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Inter(sex)iones
Por DSyR CIDE
Este es el blog del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Es un espacio para refle... Este es el blog del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Es un espacio para reflexionar sobre los diferentes puntos de conexión que existen entre el derecho, el género, la sexualidad y la reproducción. (Leer más)
A 100 años del divorcio en México
En el texto de esta semana se comparte la transcripción de los considerandos de la Ley del Divorcio promulgada el 29 de diciembre de 1914 por Venustiano Carranza, para que línea por línea se pueda valorar la determinación que se tomó hace cien años y que colocó al país en la vanguardia de la legislación civil.
Por DSyR CIDE
6 de enero, 2015
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Por: Leticia Bonifaz

En medio de las fiestas decembrinas, pasó desapercibido el centenario de la Ley del Divorcio promulgada el 29 de diciembre de 1914 por Venustiano Carranza, en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista de acuerdo a lo pactado en el Plan de Guadalupe.

Aunque se le llama ley, se trató de una reforma a la fracción IX del artículo 23 de la Ley de 14 de diciembre de 1874, reglamentaria de las Adiciones y Reformas de la Constitución Federal decretadas el 25 de diciembre de 1873, con lo que se cerró el ciclo de las Leyes de Reforma al adicionar a la Constitución de 1857 las citadas leyes, elevándolas a rango constitucional. De esta manera, quedó plasmada en la Constitución la secularización del matrimonio y demás actos y registros del estado civil de las personas.

En la época de Juárez se había permitido la separación de cuerpos pero no la disolución del vínculo matrimonial. De ahí el importante paso que se dio con Venustiano Carranza. El texto reformado quedó en los siguientes términos:

“Fracción IX. El matrimonio podrá disolverse en cuanto al vínculo, ya sea por el mutuo y libre consentimiento de los cónyuges cuando el matrimonio tenga más de tres años de celebrado, o en cualquier tiempo por causas que hagan imposible o indebida la realización de los fines del matrimonio, o por faltas graves de alguno de los cónyuges, que hagan irreparable la desavenencia conyugal. Disuelto el matrimonio, los cónyuges pueden contraer una nueva unión legítima”.

Dentro de los fines del matrimonio estaba la procreación y la educación de los hijos y la mutua ayuda de los contrayentes “para soportar las cargas de la vida”.

Con este texto, México se puso a la vanguardia aún comparado con varios países europeos. En uno de los considerandos de la exposición de motivos se dice:

“Que la experiencia de países tan cultos como Inglaterra, Francia y Estados Unidos de Norteamérica, ha demostrado ya, hasta la evidencia, que el divorcio que disuelve el vínculo, es un poderoso factor de moralidad, porque facilitando la formación de nuevas uniones legítimas, evita la multiplicidad de los concubinatos, y, por lo tanto, el pernicioso influjo que necesariamente ejercen en las costumbres públicas: da mayor estabilidad a los efectos y relaciones conyugales, asegura la felicidad de mayor número de familias y no tiene el inconveniente grave de obligar a los que, por error o ligereza, fueron al matrimonio, a pagar su falta de esclavitud de toda su vida[.]”

Se decía que el matrimonio

“se contrae siempre en concepto de unión definitiva, pues los cónyuges al unirse entienden conseguir por ese medio la realización de sus más altos ideales; pero, desgraciadamente no siempre se alcanzan los fines para los cuales fue contraído el matrimonio, y, por excepcionales que puedan ser estos casos, la ley debe justamente atender a remediarlos, relevando a los cónyuges de la obligación de permanecer unidos durante toda su existencia, en un estado irregular contrario a la naturaleza y a las necesidades humanas”.

A juicio del legislador, ¿cúáles eran los perniciosos efectos de la legislación que sólo permitía la separación de cuerpos? El considerando señalaba:

“Que lo que hasta ahora se ha llamado divorcio en nuestra legislación, o sea la simple separación de los consortes sin disolver el vínculo, única forma que permitió la ley de 14 de diciembre de 1874, lejos de satisfacer la necesidad social de reducir a su mínima expresión las consecuencias de las uniones desgraciadas, solo crea una situación irregular, peor que la que trata de remediarse, porque fomenta la discordia entre las familias, lastimando hondamente los afectos entre padres e hijos y extendiendo la desmoralización en la sociedad[.]”

