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La dignidad en nuestras manos
Por CDH Fray Vitoria
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubern... El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubernamental que desde la década de los ochenta contribuye a la defensa de los derechos de las personas y los pueblos. Desde este espacio diverso y crítico, con la dirección del Dr. Miguel Concha Malo, buscamos abonar a una cultura basada en los derechos humanos. Trabajamos con la firme convicción de que “Otro mundo es posible”, donde se respete la dignidad humana. Optamos por acompañar a los grupos en situación de vulnerabilidad y de esa manera aspirar a un mundo más justo, sororo y fraterno. (Leer más)
Cruzada contra el hambre y derecho a la alimentación
El derecho a la alimentación no es el simple derecho a ser alimentado, sino principalmente el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad, lo que implica tener todos los medios para acceder a los alimentos e incluso producirlos.
Por CDH Fray Vitoria
4 de abril, 2013
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Por: Miguel Concha Malo

Con esta reflexión sobre el derecho a la alimentación damos inicio a una serie de colaboraciones con Animal Político. Agradecemos el espacio que se da al Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” A. C. para contribuir al debate público y propositivo en relación con lo que acontece en nuestro país. Sin duda, para el Centro Vitoria es un honor colaborar en este medio de comunicación de tanta importancia para México. Gracias.

El Gobierno Federal en turno dio inicio el pasado 1 de abril a la Cruzada contra el hambre. En diversos medios de comunicación se argumentan opiniones diversas sobre la efectividad o no de esta Cruzada. Revisando los contenidos de esta estrategia, y los propósitos que tiene, ya se ha dicho en muchas ocasiones que se queda “corta” respecto al total de personas que en México ven violado su derecho a la alimentación.

En uno de los tantos ejemplos que puedo dar está el estado de Hidalgo. Según datos del Coneval, en esta entidad la Cruzada sólo atenderá 5 municipios de los 25 que son considerados como de alta y muy alta marginalidad, con lo cual se deja sin garantizar los derechos sociales del 80 por ciento de la población que habita estos municipios. Otro ejemplo son los 120 municipios que pudieron ingresar a este programa, debido a sus características y condiciones de pobreza, pero que no fueron considerados por el gobierno de Enrique Peña Nieto como poblaciones beneficiarias. Y así la lista podría continuar respecto a los desaciertos que se observan en una acción implementada como ésta.

La Cruzada contra el hambre se inscribe en una larga tradición de gobiernos que no logran comprender la diferencia entre beneficiarios y sujetos de derecho. Cuando estos programas sociales consideran a las personas como receptoras de beneficios venidos del Estado, entonces lo que se produce es una evasión total de la responsabilidad que tienen los gobiernos para garantizar el derecho a la alimentación o cualquier otro derecho social. Se alejan de los estándares internacionales y no contemplan características como accesibilidad, disponibilidad, calidad y asequibilidad en derechos sociales como el de la alimentación. Lo que sucede es que se generan políticas sociales alejadas de un enfoque de derechos humanos, y perdura una visión estatal asistencialista.

En el caso del derecho a la alimentación, puedo decir que no es el simple derecho a ser alimentado, sino principalmente el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad, lo que implica tener todos los medios para acceder a los alimentos e incluso producirlos. Con esto quiero decir que el Estado debería transformar aquellas condiciones estructurales que impiden a las personas acceder a alimentos suficientes y de calidad. Así lo han establecido los diversos instrumentos internacionales que lo protegen, por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Artículo 11, así como las Observaciones Generales que han surgido del Comité DESC de la ONU, y los informes y declaraciones que han emitido Relatores Especiales sobre el Derecho a la Alimentación. En el Sistema Interamericano este derecho está igualmente plasmado en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de DESC, también llamado “Protocolo de San Salvador”, Artículo 12.

Con base a lo que hasta aquí se ha mencionado, es obligatorio que el Estado mexicano garantice el derecho a la alimentación, y de ello se espera que las personas satisfagan sus propias necesidades con su propio esfuerzo, y utilizando sus propios recursos. Una persona debe vivir en condiciones que le permitan, o producir sus propios alimentos, o comprarlos sin comprometer el ejercicio de sus demás derechos, como la salud, por ejemplo. Para producir sus propios alimentos una persona necesita tierra, semillas, agua y otros bienes naturales. Y para comprarlos necesita recursos económicos y acceso a un sistema de comercio justo, donde no haya acaparamiento en la distribución de alimentos por parte de las empresas. Si esto no está contemplado en una Cruzada contra el Hambre, entonces el derecho a la alimentación no está siendo debidamente garantizado.

