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La dignidad en nuestras manos
Por CDH Fray Vitoria
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubern... El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubernamental que desde la década de los ochenta contribuye a la defensa de los derechos de las personas y los pueblos. Desde este espacio diverso y crítico, con la dirección del Dr. Miguel Concha Malo, buscamos abonar a una cultura basada en los derechos humanos. Trabajamos con la firme convicción de que “Otro mundo es posible”, donde se respete la dignidad humana. Optamos por acompañar a los grupos en situación de vulnerabilidad y de esa manera aspirar a un mundo más justo, sororo y fraterno. (Leer más)
Tortura en México: el caso de los hermanos Aranda Ochoa
Los hermanos Enrique Aranda Ochoa y Adrián Aranda Ochoa fueron detenidos arbitrariamente el 25 de junio de 1996 y, sometidos a tortura, se les obligó a firmar declaraciones falsas. Sin mediar juicio alguno, las autoridades los exhibieron ante la prensa como responsables del secuestro de Judith Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón, expresidente de la República, y de Lorena Pérez Jácome F., hija de Dionisio Pérez Jácome, entonces vocero del presidente de la República, Ernesto Zedillo. Llevan 18 años presos por un crimen que no cometieron.
Por CDH Fray Vitoria
30 de abril, 2014
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Por: Miguel Concha

El 21 de abril de 2014 llegó a México el Señor Juan E. Méndez, Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En su primera visita oficial, que culminará el 2 de mayo, el Relator se reunirá con organizaciones de la sociedad civil; representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como con víctimas de estos delitos y sus familiares en diversas regiones del país. Diecisiete años después de la primera visita de un Relator de la ONU con mandato sobre este tema, en el año de 1997, contamos nuevamente con la oportunidad de dar cuenta de la situación que en esta materia prevalece en el país. Es preciso decir que a pesar que México ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con vigencia desde el 26 de junio de 1987, el Estado ha violado en no pocas ocasiones las obligaciones adquiridas con la aprobación de dicho instrumento internacional, que prohíbe absolutamente la práctica de tales delitos, y ordena como una de las principales obligaciones de los gobiernos la investigación pronta e imparcial de todas las acusaciones de tortura, así como el enjuiciamiento y castigo a los responsables, y la reparación para las víctimas.

En el encuentro de organizaciones de la sociedad civil con el Relator, se denunció el crecimiento en un 500 por ciento de esta práctica durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón. En esta reunión el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) denunció que la tortura es un delito que alcanza un 98 por ciento de impunidad, y que en el periodo de 1994 a 2012 sólo ha habido dos condenas. Del mismo modo se insistió en que la prevalencia del arraigo y de las detenciones arbitrarias son el ambiente propicio y la oportunidad para que funcionarios públicos ejerzan tales actos.

En México la tortura se ha vuelto práctica cotidianamente abrumadora, sistemática. Se ejerce ya no sólo contra disidentes del Estado y líderes sociales, como en época de la guerra sucia, sino contra cualquier persona, que aun por azar haya caído en manos de narcotraficantes, granaderos, policías judiciales, agentes del ministerio público, custodios, médicos, militares, y una larga lista de etcéteras, ante la mirada impasible de jueces y magistrados del poder judicial, que trasladan la carga de la prueba a las víctimas. Se tortura en centros de reclusión, campos militares, hospitales psiquiátricos, centros de arraigo y estaciones migratorias. El Estado, responsable y garante de la integridad y dignidad de las personas, es quien viola por acción, omisión o aquiescencia los derechos humanos de mujeres, hombres, adultos, jóvenes, niños y niñas. El poder ejecutivo, a través de sus cuerpos de seguridad, violenta la integridad psíquica y física de las personas. El poder legislativo no armoniza la legislación que pueda aplicarse para una efectiva sanción. El poder judicial admite las confesiones obtenidas bajo tortura, la mayor parte de las veces autoincriminatorias. Finalmente, el poder ejecutivo omite su función de investigar y, en cambio, encubre aliados y funcionarios que consabidamente son responsables. Decididamente, esta situación conduce a pensar que la tortura y su impunidad son parte de una estrategia para disuadir, desmovilizar, atemorizar y controlar al pueblo mexicano, replegándolo a la intimidad del hogar, la supuesta vida segura, y reduciéndolo a mero espectador de la vida pública. Apartándolo también así de continuar la lucha por sus derechos y sus libertades.

