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Por CDH Fray Vitoria
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubern... El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubernamental que desde la década de los ochenta contribuye a la defensa de los derechos de las personas y los pueblos. Desde este espacio diverso y crítico, con la dirección del Dr. Miguel Concha Malo, buscamos abonar a una cultura basada en los derechos humanos. Trabajamos con la firme convicción de que “Otro mundo es posible”, donde se respete la dignidad humana. Optamos por acompañar a los grupos en situación de vulnerabilidad y de esa manera aspirar a un mundo más justo, sororo y fraterno. (Leer más)
Reforma del campo: continúa la violación de derechos
El campo mexicano se encuentra en medio de conflictos socioambientales provocados sobre todo por empresas dedicadas a la ejecución de megaproyectos. Esto genera alteraciones graves al medio ambiente, y eventualmente se presentan fenómenos climatológicos irreversibles, lo que impide la producción de alimentos en las regiones dedicadas a estas actividades. La escasez de siembras para generar alimentos es provocada, no se da por generación espontánea.
Por CDH Fray Vitoria
16 de mayo, 2014
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Por: Carlos A. Ventura Callejas (@carlosarveca)

¡El campo no aguanta más! Esta frase aglutinó a diversos movimientos campesinos en 2003, cuando demandaron la firma de un Acuerdo Nacional para el Campo, en el sexenio de Vicente Fox. Posteriormente en el 2007, surgieron diversas agrupaciones y redes de movimientos y organizaciones sociales, entre ellas la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, con el objetivo de hacer frente a la importación de granos básicos, principalmente maíz y frijol, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Así, poco a poco, la resistencia y exigencia de pueblos indígenas y campesinos se ha ido entretejiendo. Avanza firme, constante y esperanzadamente en la implementación, conservación y difusión de modelos de alimentación con base en una concepción agroecológica, suficiente, de calidad y de buen vivir para el país.

Por el contrario, los gobiernos intentan a su vez imponer un modelo alimentario, incluidas en éste formas de producción, comercialización y consumo, afines a los intereses de grandes corporaciones, nacionales y transnacionales, que pretenden controlar en su totalidad los alimentos, dejando de lado calidad y nutrientes requeridos para el bien comer y la salud de las personas. Estos malos gobiernos han sido omisos para establecer una política alimentaria y nutricional conforme a las necesidades de las personas y pueblos, con enfoque de derechos humanos, respetuosa de la tierra, los territorios y el medio ambiente. En esto precisamente nos detendremos.

En la actualidad, la reforma del campo, una más dentro del total de reformas estructurales impuestas por el gobierno en turno, es un augurio de la institucionalización del despojo y la exclusión. Desde ahora decimos que esta reforma, de parecerse a la política actual del gobierno en la materia, violentaría de manera sistemática los derechos humanos de campesinos e indígenas. Y además, no sólo afectaría a estos grupos, sino también a todas las personas titulares del derecho a la alimentación sana, adecuada, y de calidad, ¿quién no necesita alimentarse? En general, iría en contra de todos los derechos que se interrelacionan con este tema, plasmados, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y en la Declaración de los Derechos de las y los Campesinos que actualmente impulsan los movimientos sociales a nivel mundial.

La reforma del campo pretende legalizar e institucionalizar una serie de preceptos relacionados con una lógica privatizadora que ha caracterizado también a otras reformas peñistas. En enero de este año se anunció como la reforma que reactivaría al campo mexicano. Cabe decir que México cuenta con poco más de 30 millones de hectáreas que son tierras de cultivo, y en general 145 millones de hectáreas se dedican a actividades agropecuarias. Entonces, no es poca cosa la reforma del campo en cuanto a la distribución, aprovechamiento y gestión de los bienes comunes naturales. Menos importante es lo que se extraiga y produzca en nuestros territorios, y mucho menos cómo y quién se beneficiará de ello.

A continuación, presento algunos puntos y aspectos que se contemplan en las propuestas del ejecutivo. Estas reflexiones son producto de un largo análisis que organizaciones campesinas, indígenas, académicas y de derechos humanos han hecho, y que ahora retomo para compartir preocupaciones comunes en torno a esta reforma, la que seguramente se pretenderá aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Un primer punto es que, y sin que exista aún la propuesta formal del Ejecutivo, sino con base en las discusiones entre campesinos e instituciones, declaraciones de secretarios como el de Sagarpa y del Presidente, esta propuesta que promueven contiene un fuerte componente privatizador de las tierras ejidales y comunales. Lo que implica privatizar de raíz una parte fundamental para garantizar que las comunidades tengan una vida digna: la tierra, legalizando así el despojo de los de pueblos que por siglos han gestionado comunitariamente estos bienes. Si la tierra se privatiza, entonces se puede vender a particulares, quienes en su mayoría quieren acceder a ésta para realizar actividades relacionadas con megaproyectos: minería, hidroeléctricas, gasoductos, parques eólicos, y por supuesto monocultivos a gran escala.