Para ver garantizado este derecho, desde el enfoque de derechos humanos, el Estado debe tomar en cuenta diversos aspectos. Es importante que haya disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes. Con esto se quiere decir que la alimentación debe cubrir las necesidades nutrimentales que lleven a las personas a una vida física y psíquica satisfactoria.

Asimismo, esta alimentación debe ser inocua, es decir, no debe ser un riesgo para la salud de las personas. En México el debate en relación al uso de los transgénicos, por ejemplo, alerta sobre los riesgos que para la salud trae el consumo de alimentos transgénicos. En esto tenemos ciertamente una violación al derecho a la alimentación, pero también a la salud.

Por otro lado, se debe garantizar la disponibilidad de alimentos, lo que implica la posibilidad que deben tener las personas y los pueblos para alimentarse directamente, haciendo uso de su tierra de manera responsable, o mediante sistemas de distribución y comercialización que funcionen adecuadamente para proporcionar los productos alimenticios donde haya demanda. En este punto, respecto a la producción de alimentos, el Relator para el Derecho a la Alimentación de la ONU ha sugerido al gobierno federal, en su pasada visita de 2011, que las medidas destinadas a apoyar a los productores de alimentos, y las destinadas a mejorar la accesibilidad de los consumidores a una alimentación adecuada, deben apoyarse mutuamente y no ser diseñadas unas y otras de forma aislada. Con esto, lo que el Relator de Naciones Unidas nos deja entrever es que no existe una política alimentaria dirigida a beneficiar a los pequeños productores y posibilitar el acceso a alimentos que son producidos por estos grupos de campesinos. Si el Estado no facilita de manera adecuada está cadena de producción y consumo, entonces incurre gravemente en violaciones al derecho a la alimentación.

Por otro lado, y aunado a lo anterior, existe en los ordenamientos internacionales, que ahora son parte de nuestra Constitución Política, la obligación que tienen los Estados de garantizar el derecho a la alimentación de manera aceptable a una determinada cultura, es decir, que la alimentación debe corresponder a las tradiciones culturales de cada población, por lo que la defensa de nuestro maíz, frente a los intentos del gobierno de comercializar el maíz transgénico, es legítima y razonable, pues no sólo defendemos nuestro derecho a alimentarnos de nuestra tierra, sino también de los alimentos que históricamente nos han dado identidad y nos ha constituido como un pueblo nacido del maíz.

En la Observación General no. 12 del Comité DESC se establece que se debe tener también accesibilidad económica, entendiendo que el Estado está obligado a garantizar que los costos para acceder a los alimentos no sean tan elevados. De lo contrario las personas y colectivos no podrán acceder a una canasta básica de alimentos frescos y nutritivos. Igualmente existe lo que se llama la accesibilidad física, la cual se refiere a que todas las personas, independientemente de su edad o condición física, se vean impedidos para acceder a los alimentos. Por ello el Estado debe cuidar que no haya impedimentos que imposibiliten la realización de este derecho, ya sea por su ubicación en zonas de desastre, o bien, en el caso de pueblos indígenas y comunidades campesinas, que se les impida el acceso a sus tierras ancestrales, donde históricamente han producido sus alimentos, donde hacen milpa, temporal con temporal, y desde donde nos proporcionan alimentos nutritivos, frescos y sanos.

Con lo que hasta ahora se menciona, queremos aportar algunas reflexiones sobre la importancia de retomar los instrumentos y orientaciones internacionales en materia de derechos humanos para construir una estrategia efectiva encaminada a erradicar el hambre en nuestro país. Es importante tomar en consideración que una Cruzada contra el hambre debe ir encaminada a construir un mundo donde todas y todos gocemos de las condiciones necesarias para el buen vivir, y no apostar por medidas de corto plazo que no eliminan estructuralmente la violación a los derechos humanos por la que atraviesan muchas mexicanas y mexicanos, y desde luego las situaciones de hambre.

 

* Miguel Concha Malo es director general del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” A. C., miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, socio y miembro del Consejo Directivo de la Organización DECA-Equipo Pueblo, Miembro del Consejo Ciudadano de UNICEF en México y miembro de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional, además de contar con una destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos en el país.

 

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