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Intuiciones y evidencia
Por Guillermo M. Cejudo
Profesor en el CIDE. Estudia y enseña sobre gestión y políticas públicas y federalismo. Ha co... Profesor en el CIDE. Estudia y enseña sobre gestión y políticas públicas y federalismo. Ha coordinado proyectos de investigación sobre rendición de cuentas, política social, coordinación intersectorial, gobierno abierto, gobernanza democrática e implementación de políticas. Es miembro del SNI. Twitter: @Gmocejudo (Leer más)
La pandemia como un nuevo motor de desigualdad
La crisis de salud y la recesión económica que simultáneamente padecerá el país tendrán efectos diferenciados en las personas, que reafirmarán las desigualdades preexistentes.
Por Guillermo M. Cejudo y Natalia Torres
15 de abril, 2020
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La desigualdad ha sido la marca de la historia de México: distinciones étnicas, discriminación, exclusiones sistemáticas, disparidades de género y diferencias de condiciones laborales se empalman y agravan constantemente. Nuestro proceso democratizador no ha alcanzado a revertir estas desigualdades y el magro crecimiento económico de las últimas décadas apenas ha disminuido el porcentaje de personas en pobreza.

La crisis de salud y la recesión económica que simultáneamente padecerá el país tendrán efectos diferenciados en las personas, que reafirmarán las desigualdades preexistentes. Para empezar, las probabilidades de ser infectado por el COVID-19 están ya determinadas por las precauciones sanitarias y de distanciamiento social que efectivamente puedan tomar las personas: quedarse en casa, con acceso a alimentos y servicios básicos es un lujo que no pueden darse millones de personas que dependen de su ingreso de cada día. Para otras, estar en casa significa compartir un espacio confinado con sus agresores, o agravar la falta de agua o las condiciones de hacinamiento que ya vivían.

Las consecuencias de la disminución en la actividad económica, de la suspensión de actividades no esenciales y de la pérdida de empleos también serán diferentes de acuerdo con las fuentes de ingreso regulares de cada hogar, del acceso efectivo a instituciones de seguridad social e, incluso, del sector económico en que laboren sus miembros. En pocas palabras, aunque el COVID-19 técnicamente puede infectar a cualquier persona, las desigualdades preexistentes aseguran que afectará económicamente más a quienes, desde antes de la pandemia, tenían las peores condiciones laborales y de ingreso.

 Las consecuencias económicas en los hogares

La escala de la crisis es formidable a nivel mundial, por el número de infectados y de personas que fallecerán, la cantidad de países afectados y por la presión que enfrentarán los sistemas de salud. Serán enormes también las consecuencias económicas y sociales. Restringir la movilidad, reducir la actividad económica a lo estrictamente necesario y redirigir los recursos presupuestales a atender la emergencia inevitablemente tendrá consecuencias en los empleos y los ingresos de las personas. Frente a ello, la respuesta de los gobiernos ha variado.

Algunos países han anunciado medidas extraordinarias, tanto por los montos involucrados (por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado ya un paquete de alrededor de dos billones de dólares) como por lo que significa respecto a instrumentos poco considerados antes (como el ingreso universal básico o la exención de pagos de servicios públicos en varios países). En México, se han anunciado algunas medidas desde el gobierno federal y desde los gobiernos estatales. Como cualquier medida general, probablemente estas primeras decisiones no puedan adaptarse a las características diferenciadas de las personas afectadas por la crisis.

Aunque se ha señalado al sector informal como el grupo con mayor riesgo económico frente a la crisis, no todas las personas que laboran en la informalidad se enfrentan a las mismas condiciones, ni son las únicas que están en riesgo de perder su trabajo –como lo muestra la pérdida de empleos formales registrada en las últimas semanas. La pandemia está haciendo muy evidentes las carencias previas de nuestros sistemas y servicios públicos: la falta de acceso efectivo a la protección social (un problema que, según Coneval, afecta todavía a decenas de millones de mexicanos), la ausencia de derechos laborales, contratos fijos, ingresos seguros y previsibles para millones de trabajadores en todos los sectores. Reconocer a estas poblaciones puede servir para implementar medidas mejor diseñadas y más adecuadas.

Las múltiples maneras de llevar dinero a casa

Utilizando datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, podemos conocer las fuentes de ingreso en las que se sostienen las familias mexicanas y entender desde qué lugares se enfrentan a la crisis económica ocasionada por la pandemia. En específico, en los siguientes párrafos nos enfocamos en identificar cuántos hogares dependen de ingresos que se podrían ver fuertemente disminuidos. Para efectos de este ejercicio, consideramos que un hogar es dependiente en una fuente particular cuando más de la mitad de sus ingresos proviene de esa fuente1.

