Por: Ana Arroyo Gámez (@AnaSalamandra)

Durante la primera semana de octubre se dio a conocer una noticia de gran relevancia en materia económica para el país. La conclusión de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o Trans-Pacific Partnership (TPP), de las cuales México fue partícipe en conjunto con otros once países de la región, dio pauta para la dilucidación de una serie de escenarios en materia comercial y productiva en los años venideros. Algunos de los panoramas se mostraron optimistas y otros más expresaron preocupación ante la apertura comercial que el país experimentará ante economías como la estadounidense y la japonesa.

No obstante, antes de indagar en los aspectos negativos o positivos de un acuerdo de la envergadura del TPP, es preciso describir y puntualizar algunos elementos al respecto. El TPP es un acuerdo comercial que incluye a doce economías de la región Asía-Pacífico a saber: Brunéi, Chile, Nueva Zelanda y Singapur como primeros miembros, seguidos de Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, Perú, Vietnam y México, sumados posteriormente. De acuerdo con datos obtenidos de la Secretaría de Economía, México ingresó como miembro formal del Acuerdo en 2012, como parte del fortalecimiento de su política comercial pues, un año previo a su adhesión, el resto de los países integrantes registraron el 18% de las importaciones y el 15% de las exportaciones internacionales, representando casi el 26% del PIB mundial juntos, lo cual se observó como una oportunidad valiosa de incremento en la apertura comercial mexicana.

Cabe mencionar que, tal como se señala en el “Resumen Ejecutivo del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico” emitido recientemente por la Secretaría de Economía, el Acuerdo incide en temas punteros que se encuentran fuertemente ligados a la política comercial del país. El abordaje de regulaciones en las industrias farmacéutica, textil, agropecuaria y de telecomunicaciones, así como las estipulaciones en materia de política arancelaría, inversión, propiedad intelectual y medio ambiente, entre otros, resaltan la prioridad de tratar puntualmente cada tema si se está pensando en términos de crecimiento, desarrollo y competencia económica. En este nivel, es preciso cuestionar ¿México está preparado para el TPP?

Desde lo general, la falta de información detallada, e incluso en lenguaje ciudadano, de los 30 capítulos del TPP donde se encuentra contenido cómo se ejecutará la política de apertura o desgravación, en cada uno de los puntos mencionados arriba, limita la rendición de cuentas por parte del gobierno y la comprensión exhaustiva de las implicaciones económicas para la ciudadanía, lo cual representa una extensa área de oportunidad. De la misma forma, el hecho de que previamente México contara con tratados comerciales con siete de los once países integrantes del Acuerdo, precisa de una justificación y presentación de resultados por parte de las autoridades nacionales a la luz de las cifras económicas.

Asimismo, otro de los aspectos que necesitará ser resuelto será el compromiso de que la eliminación o reducción, según el caso, de las barreras arancelarias y no arancelarias en la industria agropecuaria beneficiará a los productores agrícolas, así como el aseguramiento de que, desde la política pública, se fortalecerá al mercado interno con el objetivo de lograr cumplir con las demandas crecientes del comercio derivado del Acuerdo, ello sin evadir el tema de la seguridad alimentaria en el país. Contemplando, también, que la desregulación y desgravación no serán la antesala de la expansión de intereses extranjeros sobre el agro mexicano, mismo que aún presenta graves rezagos en la actualidad.

Finalmente, y no menos importante, se deberá dar seguimiento al trabajo legislativo en el Congreso de la Unión en cuanto a la aprobación del Acuerdo, los términos en que se hago esto y las modificaciones reglamentarias que implicaría en otros niveles y ámbitos. De modo que el cierre de las negociaciones del TPP no debe significar la conclusión del debate en torno al mismo, sino el ápice de análisis por parte de todas las facciones sociales involucradas y el seguimiento detallado de las implicaciones que traería consigo.

*Ana Arroyo es investigadora en @IntPublica.