En este escenario es ilusorio pensar que la sola implementación de la nueva legislación penal, con todas las inconsistencias y omisiones a las que en otro momento hemos hecho referencia, o el cambio de partido en el gobierno, son suficientes para erradicar la práctica de la tortura, emanada de una diversidad de condiciones estructurales: ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, impunidad, corrupción, guerra contra el narcotráfico, falta de autonomía e independencia del poder judicial, y tráfico de influencias. Del mismo modo, tenemos razones para dudar que el partido en el gobierno, con las mismas mañas y personajes responsables de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968; el halconazo del 10 de junio; los crímenes y la guerra sucia de los 70´s, y la matanza de Acteal, sea el que ponga fin a esta práctica y castigue a los responsables. Sobre todo cuando su legitimidad democrática prevalece cuestionada.

En ese sentido, la experiencia histórica demuestra que la práctica sistemática de la tortura, y la impunidad que la acompaña, son propias de regímenes dictatoriales y antidemocráticos. La usan en primer lugar para quebrar y exterminar a la disidencia. Adicionalmente, estos gobiernos, políticamente de derechas, suelen promover un populismo penal, explotar y promover el miedo de las clases medias hacia la delincuencia, para tener a la sociedad permanentemente histérica, atemorizada, deseosa de un gobierno fuerte, de mano dura, que los salve. Algunas de las consignas más sonadas de esta clase de políticos rezuman la implementación de un populismo penal: “cero tolerancia”, “pena de muerte a secuestradores”, e incluso algunos lemas de campaña, como “castración química a violadores” (Cuauhtémoc Gutiérrez en el D.F.) y “los derechos humanos no son para las ratas” (Arturo Montiel en el Estado de México), que ponen el acento en el castigo y no en la previsión del delito. Y, lo más importante, hacen que permee la idea de que ningún castigo es suficientemente duro contra los supuestos criminales. De ahí, a la justificación institucional y social de la tortura sólo hay un paso.

La tortura como práctica sistemática y la impunidad hacia ella se terminan en la medida en que un pueblo conquista la democracia. Pensemos en lo acontecido en Chile, Guatemala y Argentina. Cuando terminaron las dictaduras o gobiernos militares hubo un descenso notable de su puesta en práctica, aunque ciertamente todavía se realizaba en menor medida durante regímenes supuestamente democráticos, como los de la Concertación. Nunca se insistirá demasiado en que para que haya democracia no basta con la organización periódica de elecciones. Debe haber además procuración imparcial de justicia efectiva, acceso a la verdad, respeto a la dignidad humana, y participación protagónica del pueblo en la toma de decisiones. Evidentemente, la tortura actúa en detrimento de todo ello. La tortura es la antípoda de la democracia.

En los años recientes aún se han dado casos en Chile de tortura contra los estudiantes y los mapuches. Por tanto no podemos decir que haya llegado plenamente la democracia a ese país, por mucho que sus gobernantes sean ya civiles y haya elecciones. En cuanto a Guatemala, el que se haya echado a atrás la sentencia contra Ríos Montt pone de manifiesto que al país centroamericano aún le falta mucho para terminar con la impunidad de la que han gozado los más altos funcionarios de un gobierno que practicó la tortura en forma monstruosa. Guatemala aún debe recorrer un largo trecho para llegar a la democracia plena. Por último, podemos decir que Argentina es el país que más ha logrado avanzar en este campo. No solamente la tortura ha dejado de ser una política de Estado, sino que se han dado pasos enormes hacia la justicia y la reparación del daño a las víctimas. Las condenas de Jorge Rafael Videla y de otros altos funcionarios de la última dictadura (apenas este 23 de abril se condenó a varios militares, entre ellos Ricardo Cavallo, de triste memoria en México), son pruebas fehacientes de que en ese país el pueblo se ha empoderado y ha empezado a hacer justicia.

