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La cuadratura del círculo
Por Marco A. López Silva
Ingeniero; maestro en y analista de políticas públicas. Miembro de Fundación IDEA, aunque sus ... Ingeniero; maestro en y analista de políticas públicas. Miembro de Fundación IDEA, aunque sus opiniones son personalísimas. Sonorense y chilango, y viceversa. Hace tiempo entendió que todos tenemos ideología; que no podemos evitar usarla como filtro de la realidad, y que por lo mismo, es importante formar la ideología poniendo atención a la evidencia. Suele meterse en discusiones eternas en Twitter. Síguelo en @marcolopezsilva (Leer más)
Teoría y práctica del voto nulo
Lo que el anulismo busca es utilizar el voto nulo como un síntoma claro del descontento ciudadano, que la sociedad civil organizada pueda –posteriormente– utilizar para presionar a la clase política para que ésta cambie las reglas. Por lo tanto, estamos hablando de una estrategia gradual, de largo plazo, bajo la cual se busca que el porcentaje de voto nulo aumente hasta llegar a un nivel que sea imposible de ignorar para la clase política.
Por Marco A. López Silva
27 de mayo, 2015
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Decía en mi pasada colaboración, lector/lectora queridos, que votar en blanco es una opción válida en términos legales, políticos y éticos cuando las opciones que nos presentan los partidos políticos nos parecen inaceptables.

Sin embargo, vistas las más recientes argumentaciones en contra del voto nulo (como ésta de Roberto Duque, profesor de la UNAM) creo que es necesario añadir un argumento a la discusión: la estrategia del anulismo es, por necesidad, de largo plazo. En el corto plazo, como hemos aceptado ya, el voto nulo no tiene ningún efecto electoral: las normas políticas del país simplemente no prevén consecuencia alguna para los votos anulados (ya sea a propósito o por accidente) ni sobre la repartición de escaños y puestos, ni sobre la posible anulación (o “repetición”) de elecciones. Tampoco sobre el financiamiento a los partidos.

Lo que el anulismo busca es utilizar el voto nulo como un síntoma claro del descontento ciudadano, que la sociedad civil organizada pueda –posteriormente– utilizar para presionar a la clase política para que ésta cambie las reglas. Por lo tanto, estamos hablando de una estrategia gradual, de largo plazo, bajo la cual se busca que el porcentaje de voto nulo aumente hasta llegar a un nivel que sea imposible de ignorar para la clase política. Eso tal vez nos lleve 6 o 9 años más –ciertamente no creo que se logre en estas elecciones. Y requiere de aceptar que el voto nulo no es, por sí mismo, suficiente para lograr un cambio en el régimen político –se requiere de académicos, analistas y activistas que estén dispuestos a aprovecharlo para presionar por estos cambios. El voto nulo es sólo una herramienta de cambio social.

Hecha la anterior adición conceptual, paso al punto principal del presente artículo: exponer una queja muy puntual contra el anti-anulismo (o el “voto-estrategicismo”, como me ha dado por llamarle): casi en su totalidad, los análisis anti-anulistas se enfocan en el nivel nacional, siendo que la razonabilidad de votar en blanco aparece sólo en el nivel de las elecciones específicas.

La oposición al voto nulo se basa en escenarios abstractos, que casi nunca se presentan en la realidad. Me explico: cierto es que hay distintas maneras de entender el anulismo, pero no conozco a ningún anulista absolutista, es decir, que plantee anular todas las boletas que recibirá el próximo junio. Al menos en mi círculo social, el anulista acepta como razonable alguna de las opciones planteadas por los partidos en alguna de las elecciones (digamos, la de diputado local) pero está en desacuerdo con las presentadas en otras (por ejemplo, la de presidente municipal, o diputado federal) y decide anular sólo las segundas. Es anulista parcial; hace un anulismo/voto diferenciado, digamos. De hecho, ése es el comportamiento que parece típico: de acuerdo con este recuento de Nicolás Loza, por ejemplo, en 2012 la votación nula en diputados federales fue del 4.9%, mientras que en la de senadores alcanzó el 5.5%. Si tuviéramos datos de elecciones locales simultáneas, seguramente observaríamos datos distintos de los dos anteriores. Mi versión de anulismo no se trata, pues, de protestar contra todos los candidatos y todos los partidos, en todas las elecciones; ni de argumentar que todos los participantes en el juego político “son iguales”. A su seguro servidor, esa posición le parece una sobresimplificación pueril.

Desde mi punto de vista, entonces, el voto-estrategicismo ignora, sin justificación obvia, que el voto se ejerce en elecciones específicas, en algunas de las cuales uno encontrará candidatos aceptables, y en otras definitivamente no. Con el fin de ilustrar el segundo punto, me permito exponer al lector/lectora estimados una de las decisiones concretas que habré de tomar este año: la elección de diputado federal.

