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La dignidad en nuestras manos
Por CDH Fray Vitoria
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubern... El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubernamental que desde la década de los ochenta contribuye a la defensa de los derechos de las personas y los pueblos. Desde este espacio diverso y crítico, con la dirección del Dr. Miguel Concha Malo, buscamos abonar a una cultura basada en los derechos humanos. Trabajamos con la firme convicción de que “Otro mundo es posible”, donde se respete la dignidad humana. Optamos por acompañar a los grupos en situación de vulnerabilidad y de esa manera aspirar a un mundo más justo, sororo y fraterno. (Leer más)
¿Cómo va el gobierno capitalino con los derechos de las juventudes?
¿Qué tan cierto fue que el bono demográfico era una oportunidad para México? Y ¿qué tanto hubo oportunidades de educación, empleo y participación política para las personas jóvenes?
Por CDH Fray Vitoria
19 de agosto, 2014
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Por: Aarón E. Hernández H.

El pasado 12 de Agosto se celebró el Día Internacional de la Juventud, el cual fue declarado por la ONU en 1985 con la intención no de celebrar “lo maravilloso que es ser joven”, sino de reconocer a las personas jóvenes como agentes de transformación social. En ese entonces el llamado “bono demográfico” representó una gran oportunidad para impulsar procesos de “desarrollo”, especialmente para los países latinoamericanos. Pero ¿qué tan cierto fue que el bono demográfico era una oportunidad para México? Y ¿qué tanto hubo oportunidades de educación, empleo y participación política para las personas jóvenes?

El Distrito Federal concentra a la gran mayoría de personas jóvenes del país, por lo que la política capitalina en temas de juventud cobra relevancia para analizar la situación de los derechos humanos de las personas jóvenes en México y así contestar a las interrogantes anteriores.

En lo referente a educación, que es un derecho “llave” de acceso a otros derechos, podemos decir que es el derecho para acceder a la herencia de la humanidad y el conocimiento humano; habilita a las personas para exigir y ejercer otros derechos humanos, ya que contribuye al mejoramiento de sus condiciones económicas, favorece la creación y consolidación del pensamiento crítico y de una ciudadanía que cuestiona, participa y propone. Esto contrasta con las políticas referentes a educación, ya que casi siempre se subordina todo este tema a las habilidades para el mercado laboral, haciendo que la educación sea más de corte utilitarista olvidándose del valor de la memoria histórica, además de ser difícilmente generadora de pensamiento crítico propositivo; pareciera que el “enfoque de competencias” busca únicamente la inserción de las personas jóvenes en el ámbito laboral, desde un esquema de competitividad entendiéndose como mayor productividad.

A su vez, como lo revela el Instituto Mexicano de la Competitividad, las carreras mejores pagadas son aquéllas ligadas a desarrollo de megaproyectos, minería y la actividad financiero-administrativa; y las peores pagadas son la docencia en educación básica, media superior y superior, historia, arqueología y demás humanidades, dejando al final de la escala al trabajo y atención social y las bellas artes. Estos datos nos permiten reflexionar sobre la perspectiva de desarrollo que tiene el Estado mexicano.

Sobre la cobertura educativa, datos del 2010 reflejaron que el DF es una de las entidades con mayor grado de alfabetismo, sólo 14,401 personas entre los 15 y 29 años no tenían escolaridad representando el 0.7% de la población juvenil total, sin embargo la mayor afectación persiste en las mujeres jóvenes. Por otra parte, el DF presentó la tasa más alta de cobertura de educación media superior con un 76.8%, sin embargo, la deserción escolar aumenta conforme se avanza hacia la educación superior.

Un elemento más que permea el tema de la educación universitaria es el impulso al “emprendedurismo”, que ya ha sido adoptado por las instituciones encargadas de promover el derecho al trabajo de las personas jóvenes como la vía idónea para obtener mejores condiciones de vida.

Lo que nos lleva a hablar sobre el derecho al trabajo digno, el cual se entiende como aquél que busca el acceso a oportunidades de desarrollo y para ello debe de contar, entre otras cosas, con un salario suficiente para que las personas puedan solventar alimentación, educación y vivienda (entre otras necesidades), así como seguridad social que sea efectiva en caso de accidente, enfermedad o cuando se llegue a la vejez y también poder expresar desacuerdos cuando las condiciones de trabajo sean injustas.

