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La cuadratura del círculo
Por Marco A. López Silva
Ingeniero; maestro en y analista de políticas públicas. Miembro de Fundación IDEA, aunque sus ... Ingeniero; maestro en y analista de políticas públicas. Miembro de Fundación IDEA, aunque sus opiniones son personalísimas. Sonorense y chilango, y viceversa. Hace tiempo entendió que todos tenemos ideología; que no podemos evitar usarla como filtro de la realidad, y que por lo mismo, es importante formar la ideología poniendo atención a la evidencia. Suele meterse en discusiones eternas en Twitter. Síguelo en @marcolopezsilva (Leer más)
De desarrollo urbano y opinión ciudadana
No tengo dudas de que el planteamiento es una mejora sustancial respecto de la situación actual. No tengo objeción en que una parte del espacio se utilice de forma comercial – ello puede ser muy benéfico, porque si se diseña bien, genera flujos peatonales que promueven seguridad. Lo que me parece inadecuado es la forma en que el GDF está planteando la intervención: se trata de un proyecto ya diseñado a detalle, ya concesionado, y en que lo único que “falta” es “convencer” a la población de los beneficios correspondientes.
Por Marco A. López Silva
20 de agosto, 2015
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Hace unos meses, mi equipo de trabajo produjo un estudio sobre la densificación urbana en el país, enfocado en entender si existen las condiciones necesarias para que esta herramienta de desarrollo urbano resulte en mejor calidad de vida para los ciudadanos (lo pueden encontrar aquí). Y es que, como lo muestran los estudios existentes, y contrario a los supuestos de que parte una corriente ideológica de opinión en la materia, desarrollar zonas urbanas con alta densidad puede tener efectos positivos o negativos, dependiendo de cómo se hagan las cosas. Las siguientes tablas resumen los efectos que la densificación puede tener, dependiendo de las características específicas de una intervención en la materia. Para una discusión más extensa sobre el tema, les recomiendo leer este paper.

TablaA TablaB TablaC

Una de las pre-condiciones que identificamos como imprescindibles para que la densificación funcione de forma adecuada, es que la legislación y la práctica de la política de desarrollo urbano cuenten con mecanismos para canalizar y aprovechar la opinión de los habitantes actuales de las zonas en que se pretende realizar un proyecto de importancia. En términos generales, el proceso de planeación urbana podemos conceptualizarlo como un continuo en que, en un extremo, se ubica un esquema en que los “expertos” deciden qué necesita la gente, y ejecutan lo que consideran óptimo; en el otro, un sistema en que los habitantes de una zona (o de zonas inmediatamente afectadas por el proyecto) deciden qué se hace y qué no. Ambos extremos han demostrado no ser óptimos.

Si usted ha visitado la ciudad de Brasilia, se habrá dado cuenta de que confiar ciegamente en el criterio de los expertos en diseño urbano expone a la población a errores que la afectan por décadas. Brasilia fue diseñada desde cero por Lúcio Costa y con la participación arquitectónica de Oscar Niemeyer, dos de los diseñadores más famosos y vanguardistas de la época. Se basó en una zonificación que separa los usos de suelo habitacional, comercial y de oficinas, con macro-manzanas y muy amplias avenidas para comunicar unas zonas con otras (tanto mediante automóvil, como por autobuses públicos). La expresión física, pues, del modernismo de la década de 1950. El resultado es una ciudad con espacios públicos monumentales, pero que no es caminable (y donde uno, por tanto, requiere de moverse en vehículos); cuyas zonas habitacionales están vacías durante el día, y con áreas de oficinas que están desiertas por la noche. Note, en la fotografía de abajo, cómo los grandes jardines públicos lucen desiertos. Brasilia corresponde a un sueño de los expertos que, en la práctica, no funcionó tan bien. Ejemplos de los resultados de este esquema, abundan.

Plano1

Plano2

Plano3

Plano4OK

En el otro extremo, nos enfrentamos el fenómeno conocido como NIMBY (Not In My Backyard), donde los vecinos se niegan a aceptar el hecho de que las ciudades son entes vivos que tienen que evolucionar, y se oponen a cualquier proyecto que modifique la concepción que ellos tienen de su barrio. Viví varios años en Guadalupe Inn, una colonia bastante céntrica (delimitada por Barranca del Muerto, Insurgentes y Revolución) que desde sus inicios tiene edificios de departamentos y de oficinas, pero sobre todo grandes casas unifamiliares. Cada vez que algún desarrollador inicia un proyecto (aún cumpliendo con las normas) se despierta la oposición de los vecinos, que en cierta medida es contradictoria: ¿por qué no densificar una zona que tiene muy buenos servicios, es bastante bien conectada, y además es de uso mixto desde sus inicios?

Desde otra óptica, los vecinos tienen razón: las reglas fiscales actuales implican que si un desarrollo plantea rebasar los límites aplicables a una zona (por ejemplo, pagando una cuota para transferir potencial de otra zona) los recursos que tiene que aportar entran en la Tesorería del GDF y son aplicados quién sabe en qué –casi nunca en el mejoramiento de la propia zona. No hay tampoco obligaciones estrictas de los desarrolladores para proveer, a cambio de un aumento en la densidad, mayores espacios públicos. De modo que los vecinos dicen: me van a meter un edificio enorme, aumentando el tráfico, el flujo de personas y reduciendo el nivel de los servicios públicos (por ejemplo, la presión del agua), y sin que nosotros ganemos nada. Y tienen razón.

