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Detractores de la transición energética (Parte II)
En cuanto a la transición energética y los parques eólicos, es necesario generar mecanismos de diálogo y lograr acuerdos.
Por Inteligencia Pública
27 de octubre, 2016
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Por: Karina Tamayo (@Kar_Tamayo)

El Istmo de Tehuantepec, ubicado en el estado de Oaxaca, es una de las regiones con mayor potencial eoloenergético en el país, calculado entre 5000 y 7000 megawatts (MW) de capacidad anual, y donde la velocidad anual de los vientos excede los 10 metros sobre segundo (m/s), cuando en promedio en el mundo se aprovechan vientos de 6.5 m/s para la generación de energía.

Actualmente, Oaxaca es la entidad con el mayor número de parques eólicos en el país, con un total de 25 y con más de 1,800 aerogeneradores en operación, que representa el 76.8% de la capacidad instalada de energía eólica en el país (Amdee 2015). Dichos parques han sido desarrollados por diversas empresas transnacionales en los municipios de Juchitán de Zaragoza, El Espinal, San Dionisio del Mar, Asunción Ixtaltepec, Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio, entre otros.

Respecto a la inversión realizada a la fecha en parques eólicos, esta ha provenido principalmente de instituciones financieras internacionales, y supera los 6 mil millones de dólares. Por otro lado, si se consideran las inversiones hechas entre 2015 y 2018, se podrían lograr inversiones cercanas a los 13 mil millones de dólares. Asimismo, para el 2018, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) espera contar con más de 10.811 MW instalados.

No obstante la considerable inversión que esta energía renovable representa para el país; los precios competitivos que esta ofrece de acuerdo a los resultados de la segunda subasta eléctrica; así como las proyecciones internacionales de México como uno de los mercados de crecimiento más importantes del mundo para la energía eólica; la reciente escalada de conflictividad en la región del Istmo pone en peligro la expansión y concreción de futuros proyectos eólicos.

Si bien las problemáticas sociales y ambientales han existido desde hace décadas en la región, el fortalecimiento de la oposición, conformada principalmente por activistas locales que cuentan con el apoyo de la prensa nacional e internacional, y que a su vez interactúan con organizaciones no gubernamentales nacionales; representa un importante detractor para los inversionistas de la industria eléctrica.

La gravedad de esta situación, reside por un lado, en los argumentos que esta oposición ha difundido, los cuales carecen de sustento científico y técnico, y se basan meramente en el catastrofismo y el sensacionalismo. Este discurso se sustenta en una actitud de resistencia, que califica a las empresas como colonizadoras de los territorios indígenas, que en conjunto con el gobierno, han impuesto proyectos autoritarios y violentos. Lo anterior, resulta en cierta medida contradictorio ya que su resistencia ha desembocado en actos violentos hacia las mismas empresas, tales como extorsiones, sobornos y bloqueos a parques eólicos y carreteras.

Asimismo, esta gravedad radica en la visibilidad que la oposición ha ganado incluso en el terreno internacional, provocando que visitadurías tales como la del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, sólo consultara a las organizaciones civiles opositoras, y no a los habitantes de los lugares donde están instalados los proyectos.

Por otro lado, la oposición igualmente reclama la violación a sus derechos humanos y al derecho a la consulta previa e informada, por parte tanto del gobierno como de las empresas; así como el riesgo de pérdida de identidad y costumbres al interior de las comunidades.

Por su parte, las empresas desarrolladoras han respondido de distintas maneras a la problemática social, involucrándose en mayor o menor medida en negociaciones con las comunidades para alcanzar acuerdos; implementando acciones de responsabilidad social con distintos alcances; y concertando contratos de arrendamiento de tierras en condiciones de mayor o menor equidad.

En este sentido, más allá de culpabilizar a las empresas de las condiciones de desigualdad económica y social presentes en la región; es preciso detectar los factores que han contribuido a generar dicha situación de tensión, que bien pueden resumirse en la ausencia de mecanismos de concertación legítimos en diversos ámbitos.

Por un lado, la carencia de políticas públicas de regulación en aspectos como la contratación de tierras y la ausencia de mecanismos formales de concertación territorial, ha generado un marco de negociación y alianzas con los actores locales inestables. Cabe mencionar, que desde 1976, no hay órganos agrarios en las 63,000 hectáreas de propiedad que involucran tierras de los municipios de Juchitán, El Espinal, Unión Hidalgo y Xadani.

Más aún, está pendiente la promulgación de facultades recaudatorias para que los municipios de la región cuenten con recursos adicionales para la instalación de los parques eólicos, más allá de los permisos de construcción y cambio de uso de suelo; así como la normalización del proceso de consulta, la cual es responsabilidad del gobierno, en cumplimiento con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ante el desafío que representa el enfrentamiento entre opositores a los parques eólicos y empresas para el desarrollo de proyectos en el país, es preciso generar mecanismos de diálogo estructurado entre los actores involucrados que permitan abordar y lograr acuerdos en torno a las diferentes concepciones que tienen respecto a los proyectos. Asimismo, es preciso que el gobierno federal asuma la responsabilidad de operativizar los compromisos y normas legales a nivel nacional e internacional en la materia. De lo contrario, el gran potencial energético de esta región y los beneficios económicos y sociales que puede generar, serán más que desperdiciados.

 

* Karina Tamayo es investigadora en @IntPublica.

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