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Venezuela: del imperialismo a la gestión ineficiente
Hoy en Venezuela existe una vulneración grave de la democracia, pues se limita al Congreso, se declara un estado de excepción que permite la represión de la población que se manifiesta en las principales ciudades venezolanas, y se intenta “perfeccionar la Constitución”, que la misma Revolución Bolivariana impulsó, sin ninguna legitimidad.
Por Inteligencia Pública
24 de agosto, 2017
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Por: Jorge Eduardo Miranda Pérez (@EddMiranda2)

Venezuela, la nación andina que fue llamada “la Suiza latinoamericana”, con una economía petrolera boyante y que, presumiblemente, tenía en su territorio al capital humano más preparado de la región, en este 2017 simplemente parece haber desaparecido. Así también parece haber muerto el espíritu democrático que logró consolidar a la República Bolivariana de Venezuela con Hugo Chávez a la cabeza en 1998. No es un secreto que la alternancia en el gobierno significaba el viraje de la orientación política-económica hacia la izquierda. Efectivamente, los escándalos de corrupción y el incumplimiento de los gobiernos de la derecha en ese país llevaron al hartazgo a la sociedad venezolana.

Ese cambio puso a Venezuela bajo la mirada mundial, pues el modelo bolivariano se asumía antiimperialista y se cobijó no sólo de todos los gobiernos progresistas latinoamericanos, sino también de los de países como Rusia, Cuba, China e Irán. Era entonces un claro desafío a Estados Unidos de América, o al menos en el discurso, pues a pesar de las constantes declaraciones el comercio de crudo jamás cesó entre estos dos países americanos.

Para la sociedad venezolana también hubo cambios, desde el nombre al país y la adición de una estrella a la bandera, hasta las nuevas leyes de justicia social más ejemplares del continente, derivadas de la Constitución de 1999. Por supuesto que hubo detractores, muchos se fueron del país y con ellos sus capitales; sin embargo, el respaldo político a la “Revolución Bolivariana” era evidente, cada elección en la que Hugo Chávez se presentó se imponía con la mayoría de los votos.

Por otro lado –y sin olvidar que Venezuela es el país con mayores reservas de “oro negro” en el mundo–, debe mencionarse que los altos dividendos que dejaba al erario venezolano el elevado precio del petróleo permitieron importantes incrementos en el gasto público. En tal sentido, las clases más fieles al Chavismo eran, por supuesto, las más bajas, pues a éstas se priorizaba en la política pública. La propaganda política fue más fuerte que nunca, pero el carisma de semejante personaje soportaba todo plan emprendido por éste; al respecto, cabe destacar que no son menores los logros en materia de educación, salud y disminución de la pobreza.

Lo anterior no busca evaluar los gobiernos de Chávez de 1998 a 2013, sino sólo rescatar y reconocer el apoyo que tenía de las mayorías, además de su estrategia política para atreverse a cuestionar a los poderes mundiales más fuertes sin que esto representara una ruptura o confrontación con estos. El líder venezolano murió el 5 de marzo de 2013, dejando así un lugar irremplazable en el país, en la región, pero sobre todo en la “revolución”.

Por decisión del occiso, al frente del país quedó Nicolás Maduro. Un personaje con poca experiencia en la política pasó pronto de ser conductor de autobús a Ministro de Relaciones Exteriores. Está por demás decir que sus méritos no fueron precisamente de capacidad para los puestos que rápidamente ocupó, sin embargo, se convirtió en el más confiable para Chávez.

En las elecciones del 4 de abril de 2013, la sociedad venezolana decidió apoyar al candidato heredero; es pertinente señalar que la diferencia de votos con su rival, Henrique Capriles, no fue grande (50.61 % contra 49.12 %), por lo que pronto la legitimidad de su gobierno fue puesta en duda. Significaba entonces que un gran número de venezolanos no estaba del todo de acuerdo con la candidatura de Maduro o con que el modelo bolivariano continuara.

