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Reforma Penal: diálogo entre usuarios del sistema
México se encuentra entre las 2/3 partes más ricas del mundo pero con un sistema de impartición de justicia más ineficaz que en Senegal, Uganda y Nigeria.
Por Inteligencia Pública
10 de mayo, 2013
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Por: Mónica Sigüenza (@Monsiguenza)

“La locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”.

Albert Einstein

La relevancia de la celebración del “5to. Foro sobre seguridad y justicia: Por una adecuada implementación de la Reforma Penal”, es demostrar los principales avances en materia de impartición de justicia con respecto a los resultados de los años anteriores. Es decir, ¿qué hemos hecho diferente, cuáles han sido los resultados y cómo hemos llegado a ellos?

En primera instancia es de reconocer el esfuerzo de la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y Debido Proceso por dar seguimiento al tema e incorporar las diferentes visiones y roles que ocupan los diferentes actores involucrados en la implementación de la Reforma Penal.

A diferencia del año anterior, se pudo encontrar un ambiente de mayor optimismo frente a los resultados obtenidos hasta el momento y una mayor apertura al debate sobre temas más específicos: se habló sobre la Reforma Penal como política de Estado, la necesidad de pensar en un Estado de Derecho fundamentado en la garantía de los Derechos Humanos y el sistema de impartición de justicia; se tocaron los temas sobre la reconfiguración del Ministerio Público, policías y defensorías públicas; el papel de los abogados, como operadores del nuevo sistema, y el acompañamiento de la sociedad civil en el proceso de implementación.

En este sentido, el Foro se podría resumir en la respuesta a las siguientes tres preguntas: ¿dónde estamos?, ¿hacia dónde vamos? y ¿cómo lo lograremos (en plural, porque es un tema que nos compete a todos)?

¿Dónde estamos?

De acuerdo con el estudio TheWorldJustice Project, México se encuentra en el lugar 91 de 97 con respecto a Justicia Criminal, a nivel mundial, y el lugar 79 respecto a Debido Proceso (según los datos presentados por el Coordinador del Proyecto, Alejandro Ponce en el Foro). A su vez, Layda Negrete y Roberto Hernández presentaron algunos datos sobre la relación entre eficacia del sistema de justicia penal y riqueza, y mencionan que México se encuentra entre las 2/3 partes más ricas del mundo pero con un sistema de impartición de justicia más ineficaz que en Senegal, Uganda y Nigeria.

Entonces, surge el cuestionamiento sobre qué ha pasado con la implementación de la Reforma Penal. A la fecha, 23 entidades federativas cuentan con un Código de Procedimientos Penales, 3 de estas lo operan en todo su territorio y 7 lo han implementado de manera parcial. Entre los casos exitosos se encuentra el Estado de México; entre los no exitosos, el Distrito Federal. Nuevamente, Layda Negrete y Roberto Hernández se dieron a la tarea de comparar estos dos casos de estudio (tras el levantamiento de 700 encuestas a presos) para identificar los principales cambios sobre el viejo y el nuevo sistema. Los principales hallazgos fueron que en el Estado de México existe mayor claridad sobre el proceso penal en el nuevo versus el sistema tradicional (13 y 60 por ciento respectivamente). También encontraron que el porcentaje de presos sentenciados que dicen ser inocentes del delito por el cual los condenaron, en Edomex cambió de 66 a 43 por ciento. Estos datos nos dan una muestra de los avances sobre la implementación de la Reforma Penal.

¿Hacia dónde vamos?

Se identificaron cuatro eslabones esenciales para la adecuada implementación de la Reforma al Sistema Penal Acusatorio: el papel del Ministerio Público, la seguridad pública (también como interés para la inversión privada),  la capacitación de los jueces y la ejecución de las sanciones penales. Para ello, se encuentra como punto fundamental la coordinación de los tres Poderes.

Al respecto, de manera integral, la Senadora Arely Gómez con el apoyo técnico de 13 expertos de la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y Debido Proceso, impulsaron la iniciativa en el Senado sobre la creación del Código Procesal Penal Único (CPPU), en respuesta a uno de los principales obstáculos de la implementación de la Reforma. Entre los principales resultados de las experiencias a nivel local en esta materia, se encontró una deficiencia en la elaboración de los códigos penales; por esta razón, este grupo multidisciplinario de expertos (quienes han tenido acompañado a la implementación de manera práctica), generó una línea base de la cual pudieran partir las entidades federativas, es decir, una visión sistémica y simplificación normativa que pudiera ‘aplanar el terreno’ de la ejecución de la reforma.

