Embarazo adolescente: sin derechos y sin protección
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Por La Círcula
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Embarazo en adolescentes: derechos que no se consideran, aspectos de la vida que no se protegen
La política orientada a la protección de los derechos de las adolescentes embarazadas y madres adolescentes se intensifica para prevenir el embarazo adolescente, se torna moderada para garantizar la atención obstétrica y retención escolar, y disminuye considerablemente para proteger a las madres adolescentes.
Por Rita Muciño Corro
12 de mayo, 2022
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La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) es una política pública que el Estado mexicano adoptó en 2015 con el objetivo de erradicar para el 2030 el embarazo entre mujeres de 10 a 14 años, y reducirlo en un 50% entre mujeres de 15 a 19 años. Dicha estrategia, además de perseguir la reducción de embarazos en adolescentes, considera algunas líneas de acción para la atención de la maternidad adolescente.

Esta política es importante por diversos motivos. Por un lado, aborda el tema de la heterogeneidad del embarazo en la adolescencia en razón de la edad, reconociendo que existen diferencias en los embarazos que ocurren antes y después de los 15 años; mientras que por otro, incorpora dentro de la población objetivo a los hombres adolescentes.

La estrategia encuentra su justificación en el hecho de que las adolescentes de 15 a 19 años de edad constituyen el grupo de mujeres en edad fértil más grande, y que en los últimos 40 años las adolescentes han disminuido su fecundidad en mucho menor grado que otros grupos de edad (ENAPEA, 2015).

En consecuencia, se dispuso alcanzar 5 objetivos específicos a lograr mediante 19 líneas de acción y 90 actividades.

Algunas consideraciones relevantes sobre la política pública

La ENAPEA describe al embarazo adolescente -y, por consiguiente, se podría decir que a la maternidad- como un “problema poblacional que amplía las brechas sociales y de género” (ENAPEA, 2015: 3), connotación que si bien se apega a la caracterización que realiza el derecho internacional de los derechos humanos, impone una carga negativa susceptible de generar un estigma sobre quienes ya son madres.

Cabe señalar que en 2018 el Comité CEDAW hizo manifiesta su preocupación por la insuficiencia de recursos financieros y humanos destinados a la implementación efectiva de la estrategia, cuestión que puede impedir la reincorporación de las madres adolescentes al sistema educativo, por lo que recomendó al Estado mexicano garantizar la suficiencia de recursos para la aplicación de la Estrategia.

Adicionalmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo la observación de que la ENAPEA carece de medidas apropiadas e idóneas para la atención de la maternidad adolescente, sosteniendo que, además de la prevención, deben plantearse acciones para quienes ya son madres y padres adolescentes, es decir, políticas que permitan a las beneficiadas la acumulación de capacidades y habilidades después de convertirse en madres.

Es relevante precisar que, en septiembre de 2021 fue aprobada la “Segunda Fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2021-2024”, en la que se hicieron algunos ajustes a la política existente.

Respecto estas modificaciones, se valora positivamente que, a diferencia de la conformada en 2015, la actual incluye en el análisis el consumo de alcohol y otras drogas, cuestión que es importante para examinar los riesgos que dichas prácticas representan para las y los adolescentes.

Asimismo, se presentan directrices que fortalecen la coordinación entre las instituciones involucradas e integra mayores elementos para trabajar con los hombres adolescentes, sobre todo en temas como la corresponsabilidad y difusión de nuevas masculinidades.

También se robusteció la exégesis con el enfoque interseccional, lo que permite conocer a detalle las diferencias que existen entre las y los adolescentes con motivo del lugar de residencia, género, pertenencia étnica, condición socieconómica y lengua, así como la forma en que esas particularidades inciden en el acceso a los derechos.

Sin embargo, solo retomaron 4 de los 5 componentes que se habían previsto en la Estrategia de 2015, quedando fuera el relativo a las “oportunidades laborales apropiadas para la edad”. De esta manera, la nueva estrategia se aboca a satisfacer el derecho a la educación, y derechos sexuales y reproductivos.

Dicha modificación acota aún más la integralidad de la política pública, y transgrede el principio de progresividad y no regresión de los derechos, en virtud del cual no pueden establecerse medidas que incidan sobre lo previamente alcanzado, a menos que haya una razón objetiva y razonable, o se compruebe que el Estado mexicano hizo todo lo posible por evitar que esto ocurriera.

No obstante, del análisis del documento sobre la Segunda Fase se observa apenas una justificación de que el acotamiento se efectúa para redireccionar y concentrar los esfuerzos, 1 sin que esto pueda considerarse una argumentación suficiente.

Sumado a ello, dicha estrategia se dirige principalmente a igualar las oportunidades mediante la resolución de necesidades prácticas, sin llegar a planear medidas que consideren los intereses estratégicos, y abonen a la resolución de las relaciones de poder y la subordinación.

En suma, la política orientada a la protección de los derechos de las adolescentes embarazadas y madres adolescentes se intensifica para prevenir el embarazo adolescente, se torna moderada para garantizar la atención obstétrica y retención escolar, y disminuye considerablemente para proteger a las madres adolescentes.

Esta tendencia a dejar al margen la atención a la maternidad en este momento de la vida, es contraria al enfoque de derechos en virtud del cual los fenómenos deben analizarse en su integralidad y no de manera aislada.

En este sentido, observar el fenómeno de la reproducción en la adolescencia desde los enfoques de género y de derechos implica ir más allá de solo prevenir el embarazo y conmina al Estado a sentar las bases para la atención de la maternidad en la adolescencia.

Lo anterior considerando que, no obstante es oportuno que se prevenga la gestación en adolescentes, también lo es que por diversas razones que van más allá de la ausencia de métodos anticonceptivos o de conocimiento para utilizarlos -argumentos comúnmente utilizados para sustentar la prevención del embarazo-, hay mujeres que se convierten en madres durante este periodo, lo que obliga al Estado a constituir un marco jurídico y políticas públicas, que garanticen y protejan los derechos de quienes ya son madres.

Lograr una atención integral y adecuada de la maternidad adolescente en el país nos obliga a la reflexión sobre la forma en que se está abordando el fenómeno y a repensar en las medidas que hasta ahora se han acuñado.

@CirculoAnalisis

 

Bibliografía:

Comité para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), 2018, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/CO/9) en sus sesiones 1608a y 1609a, celebradas en julio de 2018.

Gobierno de la República, 2015, Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo Adolescente, ENAPEA.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, 2021, Segunda Fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2021-2024.

 

 

1 Al respecto, en el documento de la Segunda Fase se lee: “El actual gobierno de México presentó una segunda fase de la ENAPEA: la ENAPEA 2021-2024. Con ella se busca reorientar las actividades en el contexto de la actual transformación del país y articularlas con las prioridades y los programas de la nueva administración” (Segunda Fase ENAPEA, 2021: 8). La “reorientación” se basó a su vez en los insumos presentados por Eurosocial, institución que en noviembre de 2020 presentó una evaluación de la ENAPEA, donde se recomendó que la estrategia “focalice sus esfuerzos en un conjunto básico y crítico de intervenciones que afectan los determinantes próximos del embarazo en la adolescencia: detección temprana del abuso sexual y el embarazo forzado; educación sexual integral en las escuelas y otros espacios comunitarios para captar a la población adolescente no escolarizada y consejería en salud sexual y reproductiva y dispensa de método anticonceptivos.

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