A la fecha, son cuatro años desde que Nicolás Maduro está al frente de Venezuela con un panorama bastante distinto: los precios del petróleo han bajado considerablemente, no se invirtió en la modernización de la industria petrolera y nunca se apostó a la diversificación de la economía. No obstante, el gasto público sigue siendo colosal, pasó de 11 mil 845 millones de bolívares en 1998 a 677 mil 390 millones en 2013, a esto se suma que la deuda externa desde tiempos de Chávez ha crecido de manera exponencial.

Lo anterior provocó que Venezuela tenga hoy la inflación más alta del mundo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es del 784 %, cálculo hecho con base en estimaciones, pues desde 2015 el gobierno venezolano no entrega cifras a las organizaciones internacionales y peor aún, su banco central tampoco las reporta al interior del país.

La escasez de alimentos, medicinas y demás productos ya es costumbre en el país, muchas empresas han salido de Venezuela por la incertidumbre en cuanto a certeza jurídica en la propiedad o seguridad pública; además, esto se agrava por el bloqueo económico existente sobre Venezuela, liderado por Estados Unidos y sus empresas.

En materia política, el chavismo también ha sufrido grandes reveses, como cuando en 2015 la oposición venezolana se alzó en las urnas ganando la mayoría legislativa, hecho que no se esperaba. En 2016 se invocó a un referéndum revocatorio para quitar a Maduro del poder, sin embargo, el control corrupto de las instituciones en Venezuela ha retardado y anulado el proceso. La forma de limitar a la mayoría opositora ha sido el bloqueo impulsado por el Tribunal Supremo, mediante el cual se le restan poderes al Congreso, vulnerando así el equilibrio de poderes.

Aunado a esto, se ha convocado a una Asamblea Constituyente para limitar más aún los pesos y contrapesos de un sistema democrático. El procedimiento se ha puesto en duda en gran parte del mundo, ya que el Consejo Nacional Electoral, visiblemente corrompido, expuso un resultado positivo de aprobación sin respaldo demostrable, develando un proceso electoral carente de transparencia. Contrario al plebiscito que orquestó la oposición, y en donde más de siete millones de venezolanos alrededor del mundo apoyaron el “no”, claro está que esa votación no es vinculante.

Por otro lado, la oposición venezolana no tiene ningún prestigio pues en sus administraciones hicieron un saqueo brutal de los recursos y no se redistribuyó el ingreso entre la población, permitiendo así el triunfo de Chávez. Asimismo, impulsaron un golpe de Estado contra éste en 2002, quisieron desconocer la constitución que sí apoyaron los venezolanos y, por último, fueron artífices de represiones brutales en los años 90.

La ahora “Mesa de Unidad Democrática”, que ampara a diversos partidos de la oposición, parece levantar la voz, pero sin propuestas concretas; se han limitado a criticar lo emprendido por Maduro cuando ellos hicieron lo mismo, y peor aún, en este momento parecen homogéneos sólo frente a un enemigo común, habrá que esperar a conocer cuáles son sus intereses. De igual manera, resulta preocupante que se invoque una intervención militar estadounidense, al parecer no conocen la historia de Libia, Irak y Afganistán.

El panorama descrito deja ver que en Venezuela existe una vulneración grave de la democracia, pues se limita al Congreso, se declara un estado de excepción que permite la represión de la población que se manifiesta en las principales ciudades venezolanas, y se intenta “perfeccionar la Constitución”, que la misma Revolución Bolivariana impulsó, sin ninguna legitimidad.

Por su parte, Maduro, quien se dice un defensor de la sociedad venezolana, parece haberlo olvidado pues tiene a los venezolanos sin alimentos, sin medicinas y sin la oportunidad de expresarse y decidir el futuro del país; ya son más de 100 días de protestas y un número considerable de muertos. Maduro ha declarado que “lo que no se consiguió en las elecciones se conseguirá con las armas”. Estas protestas y surgimiento de la violencia son producto del “malestar del Estado”, pues el contrato social rousseauniano está siendo quebrantado, el Estado no cumple con funciones básicas como la seguridad, ser garante de los derechos humanos, la libertad de expresión o garantizar el acceso a la salud, entre otras.

