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La Gran Brecha
Por Ricardo Fuentes-Nieva
Ricardo Fuentes-Nieva es Director Ejecutivo de Oxfam México, que es parte de un movimiento globa... Ricardo Fuentes-Nieva es Director Ejecutivo de Oxfam México, que es parte de un movimiento global de 19 organizaciones luchando contra las desigualdades y la pobreza en más que 90 países. Es economista del CIDE y Pompeu Fabra, especializado en desigualdad y desarrollo. Antes dirigió el equipo de investigación de Oxfam Gran Bretaña. Lideró el primer Reporte de Desarrollo Humano en África y fue coautor de varios Informes Globales de Desarrollo Humano del PNUD. También fue coautor del informe \\\"World Development Report 2010\\\" del Banco Mundial sobre impactos del cambio climático en el desarrollo. Twitter: @rivefuentes (Leer más)
El Contrato Social en la Cuarta Transformación
Preocupa que se sustituya la provisión de servicios públicos con transferencias directas de efectivo, cuando no se tienen reglas de operación claras, ni sistemas de monitoreo y evaluación, y sobre todo mecanismos de control contra el clientelismo.
Por Ricardo Fuentes-Nieva
13 de marzo, 2019
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En 1971, Henry Kissinger preguntó al líder comunista chino Zhou Enlai qué pensaba sobre las consecuencias de la Revolución francesa. El político contestó que “era demasiado pronto para saber”. La respuesta se convirtió en una referencia icónica sobre el impacto de largo plazo de grandes eventos sociales. Décadas después un asesor de Kissinger, que estuvo presente durante el intercambio, aclaró que Zhou muy seguramente confundió la pregunta y pensó que se refería a las manifestaciones estudiantiles en París en 1968. Poco importo la aclaración, la anécdota permanece.

Hoy también es demasiado temprano para saber con certeza cuales serán las consecuencias de la administración del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador. Una cosa parece clara: los altos niveles de aprobación -históricos bajo varias medidas- indican un apoyo generalizado a la idea del cambio político, económico, social y cultural en el país. Es entendible: la pobreza que no cambia en décadas, el bajo crecimiento económico, la violencia endémica y las enormes desigualdades que viven día a día millones de personas hacen que el cambio no sólo sea deseado sino inaplazable. Una gran mayoría de personas en México apoyan claramente el mandato del presidente para transformar un sistema político, económico y social que ha generado mucho dolor, mucha marginación, mucha injusticia.

Donde empieza a haber menos consenso es en cómo se ha implementado ese cambio en los primeros 100 días. A pesar de que un número significativo de iniciativas presidenciales tienen alto nivel de aprobación, ha habido otras decisiones que han generado mucho rechazo, en particular las asociadas a estancias infantiles y refugios para mujeres víctimas de violencia. Durante las ultimas semanas ha habido varias protestas alrededor de las decisiones presupuestales y de administración que afectan sobre todo a mujeres y a niñez. Pero la conversación se ha dado sobre programas específicos y no sobre el sistema general de protección social. El desmantelamiento de programas que mostraban resultados (además de problemas bien identificados) obliga a abrir el debate sobre el futuro del estado de bienestar y la función del Estado.

Una de las preguntas centrales, más allá de programas específicos, es el tipo de relación que el Estado construirá con la ciudadanía. Dicho de otra manera, en este momento histórico de cambio, ¿cuál será el contrato social que regirá el intercambio y la relación entre las autoridades y la ciudadanía?

Históricamente la interacción entre Estado y ciudadanía en México ha sido débil, fragmentada y con poca claridad –basta visitar alguna comunidad rural o un barrio en la periferia urbana donde la presencia de las autoridades es confusa incluso para quienes ocupan cargos de poder público. Para poder transformar al país verdaderamente, es necesario fortalecer y clarificar esta relación ciudadanía–Estado y un elemento central son los sistemas de bienestar. Los componentes de dichos sistemas son un tanto evidentes: deben ser basados en derechos, universales, con enfoque de género, y ser administrados con responsabilidad y transparencia. Sin embargo, lo que no es tan evidente, sobre todo en un país donde la renta petrolera sigue disminuyendo y la recaudación fiscal es baja, es cómo se debe financiar y cuáles son los mecanismos de exigencia en caso de que el Estado no cumpla su labor.

El débil contrato social mexicano se debe, en parte, a una debilidad fiscal que limita las posibilidades de inversión publica en un estado de bienestar verdadero, basado en derechos universales e inalienables. La debilidad fiscal tiene otra causa y consecuencia: el quid del pago de impuestos no está asociado con el quo de las garantías del Estado. Es decir, no está claro que paguemos impuestos a cambio de servicios públicos de calidad. Esta dinámica se debilita tanto a la ciudadanía que no tiene como exigir al Estado, como al mismo Estado que no tiene recursos para proveer seguridad y protección básica a toda la población. Es un círculo vicioso que además permanece invisible.

Durante los 100 primeros días del presidente Lopez Obrador se ha fortalecido la idea de cambio social, que ha sido bien recibida por la mayoría de la población. Sin embargo, aún existen muchas dudas sobre las acciones especificas –o incluso la visión– para fortalecer la relación entre el Estado y los ciudadanos. Las constantes críticas a la sociedad civil organizada –quienes ocupan un espacio público y autónomo independientemente de su filiación ideológica– no ayudan. Tampoco ayuda que el tema central para poder fortalecer el contrato social –una reforma hacendaria progresiva– está completamente ausente de las discusiones públicas. Y finalmente, preocupa que se sustituya la provisión de servicios públicos con transferencias directas de efectivo, cuando no se tienen reglas de operación claras, ni sistemas de monitoreo y evaluación, y sobre todo mecanismos de control contra el clientelismo. Dar dinero para crear clientelas políticas es otra manera como se ha debilitado históricamente el contrato social en este país. No podemos repetir los errores del pasado. La verdadera transformación del país requiere un Estado fuerte (y para eso se necesita una reforma fiscal progresiva) y una ciudadanía activa, saludable y protegida del clientelismo que tanto daño ha hecho a México.

 

@rivefuentes

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