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Inter(sex)iones
Por DSyR CIDE
Este es el blog del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Es un espacio para refle... Este es el blog del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Es un espacio para reflexionar sobre los diferentes puntos de conexión que existen entre el derecho, el género, la sexualidad y la reproducción. (Leer más)
La identidad de fábula
La Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes -que aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputados- dice que no se necesitará un documento para acreditar la identidad de estos. Esto es una excusa para que la autoridad no ejerza sus facultades. Expedir una cédula de identidad a esos menores es una de las mejores herramientas para evitar la trata, para poder identificarlos en caso de robo años después, para evitar que cualquiera secuestre a un menor y se lo lleve por todo el territorio porque no hay forma de acreditar fehacientemente quién es.
Por DSyR CIDE
15 de octubre, 2014
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Por: Natalia Calero Sánchez (@nataliacaleros)

Silvia debe ir a ver a su mamá enferma a Puebla. Decide llevarse a su nieta de cuatro años al viaje que emprenden de la TAPO hasta la terminal de autobuses poblana. Cuando suben al camión, la persona que verifica los boletos de los pasajeros le pregunta a Silvia si la niña es suya. Ella afirma que es su hija y ambas abordan el transporte sin tener que responder a ningún otro cuestionamiento. Silvia respira aliviada pues había olvidado el acta de nacimiento de su nieta, quien, por cierto, lleva sus mismos apellidos y podría haber hecho pasar, aun mostrando el acta, como su hija. Afortunadamente, en este caso, Silvia era la abuela de la menor y, además, no tenía intenciones de secuestrarla. Pero lo podía haber hecho y nadie habría podido identificar a la niña; nadie tendría elemento alguno para saber quién es ella realmente.

El pasado 11 de octubre se celebró el día internacional de la niña. El objetivo de esta conmemoración es hacer conciencia de la desigualdad que existe entre niños y niñas, así como de la discriminación que sufren estas últimas en los diversos ámbitos de su vida, e impulsar políticas que garanticen los derechos humanos de las menores para disminuir la brecha que existe entre hombres y mujeres en edades tempranas. Doce días antes, el 29 de septiembre, el Senado aprobó un proyecto de decreto por el que se expide la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes (cuyo origen es la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal, presentada al inicio de sesiones). El proyecto indica que tiene por objetivo, entre otros, garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Así, enlista y regula ampliamente una serie de derechos, impone obligaciones a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o custodia de los menores, distribuye competencias entre los distintos órdenes de gobierno, crea un Sistema Nacional de Protección y establece infracciones y sanciones. Si bien algunos Senadores han elogiado las bondades de este ordenamiento jurídico -que aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputados- puesto que significaría un avance en cuanto al reconocimiento de la vulnerabilidad de los menores y a la toma de acciones gubernamentales para hacerle frente a ello, es discutible si dicho proyecto de ley garantizalos derechos realmente. En particular, el poco reconocido derecho a la identidad.

El derecho a la identidad, textualmente, se previó apenas en el artículo 4 de la Constitución, en una de las muchas reformas que ha tenido ésta en los últimos dos años. Al respecto, se estableció que “toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”. (sic) Antes de esta reforma, el derecho a la identidad tenía su fundamento en la Convención americana sobre derechos humanos y en la Convención sobre los derechos del niño, donde está directamente asociado al nombre, la nacionalidad y las relaciones familiares.

Debe entenderse que el derecho a la identidad tiene una naturaleza doble: no sólo es un derecho humano en sí mismo, sino que es un derecho llave, pues a través de su ejercicio se permite, a su vez, ejercer otros tales como el de la salud, la educación, etc. Es decir, a través del reconocimiento de la existencia jurídica de la persona, el Estado otorga recursos para que ésta pueda ejercer en plenitud sus derechos (acceder a los sistemas de justicia, educación, salud, vivienda, entre otros).

El proyecto de Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes regula en su artículo 19 el derecho a la identidad. En su último párrafo señala que “La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos”. Por un lado, parecería que la mención es irrelevante puesto que, en principio, el ejercicio de un derecho humano no podría estar supeditado a la existencia de un documento. No obstante, la práctica nos dice lo contrario. Si yo quisiera ejercer mi derecho político al voto sin tener una credencial para votar vigente, ¿podría ejercerlo el día de la votación? La respuesta es negativa. Mi pregunta es ¿cómo se puede acreditar la identidad de alguien sin un documento? ¿Con el simple dicho de la persona? Y si esa persona tiene dos años y medio y aún no tiene un lenguaje verbal fluido, ¿acreditaremos su identidad con el dicho de la persona que dice ser su mamá o papá?

El nombre de una persona, su nacionalidad y ciertas relaciones (familiares y culturales), es lo que la ley define como identidad. Estos elementos deben, naturalmente, estar ligados a una serie de características físicas que posee la persona, para hacerla identificable. Estos rasgos pueden ser, típicamente, la fisonomía, las huellas dactilares, el iris, el ADN, entre otros. Cuando tenemos certeza de que ciertos datos pertenecen a alguien, es que podemos decir, sin lugar a dudas, quién es quién. Esos datos, necesariamente, deben estar contenidos en bases de datos para que podamos identificarnos y ejercer nuestros derechos (y obligaciones). Es por ello que dependencias tales como el IMSS, ISSSTE, SAT y SEP registran nuestros datos y, con ellos, se realizan los trámites correspondientes.

El que la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes prevea que no se necesitará un documento para acreditar la identidad de estos, es una excusa para que la autoridad no ejerza sus facultades. En México, esa obligación le corresponde a la Secretaría de Gobernación, a través del Registro de Menores que integra, a su vez, el Registro Nacional de Población. Expedir una cédula de identidad a esos menores es una de las mejores herramientas para evitar la trata, para poder identificarlos en caso de robo años después, para evitar que cualquiera secuestre a un menor y se lo lleve por todo el territorio porque no hay forma de acreditar fehacientemente quién es. Es también una forma de ir generando una base de datos certera, en la que no haya duplicidades, para que, algún día, nos dejen de pedir cada vez que asistamos a una dependencia o entidad gubernamental, nuestros datos.

La identidad de los menores ha sido una de las luchas que con más ímpetu ha impulsado UNICEF en nuestro país. El acta de nacimiento es un primer paso, pero debido a sus características y limitantes, no es la forma idónea de identificar a una persona. Si queremos proteger a las niñas, niños y adolescentes y garantizar realmente sus derechos, al menos el de la identidad, no podemos darle un pretexto al Estado para que no construya bases de datos seguras en las que tenga información suficiente para poder ofrecer los servicios necesarios. Debemos garantizar el ejercicio pleno de la identidad para que “la pantomima de la protección de los derechos” no sea la oración que mejor refleje la actuación de las instituciones del gobierno.

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