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La dignidad en nuestras manos
Por CDH Fray Vitoria
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubern... El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubernamental que desde la década de los ochenta contribuye a la defensa de los derechos de las personas y los pueblos. Desde este espacio diverso y crítico, con la dirección del Dr. Miguel Concha Malo, buscamos abonar a una cultura basada en los derechos humanos. Trabajamos con la firme convicción de que “Otro mundo es posible”, donde se respete la dignidad humana. Optamos por acompañar a los grupos en situación de vulnerabilidad y de esa manera aspirar a un mundo más justo, sororo y fraterno. (Leer más)
Por la verdad, la justicia y la memoria de Tatojke, el sembrador
A tres años del asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, el Estado tiene el deber y la obligación de dignificar y reconocer su figura como defensor, así como de garantizar el acceso a la verdad sobre los hechos, las causas y actores que motivaron su asesinato a través de una línea de investigación que considere su labor como defensor de derechos.
Por Ana Gómez y Violeta Valdés
14 de mayo, 2021
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Manuel Gaspar Rodríguez, de 37 años de edad y originario de Ayotoxco, Puebla, fue abogado de formación, maestro y coordinador en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Tras ser despedido injustamente se integró de tiempo completo al Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular, organización integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala–Movimiento Nacional (en adelante MIOCUP-CNPA-MN) en 2013, y en enero de 2018 se integró al Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A. C. (en adelante CDHAE A.C.).

Encabezó caravanas y movilizaciones indígenas y campesinas en 2017 en contra de la privatización del agua y la minería. Desde el CDHAE A. C. y el MIOCUP CNPA MN, Manuel,  también conocido como Tatojke “el sembrador”, impulsó la lucha para lograr la clausura de un relleno sanitario convertido en basurero ubicado en el municipio de Cuetzalan, Puebla. Las autoridades municipales se negaron a cerrarlo a pesar de los señalamientos sobre el  mal manejo por parte de dependencias ambientales desde 2015.

Manuel también se opuso al proyecto minero “El Aretón”, de la empresa minera Autlán, que actualmente tiene una concesión otorgada en los municipios de Tlatlauquitepec, Cuetzalan y Yahonahuac, del estado de Puebla. Además, cabe subrayar que en enero de 2018, Manuel fue citado a comparecer ante la Procuraduría General de la República (PGR), ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había presentado una denuncia en su contra, así como de otras 7 personas, por promover el freno de la construcción de una subestación eléctrica también en Cuetzalan del Progreso.

En este contexto, Manuel Gaspar fue asesinado el 14 de mayo de 2018, a escasos metros de donde sería colocada la subestación eléctrica impulsada por la CFE. Si bien el proceso de investigación sobre la privación de la vida del defensor aún sigue vigente, es necesario apuntar que el asesinato ocurre en un ambiente en el cual, como se expresa en el Informe sobre México del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos1: la labor de las personas defensoras de derechos humanos se da en un contexto de violencia generalizada en el cual confluyen una diversidad de actores que participan de las violaciones y graves violaciones a los derechos humanos.

Estas suelen recrudecer debido a la falta de acciones de prevención y protecciones suficientes que garanticen las condiciones necesarias para las personas desarrollen su labor de defensa y activismo. Esta actividad se dificulta a través de acciones de criminalización, intimidación, acoso y estigmatización; por medio del uso indebido del derecho penal en contra de las personas defensoras al iniciar estrategias de acoso judicial, procesos basados en acusaciones infundadas y privación ilegal de la libertad. En algunos casos, participan también empresas públicas y privadas que ven afectados sus intereses económicos frente a los procesos de lucha y resistencia que se oponen a la imposición de proyectos a gran escala en contextos sobre todo indígenas y rurales, en donde también se vulnera el derecho a la consulta libre, previa e informada.

En otros casos igual de graves, como se señala en el mismo informe, las personas defensoras se enfrentan a agresiones que ponen en riesgo o vulneran su dignidad, integridad personal y vida a través de detenciones arbitrarias, actos de tortura, desapariciones forzadas o desapariciones por particulares, así como de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos como en el caso de Manuel Gaspar. En noviembre de 2018 la Fiscalía Regional del Estado de Puebla realizó una declaración pública sobre la detención de una persona presuntamente vinculada a su asesinato, afirmando que habría ocurrido a razón de “asuntos personales”. Lo anterior derivo en que el 13 de abril de 2021 la Fiscalía dictara sentencia al único y supuesto autor material e intelectual del asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, esto sin considerar una línea de investigación que tome en cuenta la labor de defensa de derechos humanos que Manuel ejerció en vida, dejando así un hueco en el sentido del derecho a la verdad y al acceso a la justicia desde la perspectiva de derechos humanos.

Ante la falta de investigaciones, enjuiciamiento, sanciones y acciones de reparación integral, se hace evidente la urgente necesidad de llevar a cabo medidas de carácter estructural que permitan no solo prevenir y proteger a las personas defensoras de derechos humanos para promover condiciones de defensa dignas, sino también asegurar mecanismos de administración e impartición de justicia.

A tres años del asesinato de Manuel, el Estado tiene el deber y la obligación de dignificar y reconocer su figura como defensor, así como de garantizar el acceso a la verdad sobre los hechos, las causas y actores que motivaron su asesinato a través de una línea de investigación que considere su labor como defensor de derechos. También existe la responsabilidad de brindar protección efectiva a sus familiares, a las comunidades y las organizaciones defensoras que se encuentran en riesgo y así terminar con la reproducción de la violencia, se debe erradicar el contexto de impunidad por el que atraviesan las víctimas, las y los sobrevivientes y la sociedad en general, así como garantizar el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición para contribuir a la construcción de un verdadero estado de derecho en el país.

* Ana Gómez Ruiz es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A.C. (@CDHVitoria) y Violeta Valdés Alcántara es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C. (@CDHAntonioEst).

 

 

1 Michel Forst, ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos relativo a su Misión a México, A/HRC/37/51/Add.2, 12 de febrero de 2018.

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