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Por CDH Fray Vitoria
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Violaciones a derechos humanos en el Instituto Nacional de Pediatría
Aunque el INP se ha visto obligado a aceptar la intervención de la CNDH en el caso de tres trabajadoras que denunciaron violencia de género por parte de un funcionario del Instituto, la actitud de sus autoridades deja entrever que aún hay mucho por hacer para transformar la dinámica de violencia y erradicar las agresiones sistemáticas en contra de los derechos humanos de las mujeres y demás personas susceptibles a sufrir discriminación.
Por CDH Fray Vitoria
27 de marzo, 2014
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Por: Aarón E. Hernández Hernández

Hace alrededor de un año, Martha Socorro Gómez Jiménez, Sandra Posadas Pedraza y María Isabel Alcantar Escalera, denunciaron ante las autoridades del Instituto Nacional de Pediatría (INP) que existían agresiones verbales alusivas a estereotipos de género hacia las mujeres por parte de Arturo Loredo Abdalá, quien en ese entonces era el doctor responsable de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado (CAINM) donde ellas han prestado sus servicios como especialistas en psicología, bajo la coordinación del mismo doctor. Este tipo de violencia verbal y psicológica vulnera los derechos humanos al trabajo digno, a la no-discriminación y a una vida libre de violencia para las mujeres. Sobre este caso, dimos cuenta en un texto publicado el pasado junio de 2013 en este mismo sitio, ahora actualizamos los avances y logros.

Las autoridades del INP responsables de dar solución al conflicto se mantuvieron omisas, o bien, no tomaron en serio la situación, al grado de justificar las acciones del responsable de la CAINM. Consideraban que por la edad avanzada del doctor, era imposible pedirle que replanteara la manera de dirigirse a las mujeres que se encontraban a su cargo. Por su parte, el doctor justificó sus insultos y agresiones al considerarlas “frases populares” y que de ninguna forma intentaba agraviarlas.

Las afectadas por la violencia de género, al no encontrar respuesta por parte de las autoridades del INP, acudieron en un primer momento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el cual trató de generar un proceso de conciliación, sin embargo no hubo condiciones adecuadas para realizarse pues desdibujó del proceso a las quejosas y favoreció al INP.

Las psicólogas decidieron entonces levantar la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por lo que el CONAPRED desistió del proceso de conciliación dejando el caso en manos de esta nueva instancia.

La CNDH admitió la queja, se entrevistó con las quejosas e inició el proceso de desahogo de pruebas. Durante este momento del proceso, el visitador adjunto consideraba que la queja podría ser atendida por el organismo interno de control y no era necesaria mayor intervención de la Comisión, esta postura era muy poco alentadora para las psicólogas.

Después de aproximadamente seis meses de silencio por parte de la CNDH, se realiza un cambio de la persona responsable de la visitaduría que atiende los asuntos de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres; la persona ahora al cargo atrae el caso, analiza las pruebas y la contestación el INP. Para fortuna de las agraviadas concluye que las expresiones utilizadas por Loredo inciden de manera directa en la esfera personal, pública y privada de las mujeres, y constituyen acciones que se traducen en violencia moral o psicológica y por tanto, son violaciones a derechos humanos. El doctor Loredo es el agresor en su papel de funcionario público que abusa de su poder.

Cabe señalar que existen varios tratados internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), la Convención de Belém Do Pará, además existen leyes nacionales y locales que reconocen que las “expresiones populares” que denigran a la mujer son consideradas agresiones directas y sistemáticas.

Con esta nueva resolución de la CNDH, se posibilita que existan reparaciones al daño provocado por la violencia sistemática hacia las mujeres que laboran al interior del INP; sin embargo, y muy a nuestro pesar, para la CNDH no se consideran violaciones graves a los derechos humanos al no estar en riesgo directo la vida ni la integridad física.

La primer acción emprendida por la CNDH es un nuevo proceso de conciliación, que a diferencia del realizado por el CONAPRED, las psicólogas pudieron indicar cuáles son las propuestas para lograr la conciliación, además, tendrán carácter de obligatorias; en otras palabras, si el INP no las acata y cumple, entonces de manera inmediata se iniciará el proyecto de recomendación al instituto.

Los presupuestos para lograr en un primer momento la conciliación son:

1° Se gire instrucciones para que servidores públicos del INP independiente del rango jerárquico, se abstengan de realizar actos como los que dieron origen a la queja; palabras, actos, gestos, expresiones, escritos de intimidación sistemática.

2° Se dé vista del presente documento (el pronunciamiento de la CNDH) al Órgano Interno de Control en el INP, para que se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, materia del expediente, en particular contra Arturo Loredo.

3° Se impartan cursos de capacitación en el INP sobre los derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las mujeres como las previstas en la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, la Ley general de acceso de la mujer a una vida libre de violencia, así como la Convención Belem Do Pará. Informándose a la CNDH sobre sobre los avances de su cumplimiento.

4° Se instruya a quien corresponda a efecto de que se diseñe una Unidad de Género que conjuntamente con el Comité de ética que opera en el interior del INP, se brinde atención, asesoría y orientación especializada a las mujeres víctimas de violencia y hostigamiento o acoso laboral por cuestión de género.

5° Se instruya a quien corresponda a efecto de que Arturo Loredo ofrezca una disculpa a las agraviadas por las conductas y comentarios que empleó hacia ellas, cuando prestaban sus servicios en la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado.

La fecha límite que tenía el INP para dar respuesta a las propuestas de conciliación finalizó el pasado 20 de marzo del presente año, día en que tuvo lugar la disculpa por parte de Loredo Abdalá. En el acto estuvieron presentes varios funcionarios responsables de distintas áreas del INP, incluyendo al Director.

Loredo Abadalá expresó sus disculpas al grupo de psicólogas, además de entregarla por escrito. Reconoció que sus palabras y actitudes representaron un agravio para ellas y para otras mujeres, sin embargo insistió en que no lo hizo con la intención de provocar algún daño.

En el derecho de réplica, el grupo de psicólogas aceptó la disculpa de Loredo, en especial porque el Director del INP se comprometía también a la no repetición de las agresiones ya mencionadas, compromiso extensivo a todo el personal a su cargo.

El INP aún tiene pendiente la capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres y equidad de género para el personal, así como realizar las sanciones pertinentes tanto a Loredo Abdalá como a funcionarios que se mostraron omisos ante las quejas. A partir del 20 de marzo se inicia el proceso de cumplimiento de las propuestas, el cual consta de 90 días, proceso que será vigilado por la CNDH; de no cumplirse se emitirá una recomendación.

Aunque el INP se ha visto obligado a aceptar las propuestas y cumplirlas, la actitud de sus autoridades deja entrever que aún hay mucho por hacer para transformar la dinámica de violencia y erradicar las agresiones sistemáticas hacia las mujeres y demás personas susceptibles a sufrir discriminación, por ello, los logros de Sandra, Martha e Isabel son de gran importancia, pues colocan bases para mejores condiciones de trabajo en el INP.

No debemos perder de vista que lo que ellas buscan no son beneficios laborales particulares, sino el sentirse restituidas en su dignidad, por ello que sus propuestas para la conciliación están pensadas en función de erradicar la violencia en todas sus manifestaciones y reivindicar el verdadero papel del INP, el cual es brindar servicios de salud de calidad desde el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de las dignidad de las personas tanto a las pacientes como a las trabajadoras.

 

* Aarón E. Hernández Hernández es Colaborador del Área de Investigación del Centro DDHH Fray Vitoria

 

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