Las principales críticas que ha recibido dicha iniciativa responden a una tensión sobre competencias federativas. Es decir, se tiene la percepción de un código que no busca la armonización de procesos y en cambio, la obligación por parte de los estados de ejercer una sola norma. Sin embargo, el  CPPU busca recoger las mejores prácticas de aquellas entidades cuya implementación ha sido exitosa (en términos generales) y trata de descartar aquéllas que han ocasionado conflicto. Esto no significa la renuncia de responsabilidades locales y adecuación a situaciones particulares de cada estado, al contrario, se refiere a la necesidad de crear reglamentos y manuales procesales adecuados a cada entidad.

No es suficiente. Se pueden cambiar las leyes pero no garantiza su ejecución, es correcto. El CPPU no es suficiente pero es necesario.

¿Cómo lo logramos?

Para lograr una adecuada implementación de la Reforma Penal, existen dos puntos que se mencionaron continuamente en el Foro: voluntad política y viabilidad financiera. Ambos responden al optimismo  expresado en este encuentro. Sin embargo, fuera de cualquier provocación discursiva y/o crítica al respecto, es necesario trabajar en tres puntos fundamentales.

1. Capacitación

De acuerdo con un estudio de CEJA (mencionado en uno de los páneles), en el país contamos con 200 abogados por cada 100 mil habitantes (siendo el promedio internacional de 250); además, dicho número se encuentra concentrado en el área metropolitana, es decir, no es proporcional a nivel nacional. No es sólo cuestión de cifras –mencionaban- sino de la capacidad técnica con la que cuentan.

Para ello, es necesario la colegiación y certificación de abogados, quienes estarán al frente de la operación del nuevo sistema; y a su vez, “insertar el chip” del servicio público. Se trata del fortalecimiento institucional a partir de la operación.

2. Socialización

Mencionaban en el Foro que una política pública que no es conocida por el ciudadano, no es pública. Es cierto. El gran reto al que nos enfrentamos ahora es, no solo contar con un sistema de impartición de justicia de calidad, sino generar conocimiento y credibilidad sobre la ciudadanía.

Para ello, es fundamental contar con las herramientas técnicas y, sobre todo, con la capacidad de exponer los beneficios (o bondades) del nuevo sistema, a través de medios y redes, tanto federales como locales. El objetivo es un cambio cultural, acercarse a los usuarios del sistema y pensar como ellos (como todos nosotros), “contar historias” cercanas a la realidad cotidiana.

3. Evaluación

Evaluemos el “modelo mexicano”. Comencemos a generar indicadores de gestión, cuantitativos y cualitativos, que nos refleje qué tan eficiente –o no- es nuestro sistema de impartición de justicia.

Dicha labor no puede ser pensada sin considerar la armonización de dos objetivos: obtener la verdad histórica (como se plantea en el sistema tradicional) y la resolución de conflictos. En este punto, es fundamental considerar la experiencia de las entidades que han llevado a cabo la implementación (los ejemplos claros de ello son Baja California y Chihuahua).

En el Foro mencionaban que la evaluación se trata de “una operación a corazón abierto”, es decir, se tiene que realizar a la par de la implementación. No se puede parar el sistema para ver resultados, se deben identificar las mejores –y peores- prácticas e incorporarlas a la evaluación.

El fin último del nuevo sistema de impartición de justicia se centra en la persona. El exhorto, en términos generales, de los participantes del Foro es ponernos como usuarios del sistema y, a partir de eso, generar mejores recomendaciones desde la sociedad civil al respecto.

Para obtener resultados distintos a los que tenemos, ahora debemos tomarnos en serio todo lo que hemos discutido en los últimos tres días en el Foro y apelar a la adecuada implementación de la reforma penal.

 

“No lloremos como víctimas lo que no podemos defender como ciudadanos”. Anónimo (retomado por Orlando Camacho)

* Mónica Sigüenza es Investigadora senior en Inteligencia Pública

 

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Temas pendientes para siguientes publicaciones: Ley de víctimas, arraigo, el papel de la gendarmería, profundizar sobre el eje toral de los Derechos Humanos, investigación procesal, Ministerios Públicos y Defensorías Públicas.

 

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