close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Inter(sex)iones
Por DSyR CIDE
Este es el blog del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Es un espacio para refle... Este es el blog del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Es un espacio para reflexionar sobre los diferentes puntos de conexión que existen entre el derecho, el género, la sexualidad y la reproducción. (Leer más)
Criminalizar al cliente: el régimen legal de la prostitución en Francia
Criminalizar la demanda de servicios sexuales es muy cuestionable —como también lo es criminalizar la oferta. La criminalización como medio para erradicar la prostitución y, así, “la explotación sexual”, tiene un costo inaceptable sobre los derechos fundamentales de quienes ejercen voluntaria o coactivamente la prostitución.
Por DSyR CIDE
14 de abril, 2015
Comparte

El delito de racolage publique es uno de los emblemas más representativos del régimen legal de la prostitución en Francia. El delito puede sancionar dos cosas: ofrecer abiertamente relaciones sexuales a cambio de una prestación económica (racolage actif) y/o buscar a una persona para invitarla a tener relaciones sexuales (ragolage passif).

El racolage surgió como falta administrativa en 1939. Desde entonces y hasta 2003, las personas que ofrecían servicios sexuales siempre enfrentaron sanciones más altas que quienes buscaban servicios sexuales (de hecho, durante algunos periodos, los clientes de servicios sexuales no enfrentaron sanciones en absoluto). En 2003, el entonces presidente Nicolás Sarcozy elevó la falta a rango de delito y fusionó el racolage actif y pasif de forma que tanto prestadores como clientes enfrentaran la misma sanción. Sin embargo, en 2012, el Senado francés propuso la derogación del racolage publique, por ser ineficaz e innecesario para luchar contra el proxenetismo y fomentar el estigma de los trabajadores sexuales. La Asamblea Nacional estuvo de acuerdo y, así, quedó derogado el racolage en marzo de 2013.

No obstante, apenas siete meses después, la Asamblea presentó una iniciativa de ley para restaurar exclusivamente el racolage pasif, reinsertar a quienes prestan servicios sexuales en un sector laboral alternativo, e implementar algunas medidas de protección y asistencia para las víctimas de explotación sexual. El pasado 30 de marzo, el Senado dio marcha atrás a la iniciativa tal como la envió la Asamblea e introdujo algunas modificaciones. El Senado se negó a sancionar sólo a los clientes de servicios sexuales y prefirió revivir el delito de racolage en los términos que tenía en 2003. Con ello, los trabajadores sexuales podrían ser detenidos y obligados a pagar una multa de 3,500 euros por ofrecer relaciones sexuales.

El texto modificado por el Senado todavía debe someterse a una segunda lectura en la Asamblea. En caso de desacuerdo entre las dos cámaras, los miembros de la Asamblea tendrán la última palabra. El resultado previsible es que, en Francia, los clientes que busquen servicios sexuales estarán cometiendo un delito.

Ni la propuesta del Senado ni la propuesta de la Asamblea se perfilan como las alternativas menos lesivas a los derechos de los trabajadores sexuales, a las víctimas de trata y a otros grupos desaventajados como los migrantes. Por razones de espacio, no voy a abordar las consecuencias negativas de la criminalización de los trabajadores sexuales. En su lugar, quiero señalar que, aunque en sintonía con el abolicionismo que domina el régimen legal internacional sobre prostitución, la criminalización de los clientes no necesariamente conlleva beneficios para los trabajadores sexuales, para las víctimas de trata u para otras minorías como son los migrantes —una mayoría entre quienes ejercen la prostitución en Europa.

Sobre el delito de racolage, el Senado arguyó que este delito era ineficaz, estigmatizador e innecesario en 2013. Más aún, la experiencia más próxima en relación con la criminalización de los clientes apunta a que este sistema afecta seriamente a las personas que pretende proteger: quienes ejercen la prostitución. En Suecia, luego de la penalización de la demanda de servicios sexuales, los trabajadores sexuales tuvieron más dificultad para encontrar clientes, debieron ofrecer sus servicios a precios menores y tenían más presión para tener sexo sin protección. Además, todos aquellos que ejercían la prostitución quedaron expuestos a la marginación y la violencia policial luego de ser empujados a la clandestinidad. También, el régimen empeoró la situación de los migrantes, luego de que el gobierno reforzara el control fronterizo y promoviera la actividad policial en las aduanas.

La criminalización de la demanda de servicios sexuales es muy cuestionable —como también lo es la criminalización de la oferta. Puede ser que, como dicen los grupos abolicionistas, la prostitución sea el medio de opresión por excelencia y bajo cualquier circunstancia dañe la dignidad de quienes la ejercen. No obstante, la criminalización como medio para erradicar la prostitución y, así, “la explotación sexual” tiene un costo inaceptable sobre los derechos fundamentales de quienes ejercen voluntaria o coactivamente la prostitución (esto fue documentado por el Senado francés en 2012). Aunque en teoría el enfoque penalizador del cliente (abolicionista) se erige sobre el paradigma de los derechos, en la práctica ignora el principio de proporcionalidad y refuerza la idea de que el fin (la liberación de las personas que “son explotadas en la prostitución”) justifica los medios. En este sentido, la decisión de las cámaras francesas de restablecer el racolage, pasif o actif, es un retroceso desde la perspectiva de los derechos.

 

* Claudia Torres es Asistente de Investigación del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. La autora agradece a Jimena Suárez, miembro del ADSyR, por ponerle enfrente la noticia.

 

 

G. Poyatos i Matas, La prostitución como trabajo autónomo (Barcelona: Bosch, 2009).

En este contexto, proxenetismo abarca tanto al lenocinio (la obtención de un beneficio económico a partir de la prostitución ajena, aun si ésta se ejerce voluntariamente) como a la trata de personas (la obtención de un beneficio de la prostitución forzada de alguien más).

Ver Alice Miller; R. Mestre i Mestre, “Trabajo sexual e igualdad”, en I. Holgado Fernández, Prostituciones: Diálogos sobre sexo de pago (Barcelona: Icaria Antrazyt, 2008), 76, y R. Barba Álvarez, Delitos relativos a la prostitución (México: Ángel editor, 2003), 65.

En relación con estos argumentos, léase a Alice Miller, Janet Halley y el “Written Statement” de la Global Alliance Against Traffic in Women.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte

¡Muchas gracias!


Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.