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Inter(sex)iones
Por DSyR CIDE
Este es el blog del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Es un espacio para refle... Este es el blog del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Es un espacio para reflexionar sobre los diferentes puntos de conexión que existen entre el derecho, el género, la sexualidad y la reproducción. (Leer más)
La violencia invisible
Violentada por años por su hermano, la víctima se armó de valor con asesoría del DIF municipal para levantar la denuncia por violación, lesiones y violencia familiar. Sin embargo, el ministerio público desprendió otro delito de la narración de los hechos e inició la averiguación previa por incesto, delito que en Baja California se castiga con pena de dos a seis años de prisión. El juez de primera instancia la condenó, sin considerar todo el entorno de violencia.
Por DSyR CIDE
10 de junio, 2014
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Por: Leticia Bonifaz

Gracias a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), que está haciendo evaluaciones de sentencias con perspectiva de género, conocimos un caso por demás interesante e indignante. Los hechos sucedieron en Baja California. Un migrante regresó a la casa materna después de varios lustros de estar fuera. Su hermana menor cuando él se fue tenía tres años. El regreso del migrante sólo fue alegría para la madre en los primeros momentos, porque apenas llegó se inició una cadena de abusos, maltratos, vejaciones y amenazas para su hermana que entonces tenía 19 años.

La forzó a tener relaciones sexuales y procrearon una niña. La niña se convirtió después en nuevo de objeto de chantajes y amenazas: que la iba a desaparecer, que la iba a enviar a un internado, que no la volvería a ver. La víctima no se atrevía a confesar, ni siquiera a su mamá que la niña era hija de su hermano. A la mamá le parecía extraño el exceso de celos y la preocupación enfermiza de su hijo con relación a su hija: No la dejaba ir a la escuela, no le permitía trabajar, no dejaba que tuviera amigos ni diversión alguna.

La víctima intentó romper en varias ocasiones el círculo del maltrato sin lograrlo. Huyó a Chihuahua y fue de nuevo alcanzada y sometida al maltrato. Se armó de valor con asesoría del DIF municipal para levantar la denuncia por violación, lesiones y violencia familiar. Sin embargo, el ministerio público desprendió otro delito de la narración de los hechos e inició la averiguación previa por incesto, delito que en Baja California se castiga con pena de dos a seis años de prisión. El juez de primera instancia la condenó, sin considerar todo el entorno de violencia apoyándose solamente en la prueba pericial de una psicóloga que no obstante describir la conducta retraída de la víctima, en su dictamen concluyó que no sufría de ninguna afectación psíquica.

La sentencia condenatoria llevó a la víctima a promover un amparo y es allí donde otro Juez concede el amparo y ordena corregir al de primera instancia su cadena de errores y omisiones que desembocaron en la injusticia. Se funda en la Convención Belem do Pará y expresamente habla de la invisibilización de la violencia contra la mujer y cómo había quedado anulada la voluntad de la víctima en la supuesta comisión del ilícito.

El delito de incesto está tipificado en el Código Penal del Estado en un capítulo que se denomina “Delitos contra el orden de la familia”, junto con el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, sustracción de menores o incapaces, tráfico de menores, delitos contra la filiación y el estado civil, la bigamia y la violencia familiar.

El fiscal y el juez de Baja California no hicieron nada por investigar la violencia y el maltrato que sufría la mujer, no les preocupó su integridad física, no le dieron ninguna importancia a la violencia que incluso llevaba marcada en el cuerpo y prefirieron proteger el “orden en la familia”, además, usaron la declaración de la mujer para incriminarla.

El penalista González de la Vega dice que “A pesar de las contradictorias posiciones de autores de todo el mundo, ya que hay quienes defienden la inclusión del delito de incesto en los ordenamientos penales y otros que alegan por su derogación, la ley mexicana se ha preocupado por mantener la figura en el catálogo de delitos. La razón de ser de esta figura radica en la protección del principio exogámico de la familia y, por supuesto, en la prevención de la descendencia degenerativa atendiendo al interés colectivo eugenésico”.

En el mismo orden de ideas debía ser entonces obligatorio el aborto eugenésico, sin embargo esa sería una medida propia de un Estado Totalitario, donde prevalece el todo sobre el individuo. Una situación diferente es la permisión del aborto eugenésico cuando media el derecho a decidir porque sus razones son distintas.

Pareciera que en el caso planteado no hay debate respecto de si tenía razón en su argumentación y resolución el juez de primera instancia o el de alzada; pareciera obvio que la razón la tiene el segundo. El debate más bien debe centrarse respecto de si el incesto debe ser considerado delito y cuál es el bien jurídicamente tutelado.

 

 

* Leticia Bonifaz es profesora investigadora del CIDE

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