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La lucha cotidiana de los derechos humanos
Por Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civ... El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas. (Leer más)
Ayotzinapa: verdad y justicia que no llegan
Ayotzinapa ha mostrado que es posible identificar a personas desaparecidas a pesar del paso del tiempo y que se puede avanzar en casos complejos a través de la coordinación entre las entidades encargadas de la investigación penal y las entidades políticas, con la participación de las víctimas, su coadyuvancia y personas expertas independientes. Pero la verdad y la justicia aún no llegan.
Por Centro Prodh
23 de septiembre, 2021
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Esta semana se cumplen siete años de los hechos de Iguala, cuando se perpetró la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, se arrebató la vida a seis personas -entre ellas, tres estudiantes- y quedaron heridas decenas más. El aniversario es especialmente doloroso este año en el que, además, la pandemia se llevó a dos dignos padres: Don Saúl Bruno y Don Bernardo Campos, fallecidos ambos sin conocer el paradero de sus hijos.

El actual gobierno, que arribó al poder impulsado por la necesidad de verdad y justicia sentida en todo el país, prometió resolver el caso. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para lograr el esclarecimiento de los hechos y la determinación del paradero de todos los estudiantes, lo que ha sido reconocido incluso por el propio presidente de la República.

Si se pretende verdaderamente cumplir con este pendiente, es urgente consolidar acciones de investigación sobre la desaparición, intensificar la búsqueda y determinar las responsabilidades penales de los perpetradores. También, adoptar medidas estructurales profundas para responder al cúmulo de desapariciones que sigue en aumento.

Se deben consolidar nuevas acusaciones contra perpetradores de la desaparición forzada, incluyendo a elementos de otras fuerzas de seguridad, así como contra personas privadas que participaron en los hechos pero que recobraron su libertad debido a las irregularidades cometidas en la investigación de la administración anterior. Además, es imperativo que se ejecuten todas las órdenes de aprehensión pendientes; especialmente, debe garantizarse que rinda cuentas ante tribunales mexicanos el extitular de la AIC. También se debe garantizar que el Ejército mexicano, hoy empoderado más que nunca, no siga administrando información sobre lo ocurrido y lograr que las autoridades estadounidenses compartan toda la información relacionada con el caso en aquel país.

Sin duda alguna, también es necesaria una mayor voluntad política para investigar a cabalidad a las altas autoridades del anterior gobierno que, en una decisión política que evidenció brutalmente la capacidad de injerencia de los gobernantes en las instituciones de justicia, decidieron cerrar el caso con una versión conclusiva carente de sustento científico para sofocar la indignación social generada. Estas altas autoridades, por cierto, no terminan de ser indagadas ni en este caso ni en otros que les involucran, como Pegasus u Odebrecht.

A tres años de la actual administración, la persistencia de las resistencias institucionales y de los pactos de impunidad hacen necesario apretar el paso para que no se pierda la posibilidad de hallar lo que siempre han pedido con dignidad las familias: una verdad sustentada en evidencias.

Los avances parciales que se han logrado en el caso pueden contribuir a ello. Entre estos, se encuentra el hallazgo de restos óseos que fueron identificados genéticamente como pertenecientes a dos de los estudiantes desaparecidos. El hallazgo, hay que destacar siempre, se dio en un lugar distinto al que la anterior administración federal trató de imponer como el paradero final de todos los estudiantes.

Por otra parte, es relevante también que se hayan iniciado procesos penales por delincuencia organizada en contra de elementos federales, incluyendo a un capitán del Ejército y  elementos de la Policía Federal, por su relación al momento de los hechos con el grupo criminal que controlaba la zona de Iguala. Así, se desmontó la narrativa, también lanzada por la anterior administración, de que el grupo criminal involucrado en los hechos era de alcance local, coludido únicamente con dos policías municipales.

Otro avance parcial que se debe continuar es el inicio de procesos penales por la tortura cometida para apuntalar la anterior versión oficial; hoy en día enfrentan procesos penales al menos dos elementos de la Marina, dos elementos de la Policía Federal Ministerial y su antiguo titular.

Al mismo tiempo, no podemos dejar de mencionar que es necesario que el seguimiento que recibe el caso Ayotzinapa se replique para las otras decenas de miles de desapariciones que siguen asolando a México. Actualmente, persiste la opacidad en la que opera el sector castrense; las desapariciones siguen aumentando, sumando ya más de 20 000 en este sexenio; y sigue sin cumplirse a cabalidad con lo ordenado por la Ley General en materia de Desaparición, porque la FGR  no desarrolla herramientas básicas indispensables como los bancos de datos forenses que sin duda contribuirían a facilitar la búsqueda.

Ayotzinapa ha mostrado que es posible identificar a personas desaparecidas a pesar del paso del tiempo y que se puede avanzar en casos complejos a través de la coordinación entre las entidades encargadas de la investigación penal y las entidades políticas, con la participación de las víctimas, su coadyuvancia y personas expertas independientes. Pero la verdad y la justicia aún no llegan. Es momento de desanudar lo ocurrido aquella noche y de voltear la mirada hacia otros los miles de dolores que reclaman solución. De lo contrario, la enorme expectativa levantada quedará defraudada. La deuda con estas 43 familias, que con su dignidad y su amor a sus hijos marcaron la historia de México, aún subsiste.

@CentroProdh

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