close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Inter(sex)iones
Por DSyR CIDE
Este es el blog del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Es un espacio para refle... Este es el blog del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Es un espacio para reflexionar sobre los diferentes puntos de conexión que existen entre el derecho, el género, la sexualidad y la reproducción. (Leer más)
Trata: hay contextos y no siempre víctimas perfectas
¿Cómo pueden estar seguras las autoridades que una persona nunca consentiría a prostituirse y repartir su ingreso con alguien más?
Por DSyR CIDE
17 de agosto, 2016
Comparte

Por: Claudia Torres

El pasado 8 de agosto, Esteban Restrepo participó en el “Seminario derecho penal, autonomía y sexualidad”, organizado por el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Esteban discutió dos textos seminales del movimiento feminista estadounidense: “Reflexionado sobre el sexo” de Gayle Rubin y el primer capítulo de Dar cuenta de sí mismo de Judith Butler. Por un lado, Rubin critica los discursos modernos sobre la sexualidad, que construyen a ésta como una fuerza normalmente destructora y sólo excepcionalmente redimible. Rubin nos invita a cuestionar las restricciones sexuales impuestas por el paroxismo moral imperante y a liberalizar el sexo cuando éste no entrañe coerción. Por otro lado, Butler arguye que el sujeto produce su propia autonomía a partir de un lenguaje que, aunque alienante en ocasiones, puede ser resistido y redefinido por la propia subjetividad en construcción. En un ejercicio analítico formidable, Esteban propone que el concepto (posmoderno) de autonomía de Butler pone en duda el consenso moral que subyace en la teoría de Rubin. Dice Esteban: cuestionar y eliminar las restricciones sexuales se vuelve una tarea más compleja de lo que parece admitir Rubin, pues los sujetos no siempre pueden autodefinirse y definir a los demás a partir de las estructuras disponibles (semánticas o de otro tipo).

La interpretación de Esteban —considero— abona enormemente a la discusión sobre la penalización de la trata con fines de explotación sexual. Dicha interpretación muestra cuán profunda puede ser la brecha entre las categorías con que opera el derecho penal, por un lado, y la realidad, por el otro. La brecha se encuentra entre las promesas de certidumbre que ofrece el derecho (o, mejor dicho, sus operadores) y la complejidad de la sociedad. Por ejemplo, la narrativa de la “víctima perfecta” informó de forma determinante la redacción del Protocolo de Palermo (en materia de trata) y, en consecuencia, la legislación doméstica de trata.* Esta narrativa reproduce la idea de una esclava sexual, inherentemente vulnerable y pasiva, que es explotada por un depredador sexual y a quien el Estado debe rescatar para reintegrar a la vida cotidiana. Esta narrativa se introduce en el derecho a través del aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la víctima (A.S.V.V.): uno de los medios a través de los cuales se lleva a cabo el delito de trata con fines de explotación sexual.

Recurrentemente, los fiscales y los jueces invocan en abstracto el A.S.V.V. para acreditar la trata con fines de explotación sexual, aun cuando las presuntas víctimas alegan “que trabaja por voluntad”, “que ejerce la prostitución porque quiere” y “que ya se quiere retirar” de las oficinas del Ministerio Público. El argumento con que las autoridades desestiman el consentimiento de las presuntas víctimas es que “la desigualdad de género”, “la pobreza”, “el desempleo” o un “precario nivel educativo” necesariamente lleva a las personas a “caer en la desesperación” y las obliga a prostituirse. Por ello, cuando se involucra un intermediario que obtiene beneficios de la prostitución, “no es factible aceptar que voluntariamente decidieron incurrir en ”. La prostitución así ejercida, casi por definición, “no es el resultado del ejercicio de libertades fundamentales”.

Bajo esta lógica, las autoridades califican como delito un espectro de conductas grises, muchas de las cuales no vulneraron la autonomía de las supuestas víctimas. La lógica que subyace al A.S.V.V. permite aprehender, por ejemplo, a la mujer que “se le hizo fácil” falsificar la credencial de elector de niñas menores de edad obligadas a pagar una cuota por pararse en la calle so pena de ser expulsadas de forma violenta. A los agentes que publican anuncios en el periódico y se ponen agresivos con las entrevistadas que les “hace perder el tiempo”, independientemente de que las pongan, o no, a trabajar. Al supervisor que acuerda con las mujeres que trabajan en su bar que ellas deben asegurar un mínimo de cuatro clientes por noche o, de lo contrario, renunciar a su porcentaje de ganancia diaria. Al encargado de un bar que no pide papeles a migrantes guatemaltecas por fichar y meserear y les permite llevarse el 20% de las fichas. Al valet parking y cobrador de un bar que solicita la credencial de elector y los análisis clínicos de las mujeres que le piden trabajo. En varios de estos casos, las supuestas víctimas declaran no querer que se ejerza acción penal contra nadie.

