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Repensar el sistema de pensiones en México. Iniciemos con el PENSIONISSSTE
PENSIONISSSTE es la única Afore que resta en el país que no tiene fines de lucro y, en tanto, los rendimientos son mejor repartidos entre los trabajadores asegurados, aunado a que cuenta con las comisiones más bajas y los rendimientos más altos, lo cual indica que de aceptarse las modificaciones se afectaría al ahorro de los trabajadores en términos reales.
Por Inteligencia Pública
10 de diciembre, 2015
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Por: Ana Arroyo Gámez (@AnaSalamandra

El pasado 8 de septiembre el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión un proyecto de decreto por medio del cual propuso reformar y derogar ciertos artículos de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE). Dicha reforma se concentró principalmente en reformar el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.

El principal argumento sostenido fue la falta de capacidad para competir en el mercado por parte del organismo responsable de administrar los fondos para las pensiones de los burócratas, el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE). Ello, derivado de los límites administrativos a los cuales está sujeto el Fondo al ser un órgano desconcentrado del Estado. De acuerdo con el Ejecutivo Federal, lo anterior ha desembocado en la pérdida de hasta el 3% de cuentas individuales ante otras empresas oferentes, pese a que, tal y como la propia Iniciativa de Decreto menciona, PENSIONISSSTE tiene la comisión más baja (0.92%) y presenta el más alto rendimiento neto (8.05%), respecto a las otras Afores.

De modo que, lo que propone el decreto es que PENSIONISSSTE se convierta en una empresa de participación estatal mayoritaria, con patrimonio propio y autonomía administrativa, distinto a la figura de órgano desconcentrado que mantiene hoy. Lo anterior implicaría que no dependería más del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), al Ramo que sectorialmente le corresponde, que su funcionamiento se ajustaría a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y que sería una Afore independiente más en el mercado. Asimismo, los principales cambios en el cuerpo jurídico de la LISSSTE estarían dados de la siguiente manera:

  • Artículo 5, se haría el cambio de organismo desconcentrado a paraestatal.
  • Artículo 6, se eliminaría a PENSIONISSSTE como la principal administradora para la apertura de cuenta individual de los trabajadores, dejando abierta la decisión de utilizar otra empresa administradora.
  • Artículo 98, daría la facultad al trabajador de elegir la administradora en la cual quisiese abrir su cuenta individual.
  • Se derogaría toda la sección VII referente a PENSIONISSSTE y sus lineamientos.

En síntesis, si bien existe la propuesta de modificar y derogar otros artículos de la misma Ley, la idea general del proyecto de decreto es cambiar la figura jurídica que actualmente tiene PENSIONISSSTE, misma que le permita colocarse al nivel del resto de las administradoras que compiten en el país y buscan ser una opción de inversión para los trabajadores que cotizan, promoviendo así la competencia en igualdad de condiciones frente a las otras Afores privadas.

Con base en lo anterior, los argumentos presentados en contra del dictamen mencionaron que PENSIONISSSTE es la única Afore que resta en el país que no tiene fines de lucro y, en tanto, los rendimientos son mejor repartidos entre los trabajadores asegurados, aunado a que cuenta con las comisiones más bajas y los rendimientos más altos, lo cual indica que de aceptarse las modificaciones se afectaría al ahorro de los trabajadores en términos reales, pues de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), durante 2015, PENSIONISSSTE se colocaba con la comisión más baja, seguida de tres aseguradoras con comisión media y siete más con comisiones altas, oscilantes entre el 1.11% y el 1.20%, todas ellas privadas.

No obstante, el contraargumento se plantea en términos de la fragmentación existente en el sistema de seguridad social del país, derivado de una falta de contribuciones asociadas al sector informal. Basta con observar que según cifras del INEGI para el tercer trimestre del 2015, de los 53 millones 179 mil trabajadores registrados en el país sólo había, para octubre de ese mismo año, un inscripción de 36 millones 923 mil cuentas en Afores (públicas y privadas). Es decir, 30.5% de la población no se encuentra cotizando para algún fondo de retiro, lo cual ha traído como consecuencia un incremento en la inversión del Estado en este rubro, suma que cada año va en ascenso y representa un gasto comparable con el 3% del PIB.

Desafortunadamente, y de mantenerse esta tendencia, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las cuentas individuales que no corresponden al viejo sistema de pensiones presentarían una caída en sus beneficios, pues no existe un sistema contributivo capaz de generar ganancias de manera sostenible, de modo que la propuesta es transitar hacia un sistema de pensiones que incentive a los trabajadores a mayores aportaciones y enfrentar el gran reto de lograr el equilibrio entre los ingresos de las nuevas Afores y la reducción del impacto real en la economía de los trabajadores que cotizan actualmente bajo el antiguo régimen de pensiones.

En términos simples, será necesario repensar de manera estratégica y con una perspectiva de viabilidad financiera en el largo plazo, el sistema de pensiones en el país.

Así, el debate que comenzó desde la semana pasada para reformar el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado representa el punto de partida de una discusión más amplia e integral del sistema de pensiones del país, en el que se pueda transitar hacia uno que pueda garantizar un mínimo de eficiencia y sostenibilidad financiera en el largo plazo.

 

*Ana Arroyo es investigadora en Inteligencia Pública @IntPublica

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