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La justicia será feminista o no será
Por La Círcula
El Círculo Feminista de Análisis Jurídico es una organización feminista cuya misión es logra... El Círculo Feminista de Análisis Jurídico es una organización feminista cuya misión es lograr que el derecho sea una herramienta accesible que contribuya a la emancipación y autonomía de las mujeres, lo anterior mediante la divulgación de la cultura jurídica desde una perspectiva feminista y colectiva. (Leer más)
Me cuidan mis amigas, no la policía: violaciones a los derechos humanos en León
14 años después, en Guanajuato se repiten las omisiones y falencias que tuvieron lugar en San Salvador Atenco, lo que permite dimensionar los grandes retos y pendientes a resolver por parte del Estado mexicano.
Por Pamela Zambrano y Rita Muciño Corro
7 de septiembre, 2020
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El pasado 22 de agosto las miradas del país estuvieron sobre León, Guanajuato, debido al abuso de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y violencia sexual en contra de mujeres y adolescentes durante una manifestación feminista para exigir justicia para Evelyn, una joven que sufrió abuso sexual por parte de varios policías en León.

De acuerdo con lo relatado por personas que presenciaron lo ocurrido, así como de las notas periodísticas, las violaciones a derechos humanos suscitadas por la corporación de León al finalizar de la marcha fueron varias: i) detuvieron a 26 personas arbitrariamente en diferentes puntos de la ciudad; ii) abusaron del uso de la fuerza pública durante las detenciones; iii) abusaron sexualmente de mujeres y adolescentes resguardadas; iv) incumplieron su obligación de garantizar el interés superior de la niñez, y v) limitaron el trabajo de las reporteras que se encontraban cubriendo los hechos.

Dichos hechos causaron revuelo y preocupación por parte del movimiento feminista en México, incluyendo a la Círcula. Por ello, el sábado 29 de agosto realizamos un conversatorio con defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas quienes nos explicaron el contexto y sucesos alrededor de la represión policial en contra de los movimientos por la justicia social, principalmente feministas.

Actualmente, Guanajuato es uno de los estados con mayores índices de inseguridad en el país, lo que ha generado un enorme descontento social por la ciudadanía y las compañeras feministas, debido al impacto diferenciado de la violencia contra las mujeres, nos compartió Cynthia Alvarado, de la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato. Además, desde el año pasado en el ejercicio de su derecho a la libre manifestación las compañeras feministas han sufrido diversas agresiones e intimidaciones por parte de las autoridades estatales, desde tomarles fotos sin su consentimiento hasta pasearse a su alrededor con armas largas. Asimismo, han criminalizado al movimiento por medio de amenazas con iniciarles carpetas de investigación por supuestos “disturbios”.

Dichas acciones han permitido la expansión de un ambiente de criminalización en contra de las feministas, lo cual ha influido directamente en el trato hostil y violento de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública, nos comenta Mariana O. de la Red Feminista de León. Adicionalmente la violencia policial en contra la protesta no es un hecho aislado. El pasado 10 de julio la policía de Guanajuato detuvo e hirió a personas pertenecientes al colectivo A Tu Encuentro mientras llevaban a cabo una marcha para exigir justicia por sus familiares desaparecidos.

Esta represión se intensificó el 22 de agosto. Al finalizar la protesta social, cuando muchas de las compañeras que participaron en ella se dirigían a sus casas, la policía de León comenzó a detenerlas en diferentes puntos de la ciudad, inclusive a mujeres que no habían formado parte de la manifestación, por ejemplo, trabajadoras finalizando su jornada laboral o dentro del transporte público.

“Estaban cazando”, nos dijo Melissa Esquivas, reportera que acudió a cubrir el final de la marcha. Las adolescentes y mujeres fueron brutalmente golpeadas, ahorcadas y pateadas al momento de su detención mientras les decían frases como “no estés de llorona” e incluso las amenazaron con desaparecerlas. También, adolescentes fueron violentadas sexualmente, la policía las tocó sin su consentimiento, semidesnudó, las amenazaron con tomar “selfies” de ellas sin su consentimiento y con agresiones de policías varones. De la misma manera no fueron inmediatamente trasladadas ante la representación social, las autoridades las mantuvieron incomunicadas e inclusive el procurador en turno no quiso brindar informes sobre el paradero de las compañeras.

En este sentido, es evidente que el actuar de la policía tuvo el afán de castigar a las adolescentes y mujeres por desafiar la institución policial e incumplir con los roles de género, lo cual se evidenció en las agresiones perpetuadas en su contra y en la intención de causarles miedo.