En todos estos casos, las autoridades presumen un consenso moral respecto de que las víctimas perfectas existen y que la prostitución mediada por terceros sólo entraña coerción (en abstracto) y refuerza la desigualdad estructural. La respuesta es sancionar todos estos casos. Sin embargo, Butler diría que los casos de coerción no son tan fácilmente identificables. ¿Cómo pueden estar seguras las autoridades que una persona nunca consentiría a prostituirse y repartir su ingreso con alguien más? ¿Cómo están seguros de que la prostitución así ejercida no subvierte las estructuras, sino que necesariamente las refuerza? Independientemente de qué crea el lector, advierto que no hay un consenso claro en este terreno (e.g., ver acá a Elizabeth Bernstein, acá a Rhacel Salazar o los mismos testimonios de las víctimas en los casos que refiero). Por ello, me parece un error invocar el A.S.S.V. en abstracto y, así, justificar la persecución de personas que bien podrían ser tratados como trabajadores y empleadores —inclusive en supuestos de mala praxis laboral (que, tratándose de una actividad distinta de la prostitución, posiblemente no merecerían sanciones penales, sino civiles).

Soy crítica de la razón de ser y los métodos del sistema penal. No obstante, mientras hacemos un replanteamiento profundo sobre la justicia penal, creo que debemos ser congruentes con los valores que predica dentro del llamado Estado Constitucional de Derecho: no revictimización, presunción de inocencia, derecho a la defensa, etc. Para ello, en casos de presunta trata con fines de explotación sexual, las autoridades deben privilegiar el análisis contextual (o sea, enfatizar las circunstancias particulares) del caso por encima de la invocación abstracta del A.S.V.V. Es una tarea que, aunque difícil para las autoridades, legitima el ejercicio de violencia por parte del Estado. (¡Y vaya que hoy muchos Estados necesitan trabajar en su legitimidad!)

 

@DSyR

 

La trata con fines de explotación sexual tiene tres elementos: la conducta prohibida (trasladar, enganchar, recibir, acoger, etc.), un fin ilícito (la explotación sexual) y al menos un medio comisivo (engaño, fuerza, amenazas, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, etc.)

Amparo Indirecto 878/2014, Juzgado 4º de Dto. en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Junio 25, 2014 (Mx.).

Amparo Indirecto 107/2015, Juzgado 1º de Dto. del Centro Auxiliar de la 9ª Región (Mx.)

Amparo Indirecto 107/2015.

Amparo en Revisión 275/2010.

Amparo en Revisión 22/2015, 2º Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del 20º Cto., Enero 21, 2016 (Mx.).

El argumento se ancla en el artículo 40 de la ley general en materia de trata de personas. De acuerdo con este artículo, el consentimiento de la víctima no excluye la responsabilidad penal de la víctima cuando se prueban medios comisivos como el A.S.V.V. El problema es que, en la práctica, es muy fácil acreditar el A.S.V.V.: sólo hace falta invocarlo. Mi impresión es que las autoridades no están dispuestas a darle la vuelta a este artículo en general, a pesar de que es posible hacerlo (interpretando la cláusula a la luz de las discusiones del Protocolo de Palermo, diciendo que no hay aprovechamiento por parte de tercero a pesar de haber vulnerabilidad de la víctima, etc.).

Id.

Amparo en Revisión 275/2010, 2º Tribunal Colegiado en Materia Penal del 1º Cto., Junio 30, 2011 (Mx.).

Amparo en Revisión 275/2010.

Amparo Directo 946/2014, Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo del 9º Cto., Abril 9, 2015 (Mx.).

Amparo Directo 82/2013, Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 7ª Región, Mayo 31, 2013 (Mx.).

Amparo en Revisión 22/2015.

Amparo Indirecto 107/2015.

Por ejemplo, ver notas al pie ii y iii.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.