La corrupción es evidente en las filas del chavismo y sus instituciones, desde el gobierno de Hugo Chávez poco se hizo por castigar a aquellos funcionarios públicos que se aprovecharon de la revolución para enriquecerse, se permitió todo tipo de irregularidades en aras de mantener la lealtad al movimiento y aquellos que las denunciaban eran acusados de traidores a la patria. Al día de hoy, esta dinámica no ha cambiado, incluso se ha complejizado, pues se ha llegado a vincular al gobierno con el narcotráfico y, específicamente, con la familia de la primera dama.

Ante tal escenario, la respuesta del gobierno venezolano siempre es la misma: conspiración y acoso internacional orquestado por el imperialismo yankee. Aunque, en efecto, el bloqueo económico y el plan de desprestigio internacional existen, no se puede culpar de todo al exterior, las instituciones venezolanas han tenido un desempeño mediocre hacia el interior y el exterior, que ha atendido a intereses particulares, dejando en última instancia los que atañen al bienestar de la población.

Como uno de los resultados, el discurso y apoyo de la izquierda cada vez tiene menos credibilidad y pierde fuerza, grandes figuras de esta corriente han preferido mantenerse al margen o pronunciarse contra el régimen de Maduro, este es el caso de Noam Choamsky, quien no reparó en decir que Venezuela es un desastre gracias a su economía basada en el petróleo, y a la corrupción y robo al interior del gobierno. Por otro lado, el político chileno de izquierda, Carlos Ominami, ha expresado en sus conferencias sobre gobiernos progresistas latinoamericanos que “la Venezuela de Maduro es la peor cara del progresismo latinoamericano”.

La solución al problema venezolano no se antoja sencilla, pues no basta con la caída de Maduro para reconstruir al país; la sociedad está cansada y hambrienta. Maduro debe entender que los ciudadanos no demandan una nueva constitución sino el respeto a la vigente, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. No debería existir mayor problema en poner en marcha elecciones transparentes para decidir el futuro de Venezuela, si el presidente asegura contar con el respaldo popular. Sería un acto de honestidad y valor político enfrentarse a la oposición en las urnas y si a los bolivarianos les toca perder, no habrá más que aceptarlo. Si en Venezuela no se pueden cumplir las promesas de la Revolución Bolivariana, será momento de dar paso a una nueva administración que mediante una gestión eficiente pueda garantizar, en su amplio sentido, el bienestar de la población.

 

* Jorge Eduardo Miranda Pérez es investigador asociado en @IntPublica.

 

 

 

Información de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela.

El crecimiento del gasto público ha sido monitoreado por el Centro de Investigación Social (CISOR) venezolano, en su página de internet aquí puede observarse la estadística anual del crecimiento exponencial de los gastos gubernamentales.

Información publicada por el diario colombiano El Espectador el día 18 de abril de 2017, disponible aquí.

En la página oficial del CNE se reportan algunas cifras de las elecciones, sin embargo, no existen evidencias de que el sufragio haya representado lo que la institución presume, por lo que esto ha sido cuestionado desde diversas voces democráticas alrededor del mundo y más todavía, si se contempla la violencia generalizada en las grandes ciudades venezolanas durante la jornada electoral. Resulta más aberrante aún que la empresa encargada de la gestión de las elecciones en Venezuela desde 2004, Smartmatic, denunciara que los resultados de la elección de la Constituyente, habían sido inflados por lo menos por un millón de votos.

Declaraciones que el intelectual hizo al noticiero estadounidense Democracy Now. Disponible aquí.

Durante el ciclo de conferencias universitarias que impartió en la Ciudad de México el Dr. Carlos Ominami, del 21 al 23 de marzo del año 2017, durante la ponencia titulada Balance de los gobiernos progresistas latinoamericanos se mostró crítico al gobierno de Nicolás Maduro, en el que reconoció que esa administración estaba fuera todo “progresismo”.

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