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La cuadratura del círculo
Por Marco A. López Silva
Ingeniero; maestro en y analista de políticas públicas. Miembro de Fundación IDEA, aunque sus ... Ingeniero; maestro en y analista de políticas públicas. Miembro de Fundación IDEA, aunque sus opiniones son personalísimas. Sonorense y chilango, y viceversa. Hace tiempo entendió que todos tenemos ideología; que no podemos evitar usarla como filtro de la realidad, y que por lo mismo, es importante formar la ideología poniendo atención a la evidencia. Suele meterse en discusiones eternas en Twitter. Síguelo en @marcolopezsilva (Leer más)
La construcción del infantilismo
Resulta evidente –y muy triste– comprobar que la corrupción no sólo es un problema institucional en nuestro país: también es un problema cultural. Los constructores sonorenses creen a pie juntillas que tienen razón, y estoy seguro que todos se ofenderían si les recordamos que tan corrupto es quien pide una mordida –o un favor político a cambio de apoyo financiero para una campaña– como quien la otorga.
Por Marco A. López Silva
17 de abril, 2015
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A propósito de la revelación por parte del diario Reforma de conversaciones en que la senadora Claudia Pavlovich –candidata del PRI a la gubernatura de Sonora– gestiona ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la modificación de requisitos técnicos para contratos de infraestructura, en favor de constructores de ese Estado, me vinieron a la cabeza varias cosas.

La primera fue la amplia crítica que recibió el presidente Peña Nieto hace unos meses, cuando pareció explicar la corrupción imperante como un asunto cultural (y no institucional). Y es que hay mucha teoría sociológica y económica –y estudios empíricos– que sostienen que las prácticas corruptas (sobre todo en adquisiciones públicas) se explican por las reglas del juego en que se desenvuelven los actores económicos: si no está claro qué constituye un soborno, o un conflicto de interés, o si las reglas que lo definen y castigan no se aplican, los actores sociales y políticos cometerán ilícitos. De manera inversa: si las reglas son claras y bien diseñadas, y éstas se aplican, la prevalencia de actos corruptos será menor. Me parece que eso es cierto más allá de toda discusión razonable. Y no sé exactamente qué quiso decir el presidente Peña, pero creo que en cierto sentido, tenía razón: la corrupción permea la cultura pública y privada en nuestro país.

Eso es evidente cuando una senadora llama a un subsecretario para pedirle que modifique reglas ya publicadas en una licitación pública, con el fin de permitir a grupos empresariales afines que participen en la misma. Más evidente resulta cuando los constructores aludidos –varios de los cuales conozco y estimo personalmente, porque he tenido relación profesional con ellos en anteriores trabajos, o porque son padres de amigos cercanos míos– mandan imprimir desplegados apoyando públicamente a la senadora. ¿Por qué? Bueno: es cierto que todos los legisladores del mundo procuran llevar más negocio a sus distritos, y abrir mercados a las empresas de sus votantes. Como respondió la senadora Pavlovich, es parte de su trabajo.

Lo que huele mal –muy mal– es que en lugar de adelantar argumentos técnicos contra los requisitos de esa misma naturaleza (¿Por qué es necesario que un constructor, para presentarse a una licitación equis, tenga que demostrar haber tenido contratos previos por $200 millones, y no por $100 o $75? ¿Es ese requisito conducente a una mayor competencia en los procesos de adquisiciones? ¿Está justificado?) la senadora alegue que los proyectos de infraestructura que se implementan en un estado deberían ser asignados a constructores “de ese estado”; y no “del centro”. Al entrar en esa desafortunada discusión, la senadora se colocó en un conflicto de interés evidente: su preocupación como funcionaria pública debería ser que los contratos de infraestructura resulten en la mayor calidad, al menor precio posible, y en procesos con la mayor competencia y transparencia –independientemente del lugar de residencia de los propietarios de la constructora, o del tamaño de ésta. Al actuar a favor de ciertos constructores de su estado, la senadora trabaja en contra de los intereses públicos. Adicionalmente: ¿por qué los contribuyentes (sonorenses, o del DF, o de Nuevo León) tendríamos que estar beneficiando, con nuestro dinero, los negocios de los papás de nuestros amigos? Lo importante es que el estado de Sonora tenga excelentes carreteras, al menor costo fiscal que resulte factible –nada más.