Algunos sectores ya comienzan a sentir los efectos de la crisis: trabajadoras del hogar han perdido sus ingresos debido a empleadores que, por miedo a que sus familiares se enfermen, han dejado de contratar sus servicios sin otorgarles una compensación económica; comerciantes en la vía pública se enfrentan a una menor afluencia en las calles. Otros, como trabajadoras sexuales, limpiadores de calzado, taxistas, quienes lavan y estacionan vehículos en la vía pública, albañiles y otros trabajadores en la construcción, así como dueños de pequeños negocios de servicio –por nombrar algunos de los empleos urbanos más vulnerables– verán sus ingresos disminuir significativamente durante este y los próximos meses. Para hogares donde los ingresos de estas fuentes no son sustanciales, costear el cambio quizás no sea tan difícil, pero para las familias cuya fuente principal de ingreso es el trabajo en estos sectores, las consecuencias serán graves y con efectos duraderos.

En la figura 1 se muestra la dependencia económica en algunos de los sectores mencionados: el trabajo del hogar es una fuente relevante de ingresos en los estados del Golfo; las remesas –cuyo tamaño también se verá reducido por la crisis simultánea en Estados Unidos– aportan significativamente a los ingresos de hogares en el centro y sur del país, mientras que los pequeños negocios y comercios son el sustento de familias en todas las entidades. Aunque, por separado, la proporción de hogares dependiente en los ingresos de cada sector parezca mínima, el 16% de los hogares mexicanos con cerca de 20 millones de miembros depende de los ingresos de una o más de estas fuentes.

Estos sectores son tan sólo una muestra de poblaciones que probablemente experimenten una disminución en sus ingresos, pero el riesgo se expande a muchos otros empleos. La Organización Internacional del Trabajo considera vulnerables a las personas que trabajan por cuenta propia, y a quienes laboran sin remuneración en un negocio familiar2: el 27% de las personas trabajadoras mexicanas3. Además de ellas, quienes manejan un micronegocio4, las personas no remuneradas en trabajos no familiares, y las personas asalariadas sin un contrato (o con un contrato por obra determinada) también están en un riesgo acentuado de perder su fuente de sustento. Aunque algunas de estas personas cuentan con seguridad social, el tamaño de sus negocios, la poca certeza de su relación laboral o la naturaleza periódica de su empleo, significa que se enfrentan a un momento de incertidumbre económica. En total, se trata del 74% de las personas trabajadoras en el país.

Más de la mitad de los hogares en el país dependen de los ingresos de estas personas, aunque las proporciones varían según la entidad federativa de que se trate (Figura 2). Por ejemplo, Nuevo León es el estado con menor pobreza en el país y, correspondientemente, el porcentaje de hogares pobres y no pobres que dependen de ingresos vulnerables es relativamente bajo, 39 y 34%, respectivamente. Chiapas se encuentra del otro extremo en su nivel de pobreza, y ahí la proporción de hogares pobres que depende de estos ingresos sube a 71%, e incluso los hogares no pobres dependen mayoritariamente de estas fuentes laborales (51%). Sin embargo, la relación entre los niveles de pobreza y los ingresos vulnerables no es tan simple: Guerrero es el tercer estado más pobre, pero en términos del porcentaje de hogares que se sustentan en estos empleos, se mantiene cercano a la media; del otro lado, Jalisco y la Ciudad de México, a pesar de ser de las entidades con menor pobreza, tienen una alta proporción de hogares pobres que dependen de ingresos vulnerables (60% y 65%, respectivamente, cuando la mediana nacional es de 61%). En total, se trata de más de 68 millones de mexicanas y mexicanos que habitan en hogares cuya principal fuente de ingresos es altamente frágil ante esta crisis, mostrando que las condiciones de vulnerabilidad alcanzan a la mayor parte de los hogares mexicanos, no sólo a los más desaventajados.