Y agregaba:

“Que esa simple separación de los consortes crea, además, una situación anómala de duración indefinida, que es contraria a la naturaleza y al derecho que tiene todo ser humano de procurar su bienestar y la satisfacción de sus necesidades. Por cuanto condena a los cónyuges separados a perpetua inhabilidad para los más altos fines de la vida[.]”

Al no disolverse el vínculo matrimonial, los cónyuges no podían contraer nuevo matrimonio; ello a pesar de que podían tener otra u otras familias, lo que desaventajaba los hijos –que, en aquella época, el propio derecho permitía su estigmatización llamándolos adulterinos (para la iglesia además eran sacrílegos)–. Los hijos quedaban diferenciados entre legítimos e ilegítimos. Esto, que a nuestro juicio es lo más relevante, va mezclado con las ideas de “moralidad” de la época, buscando una salida para las “uniones desgraciadas”.

En los considerandos se recalca el tema de la experiencia internacional en los siguientes términos:

“Que la experiencia y el ejemplo de las naciones civilizadas enseñan que el divorcio que disuelve el vínculo es el único medio racional de subsanar, hasta donde es posible los errores de uniones que no pueden o no deben subsistir”.

Después de la claridad con la que las Leyes de Reforma y después la reforma constitucional definieron al matrimonio como un contrato civil, autorizar el divorcio se veía como una consecuencia lógica, dándole gran importancia a la voluntad de las partes. Si por voluntad de las partes se constituyó el matrimonio, por voluntad de las mismas se podía disolver, a diferencia de la premisa religiosa de que lo que Dios une, no lo separa el hombre. Así, se señaló:

“Que admitiendo el principio establecido por nuestras leyes de reforma, de que el matrimonio es un contrato civil, formado principalmente por la espontánea y libre voluntad de los contrayentes, es absurdo que deba subsistir cuando esa voluntad falta por completo, o cuando existan causas que hagan definitivamente irreparable la desunión consumada ya por las circunstancias[.]”

Para que la desavenencia no fuera transitoria, se previó el plazo de tres años, mismo que en aquél tiempo el legislador consideró idóneo:

“Que tratándose de uniones que por irreductible incompatibilidad de caracteres, tuvieran que deshacerse por la voluntad de las partes, se hace solamente necesario cerciorarse de la definitiva voluntad de esos cónyuges para divorciarse, y de la imposibilidad absoluta de remediar sus desavenencias o de resolver sus crisis, lo cual puede comprobarse por el transcurso de un periodo racional de tiempo, desde la celebración del matrimonio hasta que se permita su disolución, para convencerse así de que la desunión moral de los cónyuges es irreparable”.

Particularmente nos resulta curioso el siguiente considerando que sí muestra la relevancia que hace 100 años tenían las llamadas “reglas de trato social” o la idea de la “moralidad social”; así, se dice:

“Que el divorcio por consentimiento mutuo es un medio discreto de cubrir las culpas graves de alguno de los cónyuges por medio de la voluntad de ambos para divorciarse sin necesidad de dejar sobre las respectivas familias, o sobre los hijos la mancha de una deshonra[.]”

Otra cuestión que resulta destacable es que se hace referencia a cómo el matrimonio no era una práctica común en “las clases bajas”, que se unían sin las formalidades jurídicas. Esto fue reconocido posteriormente en la Ley de Relaciones Familiares de 1917 y dio ultimadamente lugar a la regulación del concubinato con efectos jurídicos similares al matrimonio.