Y es que ni en el Distrito Federal, ni en ningún municipio del país, se cuenta con mecanismos efectivos de participación social en la planeación urbana. El más reciente ejemplo de los vicios del esquema actual es el Corredor Cultural Chapultepec – que no implica necesariamente mayor densificación, pero sí cambios importantes en la lógica urbana de una zona importante de la ciudad, por lo cual aplican los mismos argumentos. En mi diagnóstico de la situación, parto del supuesto de que la zona requiere, de forma urgente, de una mejora importante. Tuve mis oficinas durante 3 años en la esquina de Chapultepec y Córdoba, y tengo otros 3 años caminando o circulando en la zona, porque uso las estaciones de Metro Chapultepec y Sevilla para transportarme entre mi casa y mi oficina, que está a unas cuadras de la segunda. Y puedo atestiguar que es urgente mejorar la zona: es muy peligrosa para los peatones y ciclistas (ya murió uno atropellado hace unos meses); poco práctica para los automovilistas (me ha tocado esperar media hora para cruzar Chapultepec, sobre Sonora-Lieja); separa de forma ilógica dos barrios que deberían tener mucho flujo entre ellos (la Juárez y la Roma); estéticamente es muy desagradable (sobre todo la zona alrededor de la Glorieta de Insurgentes), e implica un desperdicio de espacio público, porque estando a dos o tres cuadras de Reforma, es muy céntrico y debería ser atractivo.

Sin embargo, el GDF está “proponiendo” un proyecto que, de acuerdo con información plasmada en su página, consistirá básicamente en un desarrollo de dos niveles, con circulación de vehículos en el inferior (dando preferencia al transporte público) y uso peatonal, comercial y cultural en el superior. Se trata de una concesión al sector privado, que financiaría y desarrollaría 110 mil metros cuadrados de construcción, incluyendo una zona comercial (que entiendo ocuparía una fracción pequeña de la construcción total).

No tengo dudas de que el planteamiento es una mejora sustancial respecto de la situación actual. No tengo objeción en que una parte del espacio se utilice de forma comercial – ello puede ser muy benéfico, porque si se diseña bien, genera flujos peatonales que promueven seguridad. Lo que me parece inadecuado es la forma en que el GDF está planteando la intervención: se trata de un proyecto ya diseñado a detalle, ya concesionado, y en que lo único que “falta” es “convencer” a la población de los beneficios correspondientes.

Y esa no era la única opción de plantear el proyecto – ¿por qué el GDF no pidió a un despacho identificar posibles alternativas, y desarrollar propuestas conceptuales de diseño, que pudieran ser discutidas con la población? ¿Qué tal si los vecinos hubieran votado por su alternativa favorita, y posteriormente hubieran negociado las modificaciones que consideraran convenientes? ¿Por qué no seleccionar al concesionario hacia el final del proceso (digamos, cuando ya hay una alternativa conceptual votada) y no al principio? ¿Por qué suponer que los diseñadores seleccionados –sean quienes sean– saben mejor que los vecinos de la zona cuáles son las necesidades, y cuáles son las mejores soluciones? ¿Qué peso explicativo tiene la probable intención de la administración de Mancera de contar con un desarrollo vistoso y que esté listo para cuando termine la misma? ¿A quién –y cómo– le vamos a reclamar si el proyecto resulta desastroso?

No es el único caso, desafortunadamente. Es más bien sintomático. Actualmente hay una discusión –bastante agria– relativa a las posibles modificaciones en las normas que definen los niveles de densidad aplicables a todo el Distrito Federal. Diversos grupos sociales (Suma Urbana, por ejemplo) quisieran ver normas muy poco flexibles, que básicamente protejan el estatus quo (ellos lo frasean como “salvaguardar los derechos ciudadanos”); la administración considera –muy probablemente, con razón– que las zonas centrales de la ciudad cuentan con capacidad instalada desaprovechada, que es una tontería no utilizar. ¿Por qué no pensar en un esquema de densidades máximas por zona, pero en que los desarrolladores puedan plantear a los vecinos propuestas de desarrollos que rebasen esos límites, y que éstos sean permisibles siempre y cuando los desarrolladores obtengan la anuencia de una mayoría calificada de los habitantes actuales? Ello obligaría a los desarrolladores a negociar soluciones específicas a las objeciones de los vecinos, y reasignaría la flexibilidad (o discrecionalidad) a quienes sufrirán las consecuencias, y no a políticos (o funcionarios) que ni siquiera estarán en una posición en que puedan recibir las quejas cuando se presenten problemas.

En fin. Las autoridades mexicanas tienen que entender que es inaceptable que los procesos de consulta pública actualmente previstos en la ley –y ejecutados en la práctica– sean simples simulaciones que disfrazan una imposición. Tenemos que encontrar mecanismos en que la población pueda realmente opinar y proponer soluciones, guiada por la información que los técnicos puedan proveerle. De otra forma, vamos a seguir teniendo lógicas urbanas sub-óptimas, en que las autoridades y expertos imponen costos importantes, en términos de calidad de vida, durante muchas décadas. Y vamos a seguir perpetuando la desconfianza mutua entre gobierno y sociedad civil, en lugar de aprovechar las fortalezas de cada parte, para trabajar constructivamente.

 

@marcolopezsilva

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