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Por CDH Fray Vitoria
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¿Qué ha sido de la “Política Exterior Feminista”?
A pesar de que México ha sido reconocido internacionalmente por su activa participación en el tema y por los avances legislativos con miras a erradicar la violencia contra las mujeres, la realidad es que se tienen grandes pendientes en cuanto al seguimiento oportuno de sus compromisos internacionales.
Por Cassandra Meléndez
22 de enero, 2021
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La política exterior feminista fue anunciada por el canciller Marcelo Ebrard ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2019 y fue presentada en enero de 2020 en el marco de la XXXI Reunión Anual de Embajadores y Cónsules (REC), siendo así el primer país de América Latina en promover una “política exterior feminista”. Pero ¿en qué contexto se puede entender ésta?

Aún queda difuso lo que el gobierno mexicano entiende por feminismo, sobre todo en un contexto donde se ha criminalizado y estigmatizado al movimiento de mujeres desde algunos espacios de la narrativa estatal. De acuerdo con la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la política exterior feminista es el “conjunto de principios que buscan, desde la política exterior, orientar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género con el fin de construir una sociedad más justa y prospera”.

Se reconoce que México ha tenido una larga trayectoria al promover la agenda de las mujeres en la escena internacional. Un ejemplo de esto es que fue el anfitrión de la primera Conferencia Mundial de la Mujer en 1975. Posterior a esto, en 1995 adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la cual reconoce los derechos de las mujeres y niñas como pilar para la construcción de sociedades democráticas. Además, en enero de 2020, la delegación mexicana tuvo una destacada participación durante la COP 25 llevada a cabo en Lima, donde se buscó hacer visible el impacto diferenciado del cambio climático de las mujeres con la finalidad de impulsar un Plan de Acción que tuviera como eje la interseccionalidad y la igualdad de género.

A pesar de que México ha sido reconocido internacionalmente por su activa participación en el tema y por los avances legislativos con miras a erradicar la violencia contra las mujeres, la realidad es que se tienen grandes pendientes en cuanto al seguimiento oportuno de sus compromisos internacionales. Uno de estos son las recomendaciones que le ha hecho el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Entre las recomendaciones podemos encontrar las siguientes:

1.- Capacitar de manera sistemática y obligatoria a jueces, fiscales, defensores públicos, abogados y abogadas, agentes de policía y al funcionariado público responsable de hacer cumplir la ley en los planos federal, estatal y local, acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género, para poner fin al trato discriminatorio de que son objeto las mujeres y las niñas.

2.- Adoptar una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad.

3.- Adoptar medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres.

Estas recomendaciones responden a la urgencia de atender las distintas violencias que viven las mujeres en el país y que se han exacerbado durante la pandemia de acuerdo a cifras oficiales y organizaciones de la sociedad civil. A esto se suma un recorte presupuestal en febrero de 2019, donde se suspendieron los subsidios a refugios para mujeres víctimas de violencia, se eliminó el Programa de Estancias Infantiles y se canceló el presupuesto para las Casas de la Mujer Indígena, entre otras acciones que se encuentran en el marco de la llamada “política de austeridad” impulsada por el gobierno y que vulnera los derechos de las mujeres. Además, las acciones represivas durante las manifestaciones feministas no dejaron de verse hace unos meses y cabe recordar la aseveración hecha por el presidente al decir que el 90% de llamadas al 911 durante la pandemia relacionadas a la violencia contra mujeres, eran falsas.

Luego de que el Senado argentino aprobara la interrupción legal del embarazo, el presidente mexicano argumentó que -al ser un tema polémico- el derecho a la interrupción del embarazo debería consultarse con las y los ciudadanos, es decir, que esto resulte conforme a lo que opine la mayoría. Pero las mujeres y las organizaciones desde distintos ámbitos ya han dicho que los derechos de las mujeres -ni ningún derecho- deben ponerse a consulta. La realidad es que cientos de mujeres en el país abortan -sin importar las condiciones o las leyes- por lo que el gobierno mexicano tiene la obligación de legislar y actuar para que ninguna mujer sea criminalizada o muera por decidir sobre su cuerpo.

A un año de que se anunciara la “política exterior feminista” y se posicionara a México como un país progresista e incluyente en materia de derechos humanos y género, es necesario señalar que no es suficiente con tener una Secretaria de Relaciones Exteriores paritaria. A pesar de que las mujeres están ocupando espacios que antes eran únicamente liderados por hombres -como la política exterior y los asuntos internacionales- la realidad es que aún quedan numerosos temas tanto en la agenda internacional como en la interna, que deben ser atendidos.

Si bien, es un logro que se esté dando una representación mayor de mujeres en los espacios políticos, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de implementar soluciones integrales y desde un enfoque interseccional, con la finalidad de hacer cumplir sus compromisos internacionales y no quedarse una vez más en el discurso. Para eso, es necesario que se construyan espacios donde las distintas voces de las mujeres sean protagonistas y al mismo tiempo se incremente el diálogo con otros actores como las Organizaciones de la Sociedad Civil que promueven los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres.

* Cassandra Meléndez (@aycass_) es colaboradora del @CDHVitoria.

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