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Saludos desde la CDMX
Lo más relevante de la reforma política del ex DF no es que ahora seamos ciudadanos residentes de la Ciudad de México, sino que con la entrada en vigor de esta normativa se abre una oportunidad para definir nuevas responsabilidades jurídicas y administrativas de las distintas autoridades locales sobre cuestiones que impactan directamente a la ciudadanía.
Por Inteligencia Pública
18 de febrero, 2016
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Por: Ana Arroyo Gámez (@AnaSalamandra)

El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto (DOF) por medio del cual se dio a conocer la Reforma Política para la Ciudad de México. No obstante, aunque éste entró en vigor un día posterior a su publicación, tal como se puede leer en el artículo primero transitorio del mismo, varias de las disposiciones derivadas comenzarán a surtir efecto en 2018, e incluso hasta 2020. Al respecto, lo más relevante del asunto no es que ahora seamos ciudadanos residentes de la Ciudad de México, suceso que se ha resaltado con especial énfasis, sino que con la entrada en vigor de esta normativa se abre una oportunidad para definir nuevas responsabilidades jurídicas y administrativas de las distintas autoridades locales sobre cuestiones que impactan directamente a la ciudadanía.

Así, en el contexto del cambio político debe comprenderse que anteriormente el Distrito Federal estaba regido por una serie de especificaciones jurídicas distintas al resto de las entidades federativas del país, pues tal y como su nombre lo indicaba era un distrito en el cual se albergaban los poderes federales; dada esta consideración se argumentaba que, como depositario territorial de dichos poderes, no podía ostentar de manera autónoma sus propios entes administrativos (por una cuestión de duplicidad), lo cual derivaba en una situación compleja respecto a los derechos políticos de los ciudadanos que vivían dentro del mismo. Por el contrario, el Distrito Federal era considerado como una extensión administrativa y operativa del Gobierno Federal.

Fue hasta 1997 que se creó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a la cual se le otorgaron limitadas facultades al mismo tiempo que se llevaron a cabo las primeras elecciones directas, que desde 1928 no ocurrían. En dichas elecciones resultó electo Cuauhtémoc Cárdenas como primer jefe de gobierno y se dejó atrás la designación de los jefes de departamento por parte del ejecutivo federal, lo cual representó un gran logro político a nivel local. Pese a ello, preexistían aspectos fundamentales tales como la falta de una Constitución propia, la toma de decisiones conjunta por el presidente de la República y el jefe de gobierno (como la designación y ratificación del procurador de justicia, por dar un ejemplo), una Asamblea Legislativa sin participación en la toma de decisiones a nivel nacional y el poder judicial coordinado entre los órganos locales y federal.

De tal manera, este antecedente colocó sobre la mesa la necesidad de plantear una reforma política que permitiera, de manera más nítida, especificar las atribuciones políticas y jurídicas para que la Ciudad de México se situara en igualdad de condiciones al resto de los estados de la República. De manera adicional se ha buscado perfilar la participación ciudadana hacia mecanismos más incidentes y con mayores alcances, pues la autonomía que se ha requerido (y que se ha logrado ya) de los poderes federales, tanto en lo ejecutivo como en lo legislativo y judicial, era y es una puerta hacia la vanguardia e innovación política.

Con la reforma política se conseguirán transformaciones sustanciales que incidirán no sólo en la personalidad jurídica del Distrito Federal, sino en una mayor correspondencia administrativa y autonomía inédita sobre los tres órganos de gobierno locales.

En resumen, al reformarse los 50 artículos constitucionales (más 17 transitorios) se circunscribieron tres tipos de cambio: de nomenclatura; de orden administrativo al incluir a la Ciudad de México dentro de las entidades federativas; y de tipo orgánico, donde se modificaron las atribuciones de la entidad (principalmente los artículos 40 y 122).

Lo anterior demuestra que, en términos reales, existe un cambio de estatus jurídico de Distrito Federal a Ciudad de México; nuevas atribuciones como entidad federativa en la utilización de recursos públicos; la consolidación de un congreso local; la preeminencia de un poder ejecutivo unificado; y sobre todo, una nueva Constitución Política de la Ciudad de México que derivará nuevas facultades y una restructuración político-administrativa de las demarcaciones territoriales.

De modo que, la reforma política debe verse como una oportunidad de cambio e incidencia, de renovar e innovar, de responsabilizarse y de actuar, un espacio que en lo subsecuente funcionará si existe una labor coordinada entre las instituciones y, a su vez, de éstas con la ciudadanía. El espíritu de la reforma política de la Ciudad de México se basa en transformar sin cambiar lo esencial, es decir, versa sobre la necesidad innegable de la participación ciudadana como un mecanismo democrático sobre la base de una gestión pública eficiente orientada a brindar servicios públicos de calidad.

El reto actual queda entonces en términos de la consolidación constitucional donde se tendrá que velar por el aseguramiento de un modelo que organice de manera eficiente a los poderes públicos y rinda cuentas a los ciudadanos, sobre todo en el marco del proceso democrático por el cual ha atravesado el Distrito Federal desde su configuración política- territorial. Los cambios presentados deben reflejar un avance simbólico en cuanto a la representación de los órganos garantes, la participación ciudadana y el cumplimiento de funciones administrativas, ello con el fin de mejorar la transparencia del ejercicio político a nivel local.

 

*Ana Arroyo es investigadora en @IntPublica

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