Estas acciones y omisiones por parte de las autoridades de Guanajuato y de la policía, demuestran una evidente falta de sensibilidad, capacitación e interés por sus derechos humanos, ya que ninguna de las autoridades del estado ha respondido a la altura que la situación demanda. En adición, estos actos se pueden considerar como una forma de criminalización de la protesta social desde el Estado, la cual es atravesada por diferentes violencias cuando se trata de mujeres.

Estos sucesos sin duda nos traen a la memoria eventos tan desafortunados como los acontecidos en mayo de 2006 en San Salvado Atenco, Estado de México, en los que alrededor de once mujeres fueron detenidas en el contexto de una protesta y posteriormente torturadas sexualmente por agentes estatales.

Al respecto, vale la pena recordar algunos de los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció en la sentencia “Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México” de 2018, respecto del uso de la fuerza, la violencia sexual y las detenciones colectivas1.

En cuanto al uso de la fuerza, la Corte IDH ha sostenido que se trata de una medida extrema y excepcional destinada a garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de un territorio.

Para que su empleo pueda ser considerado legítimo, los Estados deben cumplir con ciertas obligaciones específicas, a saber: a) conformar un marco normativo claro y efectivo; b) capacitar y entrenar a los cuerpos de seguridad acerca de los límites y las condiciones a las que debe ser sometida, y c) establecer mecanismos de control y legitimación del uso.

Así también, requiere satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, es decir que deberá: estar encaminada a lograr un objetivo legítimo; ejercerse ante la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios y ser acorde con la resistencia ofrecida y el peligro existente, aplicando un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza.

De manera específica el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias han manifestado que la capacitación sobre la gestión adecuada de las manifestaciones debe incluir el conocimiento sobre técnicas de facilitación y manejo de multitudes, igualmente acerca del papel que tienen las protestas en el orden democrático.

Sumando a estos extremos, el Estado tiene la responsabilidad de diseñar previamente el operativo e instruir de manera clara y precisa a las y los agentes encargados de hacer cumplir la ley a respetar los derechos humanos e impedir que durante el mismo se configuren abusos, así como supervisarlo y monitorearlo.

Respecto de la violencia sexual, la Corte IDH indicó que la violencia infringida a las once mujeres no fue aislada, sino que se enmarcó en un patrón que se dio a lo largo de todo el operativo. El Tribunal Interamericano fue enfático en manifestar, que la violencia tuvo la finalidad de humillar, intimidad e inhibir a las sobrevivientes de tortura sexual de volver a participar en la vida política o expresar su desacuerdo en la esfera pública.

Del mismo modo la Corte IDH calificó a la violencia sexual sucedida en estas circunstancias como una forma intencional y dirigida de control social, de dominio e imposición de poder, cuya finalidad es instrumentalizar los cuerpos de las mujeres como herramientas para transmitir un mensaje de represión y desaprobación.

Asimismo, hace notar las formas diferenciadas de violencia que viven mujeres y hombres, en las que las primeras son blanco de expresiones cargadas de estereotipos de género, al igual que de abusos físicos enfocados las partes íntimas de su cuerpo.

Por lo que hace a las detenciones colectivas, la Corte IDH expuso que para prevenir la arbitrariedad durante las mismas, es preciso que los Estados: individualicen y separen las conductas de cada una de las personas detenidas; la realicen bajo los criterios de necesidad y proporcionalidad, y que las sometan a control judicial.

Del análisis de los hechos acontecidos el día 22 de agosto es posible advertir una similitud entre las omisiones y falencias que tuvieron lugar hace catorce años en San Salvador Atenco, lo cual además de ser preocupante, nos permite dimensionar los grandes retos y pendientes a resolver por parte del Estado mexicano, específicamente de Guanajuato, de esta manera, es vital que las autoridades estatales analicen lo ocurrido durante el operativo con el objetivo de adoptar medidas que garanticen la no repetición de estos eventos.

Finalmente, urge por parte de las autoridades estatales: i) investigar los hechos del 22 de agosto en contra de las adolescentes y mujeres; ii) sancionar a las personas involucradas por medio de un análisis integral desde la cadena de mando; iii) realizar un acto de reconocimiento público, así como compromisos con el movimiento feminista de León; iv) prevenir que actos como los del 22 de agosto no vuelvan a ocurrir, entre otras acciones.

@CirculoAnalisis

 

1 Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 371.

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