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Violencia de Género en el Instituto Nacional de Pediatría
Al interior del Instituto, en la Clínica de Atención Integral para el Niño Maltratado (CAINM), existe toda una dinámica de violencia de género que impide a las mujeres que ahí laboran poder hacer su trabajo desde el cumplimiento de sus responsabilidades, pues recurrentemente reciben insultos por parte del responsable de dicha clínica, el Dr. Loredo Abdalá.
Por CDH Fray Vitoria
28 de junio, 2013
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Por: Aarón E. Hernández Hernández

El Instituto Nacional de Pediatría (INP) es una institución que tiene como objetivo brindar atención médica integral a las infancias del país, en el entendido de que para cumplir con dicho fin es necesario que el equipo de trabajo esté conformado por hombres y mujeres que desde su especialidad y función puedan atender desde lesiones físicas leves hasta atención psicológica especializada. También es necesario que las personas que trabajan en dicho espacio lo hagan en las condiciones laborales más óptimas y dignas que permitan el mayor aprovechamiento de sus capacidades y el desarrollo de nuevas habilidades, además de que el respeto y el reconocimiento a su labor son fundamentales.

Sin embargo, al interior del Instituto, en la Clínica de Atención Integral para el Niño Maltratado (CAINM), existe  toda una dinámica de violencia de género que impide a las mujeres que ahí laboran poder hacer su trabajo desde el cumplimiento de sus responsabilidades, pues recurrentemente reciben insultos por parte del responsable de  dicha clínica, el Dr. Loredo Abdalá, que más allá de hacer uso de palabras políticamente incorrectas, basadas en toda una serie de prejuicios y estereotipos que denigran a la mujer, lo grave es que propicia la configuración no sólo de violencia verbal sino también psicológica.

Durante años, las mujeres que han pasado por la clínica habían preferido pedir su cambio de área que seguir soportando dicha situación. Al intentar abordar el tema con el Dr. Loredo Abdalá o con las autoridades del Instituto no tenía mucho caso, ya que eso ocasionaba insultos por parte del doctor y el persistente silencio de las autoridades omisas. Con el tiempo la violencia no se quedó en palabras, sino que comenzó a verse reflejada en aspectos laborales como el negar días económicos a las trabajadoras, falta de respeto a su criterio clínico y llegando al punto de tener también que reportar al doctor responsable de la clínica si alguna mujer planeaba embarazarse, ya que, según la postura del responsable de área, las ausencias por maternidad bajaban el rendimiento de la clínica.

Las autoridades del INP, al recibir las quejas de las doctoras, enfermeras y demás empleadas de la clínica, invitaban a las quejosas a pasar por alto la violencia ejercida por el mencionado doctor, argumentando que se trata de un hombre con una edad considerable y que sus agresiones podían ser toleradas por esa razón. La otra opción que ofrecían era la de cambiarlas de áreas de trabajo o incluso renunciar.

La situación se había mantenido por años y las mujeres que han sido objeto de violencia han enfrentado la problemática de manera individual, por lo cual no trascendió sino hasta principios del presente año, al organizarse dentro del instituto un foro sobre “La violencia de género”, el cual fue coordinado por el Dr. Loredo como una de las actividades académicas. Esto representó para las mujeres de la clínica una burla y un agravio por lo que externaron al director del instituto su descontento, pero la postura que adoptó dicha autoridad fue la de apoyar incondicionalmente al Dr. Loredo con la realización del foro antes mencionado. Este hecho hacía evidente que la violencia hacia las mujeres de la clínica era ejercida de manera estructural al interior del instituto.

Martha Socorro Gómez Jiménez, Sandra Posadas Pedraza y María Isabel Alcántar Escalera, especialistas en psicología, son tres de las tantas mujeres que han vivido este tipo de violencia en distintos momentos dentro de la clínica al mando del Dr. Loredo. A partir de lo ocurrido con el foro, han decidido romper el silencio, denunciar lo que ocurre en el instituto y exigir el cese de las agresiones y la creación de mejores condiciones de trabajo para las mujeres y hombres que ahí trabajan. Ellas constantemente han tratado de entablar diálogos con autoridades del instituto pero al no recibir respuesta a sus quejas, han iniciado procesos ante instancias de derechos humanos como el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esto es porque el INP es una instancia federal y las instituciones competentes para el caso son las dos antes mencionadas.