El considerando señalaba:

“Que además, es bien conocida la circunstancia de que el matrimonio entre las clases desheredadas de este país es excepcional, realizándose la mayor parte de las uniones de ambos sexos por amasiato, que casi nunca llegan a legalizarse, ya sea por la pobreza de los interesados o por temor instintivo de contraer un lazo de consecuencias irreparables, y en estas condiciones es evidente que la institución del divorcio que disuelve el vínculo es el medio más directo y poderoso para reducir a su mínimum el número de uniones ilegítimas entre las clases populares, que forman la inmensa mayoría de la nación mexicana, disminuyendo, como consecuencia forzosa el número de hijos cuya condición está actualmente fuera de la ley[.]”

De nuevo hay una referencia de las consecuencias de la ausencia del matrimonio en los hijos por el estigma al que nos hemos referido.

Hay, además, otra visión de clase y curiosamente la inclusión de un considerando donde es evidente el uso de la perspectiva de género, que me parece un aspecto por demás relevante para la época porque sí diferencia las condiciones particulares de las mujeres de entonces. Así, se señala:

“Que es un hecho fuera de toda duda que en las clases medias de México la mujer, debido a las condiciones especiales de educación y costumbres de dichas clases, esta incapacitada para la lucha económica por la vida, de donde resulta que la mujer cuyo matrimonio llega a ser un fracaso se convierte en una víctima del marido, y se encuentra en una condición de esclavitud de la cual le es imposible salir si la ley no la emancipa desvinculándola del marido[.]”

Y agrega:

“Que, en efecto, en la clase media la separación es casi siempre provocada por culpa del marido, y es de ordinario la mujer quien la necesita, sin que con esto haya llegado a conseguir hasta hoy otra cosa que apartar temporalmente a la mujer del marido, pero sin remediar en nada sus condiciones económicas y sociales, por lo que sin duda el establecimiento del divorcio tendería, principalmente en nuestra clase media, a levantar a la mujer y a darle posibilidades de emanciparse de la condición de esclavitud que en la actualidad tiene[.]”

Esta visión me parece de avanzada sobre todo si se considera la incipiente gestación de la lucha de las feministas de entonces y también de la sociología como disciplina naciente que podía dar elementos para el diagnóstico que se realizó.

También hay una referencia a las clases altas; respecto de ellas, se dice:

“Que la institución del divorcio no encontraría obstáculo serio en las clases elevadas y cultas, supuesto que las enseñanzas de otros países en donde se encuentra establecido, las tienen acostumbradas a mirar el divorcio que disuelve el vínculo como perfectamente natural[.]”

Finalmente, se encuentra una justificación para que el divorcio no fuera la regla, sino la excepción:

“Que si bien la aceptación del divorcio que disuelve el vínculo es el medio directo de corregir una verdadera necesidad social, debe tenerse en cuenta que solo se trata de un caso de excepción, y no de un estado que sea la condición general de los hombres en la sociedad; por lo cual es preciso reducirlo solo a los casos en que la mala condición de los consortes es ya irreparable en otra forma que no sea su absoluta separación”.

Hemos querido realizar la transcripción de los considerandos para que línea por línea se pueda valorar la determinación que se tomó hace cien años y que colocó al país en la vanguardia de la legislación civil.

La denominada ley del divorcio implicó también la necesidad de un segundo artículo para que la figura se regulara de la misma manera en toda la República, dado el carácter local de los códigos civiles. Así, se estableció que “entretanto se restablece el orden constitucional en la República, los Gobernadores de los Estados quedan autorizados para hacer en los respectivos Códigos Civiles, las modificaciones necesarias a fin de que esta ley pueda tener aplicación”.

La historia de la regulación del divorcio en México continuó con algunas disposiciones de la Ley de Relaciones Familiares de abril de 1917, después con el Código Civil de 1928, pero el cambio más relevante en el Distrito Federal y en otros Estados de la República ha sido el establecimiento del divorcio incausado o sin causales que ha permitido evitar el larguísimo desgaste del juicio en perjuicio sobre todo de los hijos si los hubiere.

 

* Leticia Bonifaz es Profesora investigadora del CIDE

 

 

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