Mientras tanto México va a contrapelo del resto de América Latina. La verdadera catástrofe social que vivimos es de tal magnitud, que demanda y desborda el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos para la atención a las numerosas víctimas y familiares que cotidianamente acuden a denunciar casos de tortura. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria ha colaborado en la medida de sus fuerzas para eliminar este flagelo que castiga a la sociedad mexicana: nuestro equipo jurídico presentó al Relator especial de la ONU el caso de los hermanos Enrique Aranda Ochoa y Adrián Aranda Ochoa.

Los hermanos Aranda Ochoa fueron detenidos arbitrariamente el 25 de junio de 1996, y sometidos a tortura se les obligó a firmar declaraciones falsas. Sin mediar juicio alguno, las autoridades los exhibieron ante la prensa como responsables del secuestro de Judith Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón, expresidente de la República, y de Lorena Pérez Jácome F., hija de Dionisio Pérez Jácome, entonces vocero del presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. Al momento de su detención, Enrique Aranda se desempeñaba como profesor de psicología en la Universidad Iberoamericana, y contaba con una maestría en literatura mexicana, y otra en psicología clínica. Era también presidente del Colegio de Psicólogos de México A.C. Adrián, su hermano menor, trabajaba como contador de una famosa empresa cervecera.

A pesar de denunciar la tortura de que fueron víctimas ante el juzgado al que fueron consignados, el titular del órgano jurisdiccional admitió y validó la confesión firmada por los hermanos que fueron sentenciados a 51 años de prisión. Luego de interponer diversos recursos, su defensa logró reducir su sentencia a 24 años 6 meses. Sobre este caso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 12/2002. Amnistía Internacional lo documenta y denuncia en su informe del año 2003: Juicios injustos: tortura en la administración de justicia, (Índice AI: AMR 41/007/2003/). También aparece en el informe que las organizaciones Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002. Así mismo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) emitió el 16 de febrero de 2005 un punto de acuerdo, expresando preocupación por la violación de los derechos humanos básicos de los hermanos Aranda. Sin embargo, continúan privados de su libertad, acusados de un delito que no cometieron, y en cambio los verdaderos responsables de la tortura siguen disfrutando de su impunidad.

A más de dieciséis años de interponer denuncia penal, la averiguación no ha tenido ningún avance que determine responsabilidad penal alguna en contra de los policías judiciales y servidores públicos que torturaron a Enrique y Adrián Aranda Ochoa. Por el contrario, el ministerio público ha declarado en sucesivas y reiteradas ocasiones el no ejercicio de la acción penal. Ha sido el trabajo de abogados y familiares de los hermanos Aranda el que ha impedido que esta autoridad se desentienda de su obligación. Aún ahora, nuevamente se pretende cerrar la investigación, porque “habrían prescrito” los delitos de “lesiones” y “abuso de autoridad”, tipos penales, por los que encubriendo la tortura, la autoridad ministerial siguió la hipótesis del caso. De este modo el Estado Mexicano viola los derechos humanos de los hermanos Aranda, al restringirles de forma permanente un recurso efectivo, sencillo y rápido que les procure justicia y reparación del daño, en virtud de la tortura que padecieron y modificó el curso de sus vidas.