Por si fuera poco, muchas de las personas que hoy realizan servicios esenciales que nos permiten a otros permanecer en casa, están arriesgando su salud sin protección alguna. Entre las personas que recogen la basura, limpian las calles y separan nuestros desechos en la Ciudad de México, alrededor de 10,000 son trabajadores voluntarios. Es decir, aunque realizan una actividad esencial para la ciudad, no son contratados por el gobierno – no tienen sueldo ni contrato ni seguridad social – y viven de propinas. Las y los trabajadores de supermercados suelen recibir sueldos magros, mientras que las personas que venden sus productos en mercados y tianguis son, en su mayoría, parte de la economía informal. Están también el medio millón de personas5, 98% de ellas mujeres, que se siguen trasladando a trabajos donde cuidan de menores, personas con alguna discapacidad o adultos mayores. Incluso personas trabajadoras del sector salud han perdido sus empleos. Muchos de estos trabajos son poco apreciados en el curso de la vida diaria, pero, ante esta emergencia, se revelan esenciales.

Las agendas pendientes

Ninguna de estas condiciones fue creada por el COVID-19. La precariedad del mercado laboral, la baja remuneración y valoración de empleos que son esenciales para el mantenimiento de la vida, un sistema de protección social que entiende la seguridad social como un derecho laboral y no un derecho humano, ya existían. La coyuntura actual hace visibles las desigualdades que son el telón de fondo de la cotidianidad mexicana.

La pandemia y sus secuelas requerirán acciones efectivas, diferenciadas, con la participación de los tres ámbitos de gobierno para apoyar a las personas que han perdido su empleo o han visto reducidos sus ingresos. Algunos estados han comenzado a entregar apoyos a grupos sociales específicos (en la Ciudad de México, por ejemplo, se entregaron $1,000 pesos a trabajadoras sexuales), otros han creado programas extraordinarios de seguro de desempleo, intensificado el reparto de alimentos o despensas o, como el gobierno federal, adelantado las transferencias de los programas sociales6. Aunque bienvenidas, ninguna de esas medidas corresponde con la escala del problema, ni refleja las enormes desigualdades de empleos y fuentes de ingreso. Más aún, como se muestra en los mapas previos, los efectos serán distintos en las entidades federativas, por lo que las medidas específicas que los gobiernos estatales deberán tomar tendrían que adecuarse a las afectaciones concretas que los hogares tendrán en su territorio.

Por ello, además de proteger a las empresas y los empleos formales en riesgo, la Organización Internacionaldel Trabajo propone que, “en los países con alto nivel de informalidad, se necesitan medidas específicas, entre otras cosas, transferencias en efectivo que ayuden a los más afectados por el confinamiento y por la reconversión de la producción, y que proporcionen empleo alternativo”. Mientras que es cierto que el sector informal implica obstáculos particulares para el diseño de medidas que alivien el impacto económico de la crisis, los gobiernos no están sin herramientas. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México tiene un registro de vendedores en vía pública, aseadores de calzado y demás trabajadores no asalariados a quienes otorga licencias de trabajo. Esta información puede ser utilizada para hacer llegar apoyo focalizado a las distintas poblaciones afectadas.

Se requieren medidas y urgentes e inmediatas para responder a la crisis de salud pública. Se necesitan también apoyos concretos para apoyar a todos estos hogares que verán reducidos sus ingresos y que deberán, por tanto, que tomar medidas que pueden tener consecuencias graves para todos los integrantes del hogar. Pero, además de las decisiones frente a la coyuntura, la pandemia tendría que ser el inicio de una nueva conversación, más amplia y ambiciosa, sobre cómo empezar a corregir estas desigualdades una vez que superemos la emergencia sanitaria. Y en el centro de esa conversación tienen que estar decisiones para garantizar acceso a trabajos dignos y a un sistema de protección social no condicionado al estatus laboral de las personas. Mientras no avancemos en esa dirección, la realidad inaceptable que esta pandemia ha desnudado seguirá ahí.

* Este texto fue escrito en colaboración con Natalia Torres.

 

1 Esto se calcula con base en el ingreso corriente total, tal y como lo calcula CONEVAL para determinar niveles de pobreza. El ingreso corriente total incluye el ingreso monetario –construido con base en ingresos laborales, percepciones por rentas y transferencias económicas– así como el ingreso monetario – pagos en especie y regalos regulares. Esto implica que un hogar calificado como dependiente recibe el 50 por ciento o más del total de sus ingresos, no sólo del ingreso laboral, de esa fuente.

2 Disponible aquí.

3 Para el cálculo de las estadísticas sobre la población trabajadora, se considera sólo el empleo principal. Para cálculos sobre las fuentes de ingreso de los hogares, se consideran tanto el empleo principal como el secundario de cada miembro del hogar.

4 Negocios con 1 a 10 empleados.

5 Según datos de la ENIGH 2018, 459,921 personas laboran en esta categoría.

6 Aquí se puede encontrar un mapa de las medidas económicas que han tomado los gobiernos estatales frente al COVID-19.

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