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Reforma energética, ¿cómo vamos?
La consolidación de un mercado competitivo tras la reforma energética, en un mediano y largo plazos, dependerá de la certeza jurídica que nuestro país pueda darle a la iniciativa privada para que inviertan en México. Sin embargo, pareciera que nos esforzamos por comunicar el mensaje contrario.
Por Inteligencia Pública
5 de marzo, 2015
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Por: Mariana Gómez Sánchez

Lo que veremos los próximos meses respecto a la reforma energética será un proceso de consolidación de contratos para realizar actividades de exploración y extracción en donde participa la inversión privada nacional y extranjera, esto es a lo que se le ha llamado “Ronda Uno”.

El actual reto de la reforma energética es atraer inversión privada y consolidar un mercado competitivo que se traduzca en crecimiento económico para México. La caída de los precios del petróleo vino a poner más presión sobre el logro de estos objetivos. Si bien es verdad que no han faltado interesados en participar en la Ronda Uno, la consolidación de un mercado competitivo en un mediano y largo plazos dependerá de la certeza jurídica que nuestro país pueda darle a la iniciativa privada para que inviertan en México.

Sin embargo, pareciera que nos esforzamos por comunicar el mensaje contrario. En plena discusión de la reforma energética, el caso Oceanografía puso los reflectores en nuestro país en donde quedaron sin resolver muchos cuestionamientos relacionados con el supuesto favoritismo de Pemex hacia la empresa Oceanografía. Sin ir tan lejos, el escándalo de la casa blanca de la Primera Dama y el nombramiento de un Secretario encargado de investigar a su propio jefe son temas que posicionan a México como un país poco serio para los inversionistas.

Ante un escenario como este, la inversión privada ha mostrado preocupación por saber cuáles son los mecanismos que garantizarán la legalidad y la transparencia en los procesos de licitación de los contratos. Es decir, ¿qué se necesita para eliminar las prácticas como las licitaciones hechas a la medida, el amiguismo, el conflicto de interés, entre otras, y así generar confianza en los inversionistas?

La apuesta del gobierno para dar certidumbre a la inversión privada es principalmente el fortalecimiento de dos instituciones encargadas de monitorear y regular los contratos y concesiones; una es la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para todas las actividades midstream (transporte y almacenamiento de productos derivados del petróleo) y downstream (refinación, procesamiento, distribución y comercialización) , la otra es la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) quien regulará las actividades upstream de la industria (exploración, perforación y extracción).

Del fortalecimiento e integridad de estos dos órganos dependerá en gran medida la legalidad de los contratos, así como la igualdad de condiciones para todos los competidores del mercado, incluido Pemex.

Para el caso concreto de los contratos y licitaciones, la CNH junto con la Secretaría de Energía realizan el diseño y adjudicación de contratos, en el que también participa la Secretaría de Hacienda en su ámbito de acción. Además, la Ley de Hidrocarburos establece que todas las sesiones, los acuerdos y las resoluciones de los órganos reguladores deberán ser públicos. Y hace énfasis en que los fallos de las licitaciones se lleven a cabo en una sesión pública. Sin embargo, la ley no especifica que Pemex o cualquier otro competidor no tendrán acceso a información relacionada con el proceso de licitación antes de que se anuncie el fallo. Si bien parecería obvio que esta situación no es admisible, el pasado 13 de agosto al anunciarse los resultados de la Ronda Cero y los avances de la Ronda Uno, Pemex reveló sus planes respecto a las áreas que se le asignaron, lo cual indica que Pemex supo de los resultados antes de que fueran anunciados. Es decir, que tuvo preferencia sobre los demás competidores. Este es el tipo de pequeñas prácticas que empañan la certeza jurídica de los procesos de la reforma energética.

Además del fortalecimiento y creación de instituciones reguladoras del sector, la reforma energética también promete transparentar todos los procesos internos por medios electrónicos. Si bien la legislación no es muy específica, sabemos que como ciudadanos tenemos acceso al número de contratos vigentes, las bases y términos de estos, los volúmenes e ingresos totales de los hidrocarburos producidos, así como las contraprestaciones pagadas a los contratistas y los montos de inversión reportados, entre otros.

En este sentido, estas herramientas no solo son indispensables para dar certidumbre a la inversión privada, también funcionan como un mecanismo de seguimiento y vigilancia de las actividades de los inversionistas, bajo el supuesto de que ellos manejan recursos naturales que son propiedad de la nación.

El fortalecimiento del Estado de Derecho no es solo un asunto que deba garantizar el gobierno, la participación activa de los ciudadanos también promueve la cultura de la legalidad y es responsabilidad de cada uno darle seguimiento a los procesos, por lo menos a través de la opinión pública. También es cierto que existen mecanismos institucionales para fortalecer la transparencia en los procesos en donde participa expresamente la ciudadanía. Tal es el caso de los testigos sociales –representantes de la sociedad civil que vigila que se cumpla la normatividad de los procedimientos de contratación.

Si bien los testigos sociales son necesarios, la corrupción en los procesos de contratación supera su ámbito de acción, pues en primer lugar, ellos tienen voz pero no voto; y en segundo, están encargados de la revisión técnica y financiera de la documentación durante todo el proceso de contratación pero no tienen la capacidad, ni facultades para indagar si detrás del proceso existe conflicto de interés, o si la documentación presentada es verdadera. Tal es el caso de Oceanografía, en donde la presencia de testigos sociales no fue suficiente para identificar las malas prácticas que llevaron a la empresa a ganar 144 contratos en 15 años (Expansión, junio 2014).

Finalmente, hay que reconocer que fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad nacional nos llevará varios años, tiempo que la inversión extranjera no puede esperar. Por lo que se teme que las deficiencias de la situación actual del país sean compensadas con incentivos que generen altos costos en un largo plazo, tales como subsidios al productor o deducciones fiscales que podrán resultar en grandes beneficios para la inversión privada, pero no necesariamente para todos los mexicanos.

Todavía existe mucha incertidumbre sobre el “éxito” de la reforma energética, habrá que darle seguimiento para evaluar bajo nuestros parámetros si la nueva legislación traerá el crecimiento económico que tanto ha prometido.

 

* Mariana Gómez Sánchez es Directora Ejecutiva de Inteligencia Pública (@IntPublica)

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