Durante este tiempo, Enrique Aranda Ochoa, actualmente privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur del Distrito Federal, ha recibido más de 15 galardones por su obra literaria, entre los que destacan la obtención (tres veces) del Premio Nacional de Poesía Salvador Díaz Mirón (1998, 2001 y 2008), otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes; dos veces (2003 y 2008) el Premio Nacional de Cuento José Revueltas, y el premio México Lee en 2011. Persistente promotor de la cultura, ha trabajado casi seis mil días en el reclusorio como asesor del sistema bibliotecario interno, y como instructor de yoga. Ha tenido una importante labor académica, al publicar un libro de psicología y un diccionario en la misma materia en la editorial Trillas. Por su parte, Adrián Aranda Ochoa se graduó como abogado en la licenciatura que imparte en los centros de reclusión la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Ha sido Adrián quien ha asumido su propia defensa y la de su hermano en diversas actuaciones por la obtención de su libertad.

En marzo de 2013, luego de casi 17 años de ser privados de la misma, los hermanos Aranda ejercieron su derecho a solicitar la remisión parcial de la pena que les fue impuesta. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal les negaron ese beneficio, por considerar que las actividades que realizan en el Reclusorio Preventivo Sur no cualifican ni cuantifican como las requeridas para el otorgamiento del beneficio. Así, se ha considerado que su trabajo como asesores escolares, la práctica de Yoga como deporte, el estudio de una licenciatura, y su galardonada actividad literaria no son suficientes ni cumplen con los requisitos para considerar que están listos para su reinserción social. Ante la negativa, promovieron el recurso de amparo indirecto por el que se realizará audiencia de vista en la tercera semana de este mes de abril. Ha pasado un año desde que Enrique y Adrián Aranda solicitaron el beneficio de la preliberación. Tomando en consideración los días que han permanecido en el reclusorio, y el trabajo en él realizado, ya habrían sumado poco más de 26 años en labores. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional parece tener un trato inequitativo y obstaculizar el ejercicio de este derecho a personas sentenciadas por el delito de secuestro, haciendo una clara concesión al populismo penal del que hablamos antes.

El Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., institución con 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, ha tenido conocimiento y acompañado este caso por casi diez años. En razón de esta trayectoria, queremos externar nuestra profunda preocupación por la impunidad y falta de mecanismos efectivos para prevenir, investigar y sancionar la tortura en México. Más aún, por la convalidación que hace de ella el sistema de procuración y administración de justicia, al aceptar e integrar confesiones presumiblemente obtenidas con este “método de investigación” a los procesos y juicios que se siguen a innumerables personas privadas de la libertad en el país.

Así también externamos el temor que aqueja a los hermanos Aranda por las posibles represalias a las que se encuentran expuestos en la defensa de sus derechos, tales como cambio de centro de reclusión, persistente negativa para obtener beneficios de tratamiento preliberacional, y remisión parcial de la pena, u hostigamiento posterior a la obtención de su libertad. Esto, sin menoscabar el daño continuado del que son objeto al testimoniar el profundo deterioro económico propio y familiar, en el camino por la búsqueda de justicia. Su libertad se espera con ansia por defensores y defensoras de derechos humanos, compañeros, amigos y familiares. Ojalá ese día de libertad y de justicia llegue pronto.

Nos llenaría de esperanza que este caso sea incluido en el informe final que, en marzo de 2015, tenga a bien presentar el Relator de la ONU. Es preciso evidenciar el modo sistemático y faccioso con que actúa el Estado mexicano, y ampliar generosamente la protección de la ONU a los hermanos Aranda, quienes continúan en situación de vulnerabilidad. Así también hacemos un respetuoso exhorto a las autoridades jurisdiccionales, para que Enrique y Adrián Aranda obtengan al fin su libertad.

 

 

* Miguel Concha es Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.

 

 

 

Leer Más aquí.

Cfr. Informe sobre la práctica de la tortura en México que presentan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las organizaciones: Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), Asociacion para la Prevencion de la Tortura (APT), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Washington dc, octubre de 2002,   Pág. 49 a 51

Diario de los Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Diputación Permanente, Año 2, México D. F., a 16 de Febrero de 2005. 08 Sesión de la Diputación Permanente, Pág. 37

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