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La lucha cotidiana de los derechos humanos
Por Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civ... El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas. (Leer más)
Guardería ABC, también es una lucha de amor
A cinco años de la muerte de 49 niños en el incendio de la Guardería ABC, algunos de los dueños exonerados y sólo personas de bajo rango consignadas. Ninguna de las autoridades de medio o alto nivel, han sido llamadas a rendir cuentas de sus actos u omisiones.
Por Centro Prodh
5 de junio, 2014
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Por: Araceli Olivos Portugal

Este jueves 5 de junio se cumplen cinco años del incendio ocurrido en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, cuyas condiciones en materia de protección civil y de funcionamiento provocaron la muerte de 25 niñas y 24 niños, así como más de 70 lesionados. Al día de hoy, la falta de verdad sobre lo ocurrido y la impunidad prevalecen como respuesta oficial frente a la tragedia.

Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hemos acompañado el caminar de las madres y padres que develaron la corrupción y el tráfico de influencias que yacía en las cenizas. Para las y los dueños y servidores públicos involucrados, la guardería era una bodega donde se depositaban cuotas unitarias con un valor de miles de pesos por cada niña y niño; el cálculo suficiente para un buen reparto de utilidades.

Lo que sucedió hace cinco años es paradigmático del sistema roído en su interior. Desde la documentación que el Movimiento 5 de junio ha compartido, así como la que hemos realizado de los expedientes, las irregularidades van desde su ubicación, a poca distancia de una gasolinera y en una bodega no acondicionada para ese fin; una lona tipo “carpa de circo”, hecha de un material altamente inflamable, que adornaba el área común de juego; no había salidas de emergencia, pues las puertas disponibles no eran abatibles e incluso alguna tenía chapa, y muy pocos detectores de humo, entre otras tantas fallas de protección civil.

Para las madres y padres, el trabajo de pillar la verdad se ha enriquecido con intentos mediocres en términos de resultados por parte de las autoridades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de investigación (hoy en manos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) y abrió una histórica oportunidad de fijar precedentes en dos temas de gran trascendencia social: el irregular esquema de subrogación de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social y las violaciones directas a los derechos humanos de niños y niñas y sus familiares en este caso, como resultado de la ausencia de prevención y garantía por parte de las autoridades competentes a lo largo del territorio nacional, y en el caso particular, en Sonora.

Se conformó una Comisión Investigadora que en su Informe Preliminar en febrero de 2010, determinó que la causa eficiente de la tragedia en la Guardería ABC fue el desorden generalizado que prevalecía en el sistema general de guarderías subrogadas. En la muestra evaluada, ni siquiera el uno por ciento de las estancias cumplía con los requisitos para su funcionamiento. Esta comisión, luego de una ardua labor de investigación y trabajo de campo, determinó con nombre y apellido a los “titulares de los órganos de autoridad que se estima involucrados en la violación de garantías individuales”. Juan Francisco Molinar Horcasitas, Eduardo Bours Castelo, Ernesto Gándara Camou, son sólo algunos de los nombres de autoridades cuyas responsabilidades están claras.

No obstante ello, por una mayoría de seis votos, el pleno del máximo tribunal determinó no afirmar la generalización del desorden legal y fáctico del sistema de subrogación, cuyas bases legales nunca existieron para funcionar en un principio.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) inició de oficio una investigación cuyos resultados son intangibles hasta ahora, algunos de los dueños exonerados y sólo personas de bajo rango consignadas. Ninguna de las autoridades de medio o alto nivel, han sido llamadas a rendir cuentas de sus actos u omisiones. En ese sentido, para la PGR la cadena de responsabilidades es una ficción más a la que hay que ignorar para hacer control de daños; las líneas de investigación no la contemplan, así como tampoco la ilegalidad generalizada del sistema, de la ausencia de controles efectivos, entre otros.

Esta misma Procuraduría, la “representante social”, tuvo en sus manos desde hace cinco años la posibilidad de construir un camino de justicia en torno a los responsables de esta tragedia: quienes permitieron que la mal llamada “guardería” (una de las tantas lecciones aprendidas) continuara funcionando a pesar de la advertencia de no estar acondicionada para proteger la vida de las niñas y niños que ahí se encontraban; quienes renovaron contratos de subrogación, quienes no actuaron diligentemente frente a la omisión en el cumplimiento de las medidas de protección civil, quienes en suma, forman parte de esta cadena de corrupción.

Al final, hoy se celebran también cinco años de una hermosa e intensa lucha de amor. Han sembrado vida para historias futuras, pues en ese camino de construcción colectiva las madres y padres del Movimiento 5 de Junio lograron impulsar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en octubre de 2011, así como una campaña permanente de armonización legislativa en los estados y de concientización social, para que las vidas y los cuerpos trastocados no vuelvan a ser, NUNCA MÁS.

 

* Araceli Olivos Portugal es colaboradora del Área de defensa integral del Centro Prodh

 

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