Mi sección electoral es la 3455, ubicada dentro del distrito XXVI del Distrito Federal. Por alguna extraña decisión de los actores políticos, esa sección (localizada en la colonia Guadalupe Inn) es parte de un distrito que tiene su asiento principal no en Álvaro Obregón, ni en Benito Juárez, sino en La Magdalena Contreras. Los candidatos a diputado federal que tengo que considerar, de acuerdo con la página de internet del INE, son los siguientes:

Gabriel Gómez del Campo Gurza, del PAN. El señor Gómez del Campo no le dio información alguna al INE para que éste la publicara, de modo que, para informarme sobre su trayectoria y propuestas, tuve que buscar la webpage del candidato. De acuerdo con ésta, el señor Gómez del Campo (que supongo es hermano de Mariana, de los mismos apellidos) trabajó en varias notarías, como asesor en una delegación, y en un par de posiciones partidistas. No lo menciona su página, pero es actual asambleísta plurinominal del DF y, hasta donde recuerdo, jefe de la bancada panista. De modo que revisé sus informes legislativos; en ellos no identifiqué temas notables ni de acuerdo, ni en desacuerdo con mi postura ideológico-política. Aunque sí detecté una inconsistencia no trivial, en materia de ética pública.

Resúltase que el asambleísta presentó, en 2013, una iniciativa que busca, entre otras cosas, “sancionar a los servidores públicos que otorguen actos administrativos contrarios a las normas de desarrollo urbano”. De ese tema sí sé, y conozco bien el récord de su partido en el Distrito Federal: como insumo de cierto estudio que estaba preparando, a finales de 2014 planteé una solicitud de información muy sencilla a las Delegaciones del DF: ¿Cuántas licencias (o manifestaciones) de construcción autorizaron del 2000 al 2013, y a cuántas viviendas correspondían? Pensé que sería un dato sencillo de obtener, puesto que las Delegaciones cobran por esas autorizaciones. Pero, increíblemente, la delegación Benito Juárez – la demarcación con más alto Índice de Desarrollo Humano y Producto Interno Bruto per cápita del país, y que es gobernada por el PAN – me contestó que no tenía sistematizada (es decir, en forma electrónica) la información; que podía yo ir a ver los cientos de cajas de papeles y sacar cuentas, si quería.

Tenga en cuenta, querida lectora/lector, que estamos hablando de licencias por las cuales las delegaciones obtienen importantes ingresos – ¿es creíble que no tengan ni siquiera una hoja sencilla de Excel en que hayan registrado cuánto cobraron y por qué? ¿O será que no les conviene tener registro? (No vaya usted a pensar mal…) Otras delegaciones (incluida Miguel Hidalgo) sí me entregaron los datos solicitados. Bueno, el caso es que el entonces delegado en Benito Juárez (Jorge Romero Herrera) es parte del grupo político del señor Gómez del Campo; con toda seguridad será asambleísta (ya que va en primer lugar en la lista plurinominal del DF) y, de acuerdo con el consenso de los analistas políticos chilangos, será su sucesor como líder de la bancada. Con ese historial de transparencia de su grupo político, creo que no puedo votar por el joven Gómez del Campo. Veamos el siguiente candidato.

María de la Paz Quiñones Cornejo, del PRI-PVEM. Tampoco publicó información en la página del INE. Busqué en Google, y resulta que es expanista; ya fue diputada federal y fue miembro de la “Asociación de los Derechos del Concebido, A.C.” Esto último señala una diferencia ideológica mayúscula: como habrá notado mi lectora/lector querido si leyó mis colaboraciones pasadas, estoy total y absolutamente a favor del derecho a terminar un embarazo. Este derecho apenas es realidad en el DF; no podría yo llevar al Congreso a alguien que seguramente buscará obstaculizar la materialización de ese mismo derecho en el resto del país. Para mí, votar por la señora sería un despropósito. Sigamos, entonces, con la lista.

Ernesto Villareal Cantú, del PRD-PT. Sin información tampoco. No logré hallar más datos del señor Villareal en internet, fuera del hecho de que es representante legal del PT. ¿Debería yo llevar a alguien de quien tengo cero información, a decidir sobre leyes nacionales? No, no me suena razonable. Siguiente, pues.

