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La dignidad en nuestras manos
Por CDH Fray Vitoria
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubern... El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubernamental que desde la década de los ochenta contribuye a la defensa de los derechos de las personas y los pueblos. Desde este espacio diverso y crítico, con la dirección del Dr. Miguel Concha Malo, buscamos abonar a una cultura basada en los derechos humanos. Trabajamos con la firme convicción de que “Otro mundo es posible”, donde se respete la dignidad humana. Optamos por acompañar a los grupos en situación de vulnerabilidad y de esa manera aspirar a un mundo más justo, sororo y fraterno. (Leer más)
Todavía marchamos… todavía exigimos
¿Es normal que nos preocupemos por nuestra seguridad frente a quienes deberían resguardar nuestro derecho a manifestar nuestros disensos de manera pública? ¿Es propio de un Estado que se dice democrático y que garantiza los Derechos Humanos encarcelar, torturar, intimidar o descalificar a quienes tienen posturas diferentes en los asuntos públicos?
Por CDH Fray Vitoria
4 de diciembre, 2013
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Por: Carlos A. Ventura Callejas ( @carlosarveca )

“…a pesar de los golpes

que asestó en nuestras vidas

el ingenio del odio…”

Víctor Heredia

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha cometido decenas de agravios a las personas que habitan o transitan por su territorio durante el último año. Su estrategia de limitación y violación a derechos humanos se orquesta desde una posición de gobierno autoritario, con base en un modelo de seguridad securitario o militarista implementado por los cuerpos policiacos, muy parecido, por cierto, a lo visto en el siglo pasado en los regímenes de América Latina.

El primero de diciembre de 2012 dio paso a una nueva etapa relacional entre las instituciones encargadas de la seguridad y las formas organizativas de las personas y colectivos en el espacio público. Los testimonios sobre el episodio de represión en esa fecha versan sobre el uso desmedido de la fuerza, tortura a través de golpes, insultos, amenazas, hostigamientos y tocamientos sexuales, así como el encarcelamiento sólo y simplemente a juicio, muchas de las veces infundado, de los agentes del Estado.

Así, desde hace un año, concurrimos a manifestaciones públicas, de índole político o no,  en las cuales subyace miedo y violencia impuesta por las instituciones: operativos desmesurados de los diferentes grupos de la policía, irreales, los cuales encapsulan e intimidan a las personas que expresan sus inconformidades; reformas legislativas que criminalizan por la vía penal las protestas; medios de comunicación que son comparsas de las estrategias de descalificación del Estado hacia las y los manifestantes; omisiones del GDF para cumplir cabalmente Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ahora fuertemente debilitada, que de cumplirse podrían generar cambios estructurales relacionados con el derecho a la protesta social. Aun con todo esto, las personas seguimos marchando, exigiendo y construyendo una sociedad en paz, justa y democrática. Todavía tenemos esperanza y fuerza para transformar esta realidad deshumanizante, contrario a lo que piense y haga el Estado.

Las instituciones de seguridad ganan terreno gradualmente; imponen que las personas y colectivos se adhieran a una dinámica de resguardo ante la inminente criminalización debido al ejercicio de su derecho a la protesta. ¿Es normal que nos preocupemos por nuestra seguridad frente a quienes deberían resguardar nuestro derecho a manifestar nuestros disensos de manera pública? ¿Es propio de un Estado que se dice democrático y que garantiza los Derechos Humanos encarcelar, torturar, intimidar o descalificar a quienes tienen posturas diferentes en los asuntos públicos?

A nivel Federal las cosas tampoco andan bien. Las propuestas en el Senado alusivas a la regulación de las marchas son muestra del raudal de juicios negativos hacia derechos plenamente reconocidos en la Constitución Política y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, tales como el derecho a la libre manifestación de las ideas, de asociación y a la protesta social.

Tanto a nivel local como federal prima una concepción de seguridad pública imbuido por el rechazo al “desorden público”. Este modelo se acota a la defensa de los bienes públicos y privados, el resguardo de las instituciones y la conservación del “orden y paz pública”, se coloca a la seguridad con un fin, es correlativo a la protección del Estado mediante la fuerza, y se sacrifica los derechos fundamentales de las personas. Se impone el orden por el orden, sin más.

Frente a este modelo securitario, imperante en México, tenemos el paradigma de seguridad humana, y mejor aún, el modelo de seguridad humana desde abajo. Y es que, en términos estructurales, lo que hace posible la constante violencia en los espacios públicos es, paradójicamente, la seguridad pública obtenida por la fuerza policial y legitimada por las instituciones.

El modelo de seguridad humana desde abajo se refiere a la construcción colectiva e incluyente de la seguridad que necesitamos las y los habitantes de determinada comunidad. Esta propuesta hace énfasis en las condiciones estructurales que viven las personas y pueblos, que les colocan en situación de vulnerabilidad. Subraya que la falta de acceso a una vida digna posibilita la inseguridad e inestabilidad, y por tanto emerge la exigencia legítima dirigida a los malos gobiernos para que garanticen los derechos que pertenecen a las personas. Las instituciones entonces quedan subordinadas a la realización y protección de los derechos humanos de las personas y colectivos.

Así lo reconoce y sugiere la CDHDF en la Recomendación #1Dmx cuando se alude a que la fuerza policial no debe estar antes que la construcción de un espacio público acorde con la convivencia de todas las personas y grupos que confluyen en él. Las discusiones respecto a este tema no podrán avanzar hacia la garantía de derechos, relacionados con el espacio público, mientras no se cambie la concepción vigente de seguridad cada vez más cercana a un estado policial militarizado. Es necesaria la construcción de la seguridad con base en la participación e intercambio de experiencias de todas las personas, no sólo de legisladores, funcionarios o especialistas en el tema, pues se requiere convocar también a las personas y colectivos que marchan y son criminalizados.

La protesta social es un fuerte componente de los gobiernos democráticos y es un derecho. Los desacuerdos que se vislumbran a través de los ejercicios de manifestaciones deberían ser una oportunidad que aprovechen los gobiernos para generar cambios contundentes en las estructuras económicas y políticas que pasan por encima de personas y pueblos. El debate en relación a la criminalización de la protesta social no puede ni debe estar alejada del análisis y la denuncia de la violencia estructural a las que se nos somete. Entonces, criminalizar la protesta alberga la intención unánime del gobierno para acallar los disensos y las voces indignadas.

Las personas y colectivos, seguramente, seguiremos marchando y protestando mientras la lógica del dominio, del miedo y la violencia sea lo que predomine en las instituciones. Seguiremos exigiendo el cese de la criminalización hacia los movimientos, organizaciones y colectivos que se defienden ante el despojo, explotación, y reivindican su derecho a resistir y protestar. Y seguiremos señalando al Estado como principal responsable de convertir a las protestas públicas en un pandemónium. El cambio de paradigma de seguridad es urgente y vital para la construcción de una cultura basada en el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos.

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