar. El problema de la campaña y la razón por la cual se ha enfrentado a múltiples críticas es que el centro del discurso es la prohibición, una prohibición que quiere impactar como si fuese algo positivo. Es decir, es un “No lo hagas, es por tu bien”, pero ¿qué no el papel de las instituciones, fundamentalmente las públicas, es crear no sólo mecanismos de prevención (los cuales por supuesto deberían ser afirmativos) sino también de atención?

Analicemos por partes la problemática referida. La campaña en contra del sexting consta de 10 puntos, los cuales son: “1. Existe otra persona implicada de la que ahora dependes; 2. Las personas y las relaciones pueden cambiar: 3. La protección de la información digital es complicada; 4. La distribución de información digital es incontrolable; 5. Una imagen puede aportar mucha información; 6. Existen leyes que penalizan acciones ligadas al sexting; 7. Se produce sextorsión si la imagen de sexting cae en manos de chantajistas; 8. Internet es rápida y potente; 9. Las redes sociales facilitan la información a las personas cercanas, y 10. Existe grave riesgo de ciberbullying si la imagen de sexting se hace pública en Internet”.

Las áreas de oportunidad del decálogo son varias. En principio los puntos uno, dos, cinco y nueve son meramente alarmistas pues no se está dando información útil al lector. Los puntos tres, cuatro y ocho podrían ser realmente preventivos si se explicara mecanismos para la protección de datos personales en internet y el uso de sitios seguros. Los puntos seis, siete y diez son bastante serios pues el sexting no es un delito, ¿pero cuáles delitos podrían estar asociados? ¿Cuáles son los mecanismos de atención? ¿A qué institución se puede acudir en caso de ser víctima? Las políticas públicas tendrían que trascender el prohibicionismo moral y fomentar la educación, el acceso a la información por parte de los ciudadanos y los mecanismos resolutivos de manera legal. En este sentido, la problemática vinculada a la participación de las instituciones públicas no es que colaboren, sino que tergiversan sus atribuciones establecidas por ley.

El INAI por ejemplo tiene atribuciones establecidas en 22 leyes de orden federal relacionadas con la transparencia en la información pública, la protección de datos personales en posesión de particulares, la propiedad industrial, los derechos de autor y las responsabilidades administrativas, entre otras. El INFODF cuenta con 25 leyes de orden estatal donde se establecen sus funciones a nivel local en materia de transparencia y protección de datos personales, el DIF Nacional cuenta con su Estatuto Orgánico y sus atribuciones en materia social. En dichos ordenamientos jurídicos se pondera la protección y garantía de los derechos humanos, los mecanismos de atención y la responsabilidad de desarrollar políticas públicas en sus ámbitos de acción.

Lo anterior no significa que las instituciones no deban participar en temáticas de orden social, sino que deben hacerlo con apego a sus atribuciones, a sus responsabilidades y obligaciones, sin prejuicios morales y ejerciendo el enorme compromiso del respeto a los derechos humanos. Lo que pide una campaña de esta naturaleza es informar a las juventudes, dotarlas de información para una toma de decisiones consciente y responsable, así como la exposición de panoramas posibles sin tintes morales para la generación de mecanismos, estrategias e instituciones que atiendan el problema si éste ya es un hecho evidente.

El cumplimiento de las obligaciones ciudadanas debe diferenciarse de las conductas moralmente mal vistas y por supuesto de los delitos. El individuo debe ejercer su libertad en toda su extensión y el Estado debe brindar los mecanismos para que la pueda practicar con seguridad y con respeto hacia los derechos de los otros y de la colectividad, eso es parte de la política pública, una política pública que no se basa en el NO, sino en el CÓMO.

 

* Ana Arroyo es investigadora en Inteligencia Pública @IntPublica.

 

 

En términos generales el sexting es entendido como el envío e intercambio de imágenes o textos sexualmente alusivos entre adolescentes, principalmente. Está asociado con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la apertura masiva de la información mediante redes sociales.

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