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La cuadratura del círculo
Por Marco A. López Silva
Ingeniero; maestro en y analista de políticas públicas. Miembro de Fundación IDEA, aunque sus ... Ingeniero; maestro en y analista de políticas públicas. Miembro de Fundación IDEA, aunque sus opiniones son personalísimas. Sonorense y chilango, y viceversa. Hace tiempo entendió que todos tenemos ideología; que no podemos evitar usarla como filtro de la realidad, y que por lo mismo, es importante formar la ideología poniendo atención a la evidencia. Suele meterse en discusiones eternas en Twitter. Síguelo en @marcolopezsilva (Leer más)
Vamos a quemarlo todo (...¿y a contratar abogados?)
¿Cómo no considerar absurda una postura que busca protestar contra la impunidad, buscando impunidad respecto de los actos de protesta?
Por Marco A. López Silva
18 de noviembre, 2014
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El sorpresivo intento de quema de una de las puertas de Palacio Nacional durante la marcha del pasado 08/Nov/2014, derivada de los terribles hechos de Ayotzinapa, ha provocado un intenso debate nacional en torno a la libertad de expresión política. De un lado se han colocado diversos promotores y participantes de la marcha, quienes de inmediato se desmarcaron del pequeño grupo de autodenominados anarquistas a quienes les dio por la piromanía. Eso no es la marcha, los vándalos no eran parte de la misma, dijeron. Por su parte, los medios calificaron de “vándalos” a los muchachos que cometieron el acto. Diversos opinadores –como el escritor Xavier Velasco– han descalificado los medios violentos como método legítimo (o al menos, estratégicamente efectivo) de protesta. Del otro lado, activistas como Gisela Pérez de Acha han defendido a los manifestantes, considerando que sus actos son protestas políticas legítimas, protegidas por la Constitución y la jurisprudencia internacional.

Y es que es un tema complejo, de muchas aristas, ubicado en una escala de grises y no en la visión monocromática del maniqueo. A mí, de entrada, me pareció inadecuado el intento “ciudadano” de desmarcar la marcha del grupillo de anarquistas ¿o acaso no son parte de la marcha si participan –aún parcialmente– de ella? ¿No tienen derecho también a manifestarse? Veamos.

Si entiendo correctamente los argumentos esgrimidos por @gisela_pda en su interesante artículo, ésta afirma, en primer lugar, que las expresiones están –en general– protegidas por el concepto de libertad de expresión, consagrado en las normas mexicanas y la jurisprudencia internacional (como son las opiniones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Lo anterior es correcto: para éste órgano (y muchos otros a nivel mundial), la libertad de expresión comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección […] en todas sus formas y manifestaciones [… debiendo garantizarse] no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población (el énfasis es mío).

En segundo lugar, afirma que ciertas expresiones (como quemar una bandera o una puerta –en pocas palabras, todo aquello que constituye un “símbolo del Estado”) no pueden considerarse lesivas de derechos concretos, puesto que el Estado es una idea abstracta y no una entidad concreta. Por tanto, no aplican los límites previstos en la normatividad internacional a la libertad de expresión, como lo son los daños a terceros. En otras palabras: es distinto quemar mi coche (lo que afectaría mis derechos como tercero), que quemar una patrulla propiedad de algún ámbito de gobierno (en tanto que parte y representante del Estado), como fue el caso reciente en predios de la UNAM.

En tercer lugar, afirma Gisela que los hechos concretos obedecen a una posición política concreta y con mucha tradición en nuestro país: el anarquismo, una corriente que ve en el Estado la dominación de un grupo de hombres sobre el resto; que por tanto busca derrocarlo y que pretende –de manera pueril, si me pregunta – que los ciudadanos nos pongamos espontáneamente de acuerdo para resolver nuestros problemas comunes e individuales. Eso probablemente también sea cierto. Y digo “probablemente” porque no me consta que los muchachos que le prendieron fuego a la puerta –o los que incendiaron el coche de los judiciales del DF en la UNAM– sean, en efecto, anarquistas.

Y, en cuarto lugar, argumenta que ciertos comportamientos posiblemente tipificados como delitos por nuestras leyes (como la quema de banderas) son incompatibles con el concepto internacionalmente aceptado de libertad de expresión. Va más allá: afirma que “En caso que los anarquistas sean llevados ante el Poder Judicial o algún tribunal internacional, por las quemas que han realizado, sin duda ganarían la batalla. Los lineamientos internacionales y constitucionales protegen su libertad de expresión como un discurso político de especial relevancia”.