Como segundo punto, y muy unido al anterior, se vislumbra la imposición en todo el país de un modelo agroindustrial de producción de alimentos. Los intentos de siembras comerciales de maíz y soya transgénica, las que por cierto han sido detenidas a nivel nacional o local gracias a la lucha de organizaciones, comunidades y movimientos sociales, son muestra de ello. El modelo agroindustrial está controlado por algunas cuantas empresas, que incentivan el monocultivo y la importación de alimentos básicos. Recordemos que México hoy día importa 43% de los que se requiere en el país. Este modelo es negativo no sólo porque desplaza a los pequeños productores y precariza la calidad de la alimentación, también porque genera daños irreversibles al medio ambiente, como la destrucción de la biodiversidad, contaminación de las fuentes hídricas, invasión de plagas y enfermedades, así como la pérdida de fertilidad en estas tierras. Se vulneran a todas luces nuestros derechos a un medio ambiente sano, al agua, a la salud y a conservar la biodiversidad en nuestros territorios.

El tercer aspecto se relaciona con la continuidad en la explotación a gran escala de los bienes comunes naturales. Hoy México se encuentra en medio de conflictos socioambientales provocados sobre todo por empresas dedicadas a la ejecución de megaproyectos. Esto genera alteraciones graves al medio ambiente, y eventualmente se presentan fenómenos climatológicos irreversibles, lo que impide la producción de alimentos en las regiones dedicadas a estas actividades. La escasez de siembras para generar alimentos es provocada, no se da por generación espontánea.

El gobierno dice equivocadamente, en comparsa con grandes empresas, que “no hay suficiente capacidad del campo para producir”. Bajo este argumento, la reforma que propone pretende asegurar una constante e ininterrumpida dependencia alimentaria, otro de los aspectos a resaltar. Esto consiste básicamente en importar granos para consumo animal o humano; por ejemplo, el caso del maíz y frijol son preocupantes, ya que el valor de las importaciones creció 43 y 52 veces, respectivamente, en tan sólo 10 años. Para el caso del arroz se elevó más de cinco veces; el de la soya, casi cuatro, y el del trigo, más de seis. La dependencia alimentaria en todos estos productos aumentó significativamente. La reforma, lejos de asegurar la autosuficiencia del campo, pretende someter al control empresarial el consumo y distribución de estos granos básicos, como hasta ahora se ha intentado hacer. Importaciones legitimadas en el marco de libre mercado, y legalizados a través de tratados de libre comercio que desde su entrada en vigor violentan derechos de pueblos enteros.

Termino con tres aspectos transversales en los puntos anteriores. Por un lado, la ausencia de un enfoque de soberanía alimentaria en las directrices de las políticas públicas en relación con el campo y la alimentación, repitiendo irresponsablemente el discurso limitado de la seguridad alimentaria. Por otro lado, la falta de protección y respeto de los derechos de mujeres, quienes ven de manera múltiple violentados sus derechos de acceso a la tierra y a créditos, alimentación, agua, salud, autodeterminación, y gestión de sus bienes.

Existen también acciones violatorias de derechos humanos, sobre todo dirigidas a eliminar la organización de los comunidades y colectivos que pretendan detener este despojo. Se vuelve cotidiana la imposición de procesos de control dirigidos a personas y comunidades a través de la militarización, acoso de grupos armados, amenazas, criminalización de sus actividades de defensa, y restricciones en general a sus derechos humanos; es decir, se obstruye de tajo la construcción de procesos autogestivos en los diversos territorios. Estas comunidades y defensores comunitarios, que defienden sus bienes y modos de vida, se ven obligados a salir de sus comunidades, a desistir y ceder ante la imposición de reformas y del despojo.

Una reforma del campo debe ser junto con todos los pueblos campesinos e indígenas, pero también es ideal que incluya un enfoque integral en función de la cadena de producción, distribución y consumo, donde se involucre a consumidores, comercializadores y especialistas relacionados con el derecho a la alimentación, medio ambiente y salud alimentaria. Ninguna mexicana y mexicano debe estar ajeno a este tema medular. Por ello, en los foros que realiza el Estado es necesaria la máxima publicidad y difusión de lo que allí suceda, y evitar estos aspectos que en este texto se han plasmado y muchos otros que señalen las comunidades. Las propuestas para salvar al campo las tienen los pueblos y personas, no las grandes empresas. Cualquier intento de opacidad en los foros, de uso clientelar de las organizaciones o de continuidad con la lógica de despojo y explotación es condenable.

 

 

Un ejemplo de esto se manifestó, en semanadas pasadas, en un grupo de organizaciones agrupadas en el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc). Cfr.

Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, Reporte de análisis de la Cuenta Pública 2012, cuaderno 5, pp. 17, disponible aquí.

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