La Reforma Laboral de 2012, al aceptar al outsourcing, el pago por horas, la figura del aprendiz y la limitación en el pago de salarios caídos, implican una regresividad ante las conquistas sobre los derechos laborales. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indicó que para 2012, la tasa de participación económica de la población de 15 a 29 años aumentó en relación con el 2010 de 58.8% a 63.5% en el caso de hombres, y de 40.2% a 43.9% en el caso de mujeres, revelando que aún existen muchas trabas para la participación de las mujeres jóvenes en el mercado laboral. Dicha encuesta indica que en 2014, el 85% de las personas jóvenes ocupadas gana menos de 6 mil pesos al mes y apenas una cuarta parte de los empleos formales que se crearon fueron para ellos, por lo que la mayoría de jóvenes recurren a trabajar en la informalidad. El DF y el Estado de México son de las entidades con el nivel más alto de desempleo juvenil.

El panorama no es alentador para las personas jóvenes, por lo que la defensa de derechos humanos y la participación política son elementos vitales para la construcción de alternativas.

La participación política debe entenderse como un derecho defensivo de la opresión, activo de la construcción pública y democrática, también es una manifestación de la existencia de la persona. Representa para las personas jóvenes la oportunidad para promover y defender los derechos humanos, e implica el poder influir en procesos políticos, ya sea desde la vía electoral o desde los procesos de exigibilidad social, así como la incidencia en políticas públicas, el derecho a la consulta, el cabildeo legislativo y por supuesto, la protesta social. Lamentablemente no existen mecanismos institucionales adecuados de participación, por lo que las vías alternativas como, la articulación de colectivos y organizaciones civiles y el trabajo de las radios comunitarias y el ciberactivismo son formas en que las personas jóvenes buscan expresarse y promover transformaciones.

La protesta social es elemento primordial para la democracia pues constituye un diálogo para la transformación de las instituciones y la conquista de nuevos derechos humanos, por lo que su carácter como derecho humano debe ser reconocido y dejar de ponerse en entredicho. El Estado debede promover la participación de las personas jóvenes, protegerlos de toda estigmatización y criminalización por parte de los medios de comunicación y de sus agentes gubernamentales, garantizar mecanismos de participación y de consulta, y respetar la libertad de expresión, la ocupación del espacio público y la protesta social.

Las personas jóvenes constantemente son estigmatizadas por su aspecto o por la ocupación de un espacio público, elemento que lamentablemente influye en la generación de política y legislación. El Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el control de multitudes muestra una predisposición negativa hacia la protesta social, comparándola con delitos contemplados por el Código Penal del Distrito Federal, considera a las personas jóvenes como problemáticas, sin control y como “delincuentes en potencia” así criminalizándoles, por lo que las detenciones arbitrarias, tortura y uso excesivo de la fuerza son ya elementos sistemáticos en el actuar de los cuerpos de seguridad, especialmente cuando se habla de jóvenes estudiantes, jóvenes migrantes, jóvenes que viven y sobreviven en la calle y jóvenes que trabajan en el ambulantaje.

Con esto podemos responder a las interrogantes. México en general y el DF en particular no aprovecharon el bono demográfico al no crear oportunidades de desarrollo con base en derechos humanos para las personas jóvenes se traduzcan también en desarrollo para el país, no desde una visión neoliberal de industrialización y competitividad en el mercado, sino desde el respeto y reconocimiento de la dignidad humana, valorando los distintos modos de vida que existen en el territorio, cuidando el medio ambiente, protegiendo la cultura y la memoria histórica, impulsando la participación en la planificación y toma de decisiones con una postura crítica y propositiva, que contemple las necesidades de todas y todos y satisfacerlas. Las personas jóvenes, como agentes de transformación social, ahora más que nunca se articulan y participan en la lucha social desde las pocas trincheras que el Estado mexicano les ha dejado.

 

 

* Aarón E. Hernández Hes integrante del área de investigación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C.

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