El CONAPRED aceptó la queja y comenzó con el seguimiento, sin embargo, se manejó el asunto de una manera interinstitucional, sin contemplar en el proceso inicial a las que denunciaban, es decir, ambas instituciones dialogaban sobre las acciones a tomar invisibilizando a las tres doctoras que iniciaron el proceso, un ejemplo de ello es que cuando el INP emite sus propuestas de solución al conflicto, construye el argumento enfocándose en “atender a lo que el CONAPRED considere conveniente” sin hacer un reconocimiento a la situación de las mujeres. Esto representó para ellas un agravio más, pues se sintieron anuladas en el proceso.

Sobre las propuestas de solución por parte del instituto, se encontraban: la capacitación al personal de base, la reasignación del Dr. Loredo a otra área y la canalización de conflictos similares dentro de la institución a un comité de ética ya existente; pero ninguna de las tres propuestas representaban verdaderamente una reparación del daño, ya que la capacitación debía ser a todo el personal de la clínica, desde el personal de base hasta los directivos (incluyendo al Dr. Loredo). Por otro lado,  el comité de ética que el instituto mencionaba está formado por directivos y no incluía a trabajadores de los distintos niveles, además de no haber entrado en funciones concretas desde su creación. En relación con la reasignación del Dr. Loredo a otra área, ésta si fue efectiva, pero al interior del instituto no se manejó como una amonestación sino como un ascenso por el reconocimiento a su trayectoria. En ningún momento se reconocía al doctor como una persona que ejerce violencia de género, ni se hacía mención de lo ocurrido con las tres doctoras.

Dado que ninguna de las propuestas de solución por parte del INP era aceptable para las denunciantes, el proceso de conciliación llevado por el CONAPRED no llegó a resolución alguna. Por otra parte, el instituto está obligado a ser capacitado por el Consejo en materia de derechos humanos y no discriminación, independientemente del resultado del proceso de conciliación. Ahora, queda esperar el resultado del proceso de la queja levantada ante la CNDH.

Sandra, Martha e Isabel han comenzado a capacitarse en materia de derechos humanos, reconociéndose a si mismas como defensoras de derechos, entendiendo que lo que ellas están tratando de generar en el instituto es una transformación de la estructura burocrática que oprime a la mujer, y generar una institución que se sustente en la equidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos de todos y todas.

Existen varios elementos estructurales que sustentan a la violencia en distintos ámbitos y niveles, por ejemplo tenemos a la estructura patriarcal, la cual atribuye al hombre privilegios sociales y a las mujeres una degradación de las condiciones mínimas necesarias para una vida digna, dando como resultado el no reconocimiento de los derechos de las mujeres.

De lo anterior, vale la pena rescatar los tipos de violencia que particularmente viven las mujeres en México y que puede manifestarse de distintas formas: verbal, cuando se usas palabras que denigran; psicológica, cuando el efecto del maltrato se ve reflejado en la autoestima y en la salud mental; física, cuando las agresiones provocan daño al cuerpo; sexual, cuando se comete abuso y tortura sexual; económica, cuando se controlan los ingresos de la mujer; patrimonial, es aquella que le deniega el acceso a poseer propiedades por el hecho de ser mujer; institucional, cuando las instancias hacen caso omiso de sus funciones; y feminicida, cuando se tiene como efecto final la muerte de la mujer.

La violencia es aprendida y construida, no debe aceptarse como natural bajo ninguna circunstancia. Las estructuras que siguen sustentando la existencia de la violencia pueden ser transformadas, tanto hombres como mujeres debemos cuestionarnos constantemente sobre cómo reproducimos la violencia en nuestros distintos espacios. No podemos dejar de señalar y denunciar las formas mediante las cuales el Estado sigue propiciando las condiciones para que la violencia de género persista. El reconocimiento de los derechos humanos y de la dignidad humana es fundamental para la construcción de una sociedad democrática e incluyente.

 

* Aarón E. Hernández Hernández es Integrante del Área de Investigación del Centro Vitoria

 

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