En estos últimos argumentos, Gisela no tiene necesariamente razón. Creo que quienes defienden la forma en que han ocurrido estas manifestaciones –y puedo estar equivocado– erran al ignorar lo que aprecio como una búsqueda incorrecta de impunidad por parte de los manifestantes. Y, además, al no considerar incorrecta la falta de las autoridades de perseguir de forma efectiva lo que, aparentemente, consideran delito.

Y es que, contrariamente a la forma en que han actuado líderes históricos de la resistencia pacífica, como Martin Luther King Jr. o Mohandas Gandhi, los manifestantes no estuvieron dispuestos a pagar las consecuencias de sus acciones. Recordarán ustedes que, en ocasión de las protestas en Alabama en 1963, el reverendo King decidió desobedecer la orden de un juez en que éste prohibió todo tipo de manifestación en materia de derechos civiles de la población afroamericana; King fue arrestado y encarcelado por ello. Desde la cárcel, redactó su famosa “Carta desde la Cárcel de Birmingham” en que escribió frases demoledoras que, hasta el día de hoy, siguen rigiendo la conciencia moral de millones de personas. “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todos los lugares […] Lo que afecta a uno directamente, nos afecta a todos indirectamente […]”, dijo King. Estas frases retumban en mi cabeza cuando pienso en Guerrero: ¿alguien en su sano juicio podría negar que la inenarrable desgracia de los normalistas de Ayotzinapaes una afrenta a todos los mexicanos, considerando que éstos fueron secuestrados, torturados, calcinados y desaparecidos por fuerzas al mando de un narco-alcalde apoderado del Estado local?

El reverendo King fue más allá: “Uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas”, sentenció. Pero, seguidamente, describió que cualquier campaña de desobediencia civil pacífica tiene cuatro elementos básicos, dentro de los cuales el tercero (que llama “auto-purificación”) implica la aceptación del castigo que las leyes (así sean injustas) prevean por la desobediencia cometida. Es este elemento, junto con la no violencia, el que da una impresionante fuerza moral al esquema conceptual planteado por King.

En el caso que nos ocupa, nuestros jóvenes anarquistas debieron estar dispuestos a que las autoridades los arrestaran y acusaran de diversas conductas tipificadas como delitos (probablemente, atentar contra el orden público y dañar el patrimonio de la Nación). Y las autoridades federales y del Distrito Federal debieron llevarlos a juicio. Durante éste, los anarquistas tendrían que haber centrado sus argumentaciones en demostrar que sus manifestaciones correspondían a un legítimo acto de expresión, protegido por la libertad de expresión. Y las autoridades deberían haberse centrado en demostrar que se trató de simple vandalismo, no contra un “símbolo del Estado”, sino contra su patrimonio concreto, pagado con los impuestos de todos los mexicanos. Porque si, como sostiene Pérez de Acha, se trató de una manifestación anarquista legítima contra un símbolo del Estado, creo que tendría razón: el intento de quema sería aceptado dentro de nuestro marco jurídico. No sé qué lado ganaría si esto se hubiera llevado a los tribunales; lo que sí sé es que un juicio público sobre el caso habría sido utilísimo en el debate nacional. Y nos lo hemos perdido; en buena parte, por la discrecionalidad de las autoridades, que decidieron dejar pasar el incidente pero, al mismo tiempo, condenaron las protestas “violentas”.

Quedan en el aire, por supuesto, dudas legítimas: ¿cómo diferenciamos entre un simple acto de vandalismo y una expresión legítima anarquista? ¿Por qué alguien que se autodenomina “anarquista” podría tener el derecho de quemar una patrulla, y yo no – incluso si a veces se me antoja muy cañón? ¿Cómo no considerar absurda una postura que busca protestar contra la impunidad, buscando impunidad respecto de los actos de protesta? Pues sí… nomás que, a falta de juicio, nos vamos a quedar con la duda. Como me decía Estefanía Vela (@samnbk): la libertad de expresión puede limitarse sólo cuando una idea es tan dañina, que sus costos exceden los beneficios de ser flexibles en la defensa de la primera. Y aquí dejamos pasar una magnífica oportunidad para que el Poder Judicial nos dijera cómo debe interpretarse la ley en un caso concreto, concretísimo. Otra vez: eeeeen fin…

 

 

@marcolopezsilva

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