José Castillo Labra, de Movimiento Ciudadano. El señor Castillo sí entregó información al INE: tiene una larga historia como líder sindical en la UNAM. En la sección destinada a argumentar sus motivaciones, el señor Castillo hizo una extensa explicación que resulta vaga, y con la cual casi cualquier persona podría estar de acuerdo (aunque rescato un elemento que me parece interesante: se presenta como “candidato ciudadano” que busca “escribir una nueva historia, donde la Cámara de Diputados sea ciudadanizada en oposición a los políticos y partidos tradicionales que hoy más que nunca se encuentran tan alejados de las demandas y tribulaciones de los mexicanos”). Interesante, pero el señor tiene cero experiencia relevante para el quehacer legislativo del país: ningún trabajo que tuviera que ver ni tangencialmente con el análisis, preparación o aplicación de leyes. Respiro hondo; cuento hasta diez. Veamos el siguiente candidato.

Ángel Aarón Moreno González, de Nueva Alianza; de nuevo, sin información entregada al INE. Google tampoco parece conocerlo. Pero se trata del partido de Elba Esther Gordillo, y sería yo incapaz de votar por el brazo político del SNTE. Siguiente.

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, de MORENA. Al señor Cárdenas, por supuesto, lo ubico como exconsejero del IFE; además, sí facilitó información al INE. En la página del Instituto, don Jaime comenta que defenderá un decálogo cuyo puntos número uno y dos son “revertir las reformas estructurales de los últimos sexenios” y “lograr el desmantelamiento del modelo jurídico del neoliberalismo”. El séptimo punto, por su parte, consiste en “ la elección por voto ciudadano de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. No, pues tampoco coincidimos: yo soy de izquierda, pero liberal, no autarquista ni populista. Defiendo el rigor del mercado, no el corporativismo. Esas tres ideas del señor Cárdenas son totalmente incompatibles con mi ideología. Vamos, pues, al siguiente caso.

Edith Badillo Torres, del Partido Humanista. Sin información en la página del INE. Google no me dio ningún resultado significativo tampoco. Entonces, como dice el meme, no se puede.

Y, por último, Luis Daniel Hernández Cruz, de Encuentro Social. El señor Hernández parece ser un ciudadano bastante común y corriente (y no lo digo peyorativamente): cantante, director musical y emprendedor en audio y video. En la sección titulada “¿Por qué soy candidato?” escribió: “En la vida hay altas y bajas y yo no soy la excepción (sic). Mucha gente conoce mi historia y yo conozco la historia de miles de mexicanos, cada vez que veo carencias y necesidades me alegra poder ayudar. Estoy convencido que en puesto de elección popular puedo replicarlo en toda La República Mexicana (sic), se puede lograr un cambio”. Uy. Ninguna experiencia relevante tampoco, y una capacidad muy baja para transmitir propuestas de forma clara.

Más allá de consideraciones abstractas, pues, estas ocho son las opciones reales y concretas que me presenta el sistema político mexicano. Absolutamente ninguna de ellas coincide con mis posturas ideológico-políticas, ni con los principios de elemental transparencia y buen gobierno que defiendo. No estoy, por otro lado, en una situación donde desee castigar con furia vengadora al actual detentor del distrito: el señor José Arturo López Cándido, del PT, ha presentado iniciativas bastante intrascendentes; no parece haber estado involucrado en actos de corrupción, y parece haber faltado más o menos igual que el resto de los legisladores. De las ocho opciones, las más alejadas de mis principios parecen ser las del PAN, PRI-PVEM y MORENA; las otras cinco me parecen intrascendentes al punto de la tristeza, y sobre todo, faltas de experiencia relevante.

Y, sin embargo, bajo las reglas electorales actuales, alguno de los ocho candidatos arriba señalados ganará la curul; se sentará durante tres años a participar (si quiere, y si no, da igual) en las máximas discusiones del país; ganará por ello casi millón y medio de pesos anuales provenientes de nuestros impuestos.

¿Por quién consideran ustedes que “tendría” yo que votar, señores voto-estrategicistas? Su insistencia en que vote de forma estratégica; en que elija al mal menor, está muy bien en la teoría, pero se estrella en pared en la práctica. Prefiero dejar constancia de mi descontento y, eventualmente –como hice junto con otras personas en la lucha por restaurar el derecho de reelección– pelear por una nueva ronda de cambios en las normas políticas, que den un peso específico al voto nulo. No voy a validar, con mi voto, a políticos mediocres, ni improvisados, ni corporativistas, ni que son parte de grupos políticos opacos. Yo voy a anular esa boleta.

 

@marcolopezsilva

 

Por cierto, me dicen que Julene Iriarte (@juleneiriarte) hizo un planteamiento similar en su blog de Nexos; a pesar de que tengo la fortuna de contarla entre mis amigos, he preferido no leer su artículo para no correr el riesgo de que sus reflexiones influencien las mías.

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