Hay, por supuesto, otro tema de discusión –y en éste la posición de la senadora y de los constructores también es desafortunada: si lo que los constructores y políticos sonorenses quieren es “proteger” a sus empresas para procurar que éstas crezcan y se vuelvan más competitivas, les tengo una noticia: la estrategia casi nunca funciona. En economía, el argumento en el sentido de que las empresas de un país o región deben ser “protegidas” en tanto crecen y alcanzan economías de escala suficientes para competir con empresas foráneas (o “mucho más grandes”) se conoce como “industria infante”. La adelantó Alexander Hamilton en su Report on Manufactures de 1790 y fue subsecuentemente desarrollada por Raymond y Frederich List, entre otros economistas.

Suena bien en principio, pero tiene muchos problemas en la práctica: en primer lugar, es muy difícil decidir qué empresas deberían ser protegidas y cómo (¿qué constructor “es sonorense”? ¿El que tiene un acta de nacimiento en Sonora? ¿El que tiene su domicilio fiscal allá? ¿El que ha tenido X porcentaje de sus contrato en proyectos ubicados en ese Estado?); es muy complicado decidir cuándo ya son “adultas” y pueden dejar de ser protegidas y, finalmente, implican incentivos políticos –que en el caso de Pavlovich son muy evidentes– para nunca dejar la protección. Terminan creando rentismo.

Y es que no sé qué se imaginen los ciudadanos en general, pero algunos de los constructores en cuestión son empresarios muy exitosos, y bastante ricos. No estamos hablando de PyMES que necesiten subsidio publico. Casos de “industrias infantes” que han fracasado hay muchísimos: un caso emblemático es el de la industria de la informática brasileña en las décadas entre 1970 y 1990. Cierro el punto con una frase que le escuché muchas veces a Michael Porter –el gurú de la competitividad– en sus clases del tema: No hay competitividad sin competencia. Si la senadora Pavlovich cree que “sus constructores” van a aprender a ofrecer más calidad a menor precio sin tener que competir, se equivoca monumentalmente. La competitividad resulta, siempre, de la necesidad de enfrentar la intensa presión del mercado. Si quieren ganarle a empresas más grandes, sugiero a mis amigos constructores encuentren maneras de innovar y ser productivos, en vez de pedir favores políticos.

Regreso a mi punto inicial: me resulta evidente –y muy triste– comprobar que la corrupción no sólo es un problema institucional en nuestro país: también es un problema cultural. Los constructores sonorenses creen a pie juntillas que tienen razón, y estoy seguro que todos se ofenderían si les recordamos que tan corrupto es quien pide una mordida –o un favor político a cambio de apoyo financiero para una campaña– como quien la otorga.

¿Cuándo va a dejar de ser cultural la corrupción? Cuando los ciudadanos que deciden tomarle una foto a un funcionario que abusa de los recursos públicos, le toman una foto y la suben a las redes sociales, seamos la mayoría, y no garbanzos de a libra. Cuando los comensales que vemos a un gobernador malgastando recursos públicos en un restaurante de lujo lo enfrentemos y denunciemos. Cuando agarremos a tomatazos al cínico senador del Partido Verde que considera “ridícula” la exigencia ciudadana de retirarle el registro a ese instituto (es un decir) por violaciones claras y reiteradas a la Ley. Cuando los constructores dejen de argumentar que en este país es imposible dedicarse a la construcción sin tener que pagar mordidas, y comiencen a denunciar a quienes se las piden, y a sus competidores que las ofrecen. Cuando los papás de mis amigos dejen de sorprenderse cuando les digo que en mis empresas nunca pagamos mordidas por obtener contratos (“¡Pero si te iría todavía mejor, y si tú no las pagas, alguien más lo hará”!)

Tener mejores leyes –y aplicarlas– es un requisito indispensable para erradicar la corrupción, pero no es suficiente. Tenemos que crear un ambiente social en que la corrupción sea intolerable, y los corruptos se vuelvan parias. Y, en eso, la academia, las cámaras empresariales y la sociedad civil tienen (tenemos) una tarea pendiente. Tristemente, estamos en la infancia ética. Comencemos a comportarnos como adultos, queridos empresarios sonorenses.

 

@marcolopezsilva

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