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Inter(sex)iones
Por DSyR CIDE
Este es el blog del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Es un espacio para refle... Este es el blog del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Es un espacio para reflexionar sobre los diferentes puntos de conexión que existen entre el derecho, el género, la sexualidad y la reproducción. (Leer más)
Apuntes sobre un supuesto robo en Walmart (2da parte)
El pasado 9 de diciembre, un juez de distrito en materia penal resolvió amparar y proteger a Ana, acusada de robar en un Walmart productos por un monto total de 69 pesos. De manera contraria a la costumbre de muchos juzgadores en nuestro país, en una sentencia concisa, clara y bien escrita, el juez le enmendó la plana al ministerio público que actuó en el caso.
Por DSyR CIDE
17 de diciembre, 2014
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Por: Natalia Calero (@nataliacaleros)

Hace cinco meses, en este mismo espacio, escribí sobre el caso de una mujer que supuestamente había robado en Walmart una mermelada, una nutella y un envase de café con leche, por un monto total de $69 pesos. La caución que fijó el ministerio público para que ella pudiera seguir su proceso en libertad fue de $9,080. La defensa de esta mujer, a quien llamé Ana para proteger su identidad, la asumió la clínica de Derecho del CIDE. Hace 7 días, el juez de distrito le otorgó el amparo.

En el artículo anterior, sostuve de manera eufemística que el acceso a la justicia penal aún tenía grandes retos por enfrentar en nuestro país. En específico, señalé que eran preocupantes 3 puntos: la fianza o caución fijada por el ministerio público había sido desproporcionada; el sistema de justicia se resiste a las medidas no privativas de la libertad como alternativas a la cárcel en caso de la comisión de un delito, y que el ministerio público no había tomado en consideración el contexto familiar, social y de género de la supuesta delincuente.

El 09 de diciembre pasado, un juez de distrito en materia penal resolvió amparar y proteger a Ana. De manera contraria a la costumbre de muchos juzgadores en nuestro país, en una sentencia concisa, clara y bien escrita, el juez le enmendó la plana al ministerio público que actuó en el caso.

La resolución parte de que aun cuando el ministerio público calificó la conducta de Ana como una conducta sancionable (la de robar), en favor de ella operaba una causa de exclusión del delito; es decir, una excepción por la cual la acción no es susceptible de tipificarse como robo. Dicha excepción es el “estado de necesidad”.

El juez, a diferencia del ministerio público que consignó a Ana, partió del hecho de que ella es empleada doméstica, madre de 5 hijos menores de edad y es el único sostén económico de su familia, ya que el padre de éstos no habita con ellos, ni les proporciona recurso alguno para su manutención. Por lo tanto, argumenta el juez, Ana sustrajo los productos de Walmart -tal como ella misma lo señaló- para darles de desayunar al día siguiente. Lo hizo por proteger a sus hijos, por necesidad y sin dolo alguno. Más aún, el juez argumenta que, en atención al interés superior del menor, la madre actuó en consecuencia para evitar la afectación al desarrollo integral de sus hijos.

El juez de amparo no sólo partió del principio del interés superior del menor, sino de la vulnerabilidad de Ana por ser mujer, única encargada de la manutención de sus hijos.

Respecto de la caución fijada por el ministerio público para que Ana siguiera su proceso en libertad, la sentencia señala que no sólo es cuestionable su proporcionalidad -puesto que fue 131 veces mayor al monto robado-, sino que debió haber eximido a la inculpada de pagarla, en términos de la normatividad aplicable.

Así, el juez, cinco meses después de haber sido consignada, le otorgó la protección del Estado a Ana. A una empleada doméstica, madre soltera de 5 hijos menores de edad, cuya defensa fue asumida por una clínica de interés público. Walmart probablemente impugnará la resolución, pero más allá de eso ¿cuántas Anas son las que llenan nuestras cárceles?, ¿son las Anas los “casos fáciles” para los ministerios públicos?, ¿quiénes van a defender a todas estas mujeres y hombres vulnerables ante la maquinaria del estado?

El presente caso tiene un “final feliz” gracias a un juez que conoce el alcance del artículo 1 constitucional y que tiene la capacidad para suplir adecuadamente la queja. Pero ello no implica que la situación de vulnerabilidad de la protagonista es inadmisible y ahí sigue. Sigue el ministerio público que consigna a quienes tienen mayores dificultades para acceder a una justicia eficaz, el que impone cauciones desproporcionadas, el que no toma en consideración el contexto del presunto delincuente. Siguen los obstáculos para tener un debido proceso y son insuficientes las clínicas de derecho que defienden a quienes no tienen los recursos para hacerlo. Este artículo reconoce y da las gracias tanto a la clínica que defendió a Ana como al juez que le otorgó el amparo. Ambos son elementos de esperanza en estos tiempos tan aciagos.

 

@DSyR

 

 

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