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Por CDH Fray Vitoria
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Mujeres en la Agenda 2030: la deuda del Estado mexicano
La igualdad de género y el compromiso por una vida digna y libre de violencias para las mujeres no son prioridad del Estado mexicano, pues redujo su presupuesto en más de 30 programas relacionados a estos temas, tales como el subsidio para Refugios y Centro de Atención Externa para Mujeres Víctimas de Violencia, el Programa Integral para la Atención del Cáncer Cervicouterino, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, entre otros.
Por Mariana Bermúdez y Donovan Ortega
22 de julio, 2021
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En las últimas décadas, las desigualdades sociales y el deterioro de las condiciones climáticas generaron una preocupación mundial por el desarrollo y la sostenibilidad de los Estados y las sociedades, provocando que la comunidad internacional construyera alianzas para accionar y combatir dichas problemáticas. Estas quedaron plasmadas el 25 de septiembre de 2015 a través de 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

México asumió su compromiso y responsabilidad con el mundo al ratificar su incorporación a la Agenda, cuyos principales temas de acción han sido los relacionados a ciudades y comunidades sostenibles, salud y bienestar, reducción de las desigualdades, trabajo decente, crecimiento económico y acción por el clima. El pasado 12 de julio de 2021, el Estado mexicano presentó el tercer Informe Nacional Voluntario (INV) que recupera los avances y desafíos en la implementación de la Agenda 2030, el cual fue elaborado con la participación de distintos órganos de gobierno y sectores sociales.

Dicho informe enfatiza tanto en los avances que se han tenido para la adopción y transversalización de la Agenda 2030 en todos los niveles de gobierno, como en la creación de marcos y programas normativos alineados a la misma. También señala elementos esenciales para cumplir con los objetivos, tales como el diseño de estrategias sostenibles y sustentables con el medio ambiente para el desarrollo de las comunidades; la importancia de crear alianzas multisectoriales que tengan como objetivo el desarrollo territorial; el impulso de procesos de cooperación Sur-Sur y/o triangular, y la importancia de seguir fortaleciendo las acciones desde el ámbito subnacional.

A pesar de lo anterior, son distintos los desafíos que existen para el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país, ya que nos enfrentamos a un contexto condicionado por la pandemia de la COVID-19 en donde los efectos a largo plazo todavía se desconocen y cuya apuesta por mega proyectos “verdes” han resultado contrarios a la sostenibilidad ambiental y económica prometida. Las brechas de desigualdad se han acelerado en un contexto de violencia generalizada, en el cual las violaciones a derechos humanos continúan en ascenso y total impunidad, debilitando el aparato institucional.

Uno de los grandes desafíos que el Estado mexicano tiene es el cumplimiento integral del objetivo número 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. En un país donde el índice de impunidad en las instituciones de procuración de justicia es casi del 50%, con estadísticas promedio de 11 feminicidios diarios en el país y presupuestos recortados a los programas destinados para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, el reto es aún mayor.

De acuerdo con el INV, las acciones destinadas a combatir las desigualdades de género y fortalecer el empoderamiento de las mujeres en los diversos ámbitos son los resultados 4 “Mujeres en el Territorio” y 26 “Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024” mediante el Programa Igualdad (PROIGUALDAD) 2020-2024, las cuales incentivan a las mujeres a participar principalmente en la vida laboral como medio para contrarrestar las desigualdades de género.

Si bien los programas sectoriales enfocados en estos ámbitos son más que necesarios, es primordial que sean construidos integral e interseccionalmente. Es decir, las acciones destinadas a afrontar la violencia de género deben abarcar las diversas esferas y contextos del desarrollo personal y colectivo de las mujeres para cumplir satisfactoriamente con dicho objetivo. Al ser una cuestión de carácter estructural y teniendo representación femenina en el 51.2% de la población, el incumplimiento de los derechos de las mujeres constituyen violaciones a derechos humanos debido a que influye directamente en el ejercicio de otros, tales como el empleo, la educación, la salud, etc.

La postura de la administración pública actual ha demostrado que la igualdad de género y el compromiso por una vida digna y libre de violencias para las mujeres no son prioridad del Estado mexicano, pues redujo su presupuesto en más de 30 programas relacionados a estos temas, tales como el subsidio para Refugios y Centro de Atención Externa para Mujeres Víctimas de Violencia, el Programa Integral para la Atención del Cáncer Cervicouterino, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, entre otros. Lo anterior implica un menoscabo a la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el país, así como un retroceso en la ejecución de los objetivos para el desarrollo sostenible a nivel global.

A pesar de los avances que se han enunciado en los diversos ámbitos y niveles gubernamentales, México todavía tiene un largo camino por recorrer para el cumplimiento integral y satisfactorio de la Agenda 2030, ya que pareciera que dentro de los esfuerzos enfocados en concretar y continuar su compromiso internacional, los derechos y las necesidades de las mujeres han sido olvidados. Es necesario que el Estado mexicano asegure el cumplimiento del objetivo número 5 para el desarrollo sostenible de manera integral mediante acciones que promuevan y combatan la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas.

Asimismo, que refuerce los mecanismos institucionales para el ejercicio pleno de sus derechos humanos mediante el fomento de normativas que apuesten por políticas de cuidado, promuevan la independencia económica y garanticen a las mujeres sus derechos laborales, consolidándose principalmente en los planes de recuperación de la pandemia por la COVID-19. En conclusión, el camino hacia el desarrollo sostenible para el 2030 no puede entenderse sin mecanismos institucionales y políticas públicas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos que garanticen los derechos y las condiciones para una vida digna, íntegra y libre de violencias para las mujeres.

* Mariana Bermúdez y Donovan Ortega (@donoortega) colaboran en el @CDHVitoria.

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