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Porque pueden
¿Qué garantía tenemos los ciudadanos de este país de que estas nuevas leyes, reformas y adiciones a la normatividad que dan pie al Sistema Nacional Anticorrupción serán respetadas?
Por Inteligencia Pública
20 de julio, 2017
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Por: Carmen Menéndez (@mariacarmen1190)

No escribo para dar más testimonio de lo sucedido la madrugada del 17 de julio en el municipio El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala. Escribo hoy para todos aquellos a quienes ha tocado un baño de realidad, de una realidad indignante que hace hervir la impotencia y que, al parecer, no es perceptible a los sentidos de todos: la corrupción. Sabemos que este fenómeno no es nuevo, sólo que ahora existen más medios para destaparlo; la situación acontecida en Tlaxcala tampoco lo devela por primera vez, pero entonces, ¿por qué seguir hablando de esto? ¿Cuál es la relevancia?

La razón a lo anterior nada tiene que ver con que el suceso se vincule a una agrupación musical famosa, es relevante porque dejar ver el carácter sistémico de la corrupción, lo que pasa en el día a día, de manera casi automática, sin reflexionar ni cuestionar si es legal, o no. Esto queda plasmado en el video difundido vía redes sociales, cuando el oficial entrevistado expresa que ellos tienen una orden, de la cual desconocen las causas y, al ser un mandato de su superior, deben cumplirla ciegamente. Aun cuando uno de los ciudadanos retenidos explícitamente pregunta si ellos deben seguir una orden, aunque vaya contra la ley, el oficial contesta afirmativamente.

Oficial: Nosotros tenemos una orden, ignoramos las causas.

Ciudadano 1: ¿De quién?

Oficial: Del señor Presidente, Óscar Vélez Sánchez.

Ciudadano 1: Tenemos derecho a irnos, en cualquier momento.

Ciudadano 2: Entiendo que ustedes siguen órdenes. Ustedes son la autoridad. ¿Ustedes tienen que seguir una orden, aunque vaya en contra de la ley? Ustedes son guardianes de la ley, se les da una orden que es privar de la libertad a la gente, ¿y ustedes siguen esa orden?

Oficial: Bueno… si lo ve de ese modo, pues sí.

 

En tal escenario, de facto, la ley deja de operar, se quiebra el Estado de Derecho, las instituciones quedan a merced de la voluntad de un solo individuo y, los ciudadanos, más allá de levantar la voz para exigir los derechos fundamentales, quedamos desarmados. Las personas que desempeñan una función pública y los ciudadanos tenemos el deber de respetar lo establecido en las normas, pero las primeras además están obligadas a hacer valer tales normas. En el caso expuesto, la legalidad pasa claramente a segundo plano, después de los deseos y necesidades particulares de quien tiene mayor poder.

Comencé señalando que esta realidad parece no ser visible para todos; en rueda de prensa el 18 de julio, el presidente municipal negó abiertamente las acusaciones, pese a los hechos que constan en video y también se sustentan en diversas publicaciones en redes sociales. ¿Qué permite que esto suceda? De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015, publicado por la Universidad de las Américas Puebla, y que recopila los datos de 59 países, México es el segundo país con mayor grado de impunidad, sólo rebasado por Filipinas. Este índice gradúa la impunidad en una escala del 0 al 100, en la cual el mayor número equivale a impunidad máxima; en tal escala, México obtiene 75.7 como puntaje.

De manera acertada, el estudio Anatomía de la Corrupción, explica la relación entre corrupción e impunidad, la cual permite que ambas se extiendan:

“Uno de los factores más relevantes para explicar la extensión y frecuencia de la corrupción es la expectativa de impunidad que eleva la ganancia esperada de un acto de corrupción y conduce a un círculo vicioso. La combinación de ambas se convierte en un equilibrio pernicioso en el que se generan fuertes incentivos para que las empresas, los individuos y los servidores públicos refuercen estas prácticas en lugar de combatirlas”.

A nivel nacional se han tomado medidas para intentar combatir la corrupción, con sanciones que están plasmadas, por ejemplo, en el Código Penal Federal, en cuyo artículo 215, fracción VII, establece que cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que: “cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones […]”.

Uno de los principales elementos del Sistema Nacional Anticorrupción es que en las entidades federativas se deberán de crear sistemas locales anticorrupción homólogos al nacional, lo cual incluye, entre otras cosas, modificaciones en los códigos penales locales; sin embargo ¿qué garantía tenemos de que estas nuevas leyes, reformas y adiciones a la normatividad serán respetadas? Contamos con altas expectativas puestas en el Sistema Nacional Anticorrupción y con mecanismos que nos permiten comunicar y difundir inconformidades y abusos de manera eficiente y en tiempo real, con impacto a nivel nacional; la cuestión entonces es ¿por qué los abusos continúan? ¿Por qué las quejas no son vistas por muchos servidores públicos? ¿Por qué la ley pasa a segundo plano? ¿Por qué varios servidores continúan ejerciendo la función pública a discreción? La respuesta es simple, pero decepcionante: porque pueden.

 

* Carmen Menéndez es investigadora en @IntPublica.

 

 

 

Transcripción literal del video que circula en redes sociales.

Transmitida en vivo a través de la cuenta de Facebook Tlaxcala TV a las 17:11 hrs del 18 de julio.

Dato retomado de María Amparo Casar, Anatomía de la Corrupción, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, México, 2ª edición, corregida y aumentada, 2016, p. 65

Ibid. p. 66

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