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La lucha cotidiana de los derechos humanos
Por Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civ... El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas. (Leer más)
Camargo: la persistencia del horror
El caso de Camargo nos confronta con una realidad ineludible: la violencia continúa, México sigue siendo un infierno para los migrantes y las redes criminales no se han ido a ningún lado.
Por Centro Prodh
8 de febrero, 2021
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El hallazgo en Camargo, Tamaulipas, de los restos de 19 personas privadas de la vida y quemadas, muestra la persistencia en México del horror.

Como se ha empezado a documentar, entre las víctimas se encuentran varias personas migrantes originarias de Guatemala, que en su travesía por México hacia la frontera norte encontraron la muerte, como ha ocurrido y sigue ocurriendo con escandalosa sistematicidad en los casos de miles de migrantes. En el caso se ha documentado también la posible participación de policías estatales de Tamaulipas.

En al menos dos dimensiones, este caso muestra que la crisis de violencia que ha enfrentado el país durante los últimos lustros no se ha ido ni puede desaparecer por decreto.

La primera es sin duda la propia recurrencia de la violencia contra los migrantes. Camargo remata el naufragio de la política migratoria de esta administración que comenzó con anuncios de programas de visas humanitarias para después securitizarse por completo ante los amagos del gobierno de Donald Trump, sin avanzar en una mejor garantía del derecho a la vida de las personas que migran a través de México -como esta tragedia lo hace patente-. La continuidad que se advierte entre este hecho y eventos atroces previos, como la masacre de San Fernando, es evidente; emplear fórmulas retóricas para negarlo sólo confirma más la similitud entre ellos.

La segunda dimensión que se hace evidente es la que concierne a la persistencia y extensión de las redes criminales en México. Reiteradamente, los distintos gobiernos estatales y federales han querido simplificar el grave problema de la connivencia de las corporaciones de seguridad con la delincuencia, acotándolo al ámbito municipal. Son las policías municipales, se nos ha dicho de forma explícita o implícita por todas las fuerzas políticas, las que siendo el eslabón más débil del Estado pueden ser permeadas por la corrupción criminal. Esta premisa fue, justamente, parte esencial de la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa; subyace, también, a la idea recurrente de esta administración sobre la incorruptibilidad castrense. Pero una y otra vez, eventos trágicos y dolorosos como Camargo ponen de relieve que la premisa es falsa: que las redes criminales que operan en México tienen ramificaciones hacia los gobiernos estatales y hacia las instituciones federales, que hacen parte también de estos entramados delincuenciales. La posible participación en estos hechos de policías estatales y las conductas irregulares que en los antecedentes de los mismos se han atribuido a agentes del Instituto Nacional de Migración dan cuenta de esta realidad.

El caso Camargo debe concluir en justicia, verdad y reparaciones. Los familiares de las víctimas deben ser informados de los avances hacia el esclarecimiento y la entrega de restos debe ser digna. Para esto se requiere de la intervención del gobierno federal y de una coordinación interinstitucional efectiva.

Pero en tanto esto ocurre, el caso nos confronta con una realidad ineludible: la violencia continúa, México sigue siendo un infierno para los migrantes y las redes criminales no se han ido a ningún lado. Regiones como la frontera tamaulipeca siguen siendo territorio perdido, propio de un Estado fallido que no es capaz de garantizar la vida misma. La apuesta federal por la militarización vía la Guardia Nacional y el Ejército no ha cambiado esta realidad.

Por eso es relevante el trabajo periodístico con el que Animal Político da cuenta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), estando al tanto del agravamiento de la situación de los migrantes, no actuó con la debida diligencia requerida. Lejos de desinformar o poner en riesgo a las víctimas, la investigación brinda elementos para entender por qué siguen ocurriendo atrocidades como la de Camargo: por la inacción de las autoridades que saben lo que está ocurriendo; en el caso, una CNDH que –como hemos denunciado aquí– se encuentra en una deriva lamentable.

Frente a la afirmación de que en México ya se respetan los derechos humanos y de que el país ya cambió, el horror de Camargo se alza como triste recordatorio de que nuestros problemas son más profundos, más estructurales y, lamentablemente, más persistentes.

@CentroProdh

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