CNDH: oportunidad perdida - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
La lucha cotidiana de los derechos humanos
Por Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civ... El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas. (Leer más)
CNDH: oportunidad perdida
A un año de su renovación, estamos perdiendo lo rescatable que había en la CNDH y la oportunidad histórica de volverla una instancia realmente relevante y útil para las víctimas.
Por Centro Prodh
8 de diciembre, 2020
Comparte

A un año de la renovación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en el marco del 10 de diciembre, el momento es oportuno para hacer un balance preliminar de la actual gestión.

Como en otros asuntos públicos, el relevo en la CNDH estuvo marcado por la polarización. De un lado, se afirmaba que la CNDH sólo había servido para encubrir la crisis de violaciones a derechos humanos. Desde el otro lado, se sugería que la CNDH había fungido como verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo.

La realidad presenta más matices. Aunque el Ombudsman anterior empezó a poner de pie a una institución que, tras dos pésimas gestiones, llevaba 15 años sin ejercer a cabalidad su autonomía, con serios problemas de opacidad, la mera continuidad era insuficiente. La CNDH seguía con inercias que debían revisarse. Siendo la institución de su tipo más costosa en América Latina, su desempeño podía mejorar: su relación con las víctimas tenía que ser más cercana; sus capacidades de investigación debían fortalecerse; su gestión de expedientes podía ser menos burocrática; su equipo de visitadores podía mejorar en pluralidad y paridad. La atención de casos especialmente complejos debía ser corregida, también, para no repetir los errores cometidos en la anterior gestión en casos como Ayotzinapa.

Por ello, elegir bien a la Ombudsperson resultaba fundamental. Sin embargo, el modo en que ocurrió la designación tuvo un desenlace que le restó legalidad y legitimidad. Lo que pudo ser el inicio de un cambio de fondo, por el nombramiento de una persona víctima a la cabeza de la institución garante de los derechos, quedó debilitado por un proceso desaseado, sin que hoy esté garantizada la autonomía de esta institución. Más aun, subsisten litigios aún no resueltos en los que se impugnó el proceso, mismos que debe ser analizados a profundidad por el Poder Judicial de la Federación.

En este panorama, era fundamental que en su primer año la Ombudsperson priorizara su legitimación de ejercicio con una agenda clara, con trabajo sustantivo y con especial atención a los temas en que el gobierno federal requería monitoreo estricto: militarización, política migratoria, megaproyectos de desarrollo en territorios indígenas, espacio cívico y estigmatización de la sociedad civil, expansión de la prisión preventiva, entre otros. Esto, sobre todo, a partir de los ámbitos de actividad propios de una institución de su tipo: emitir recomendaciones en casos, presentar acciones de inconstitucionalidad, difundir la cultura de derechos humanos mediante una política de comunicación social consistente y mantener una gobernanza interna mínimamente congruente con los valores que defiende. Enseguida presentamos un balance inicial sobre estos cuatro ámbitos.

En cuanto a la emisión de recomendaciones, durante este año la CNDH ha emitido más de 60, 8 de ellas sobre graves violaciones a derechos humanos. Aunque en cifras este ejercicio no dista mucho de los que se han hecho en el pasado, y en especial del primer año de la anterior gestión -que es con el que metodológicamente resulta más adecuado hacer el contraste- dos temas llaman la atención. El primero es que la gran mayoría de las recomendaciones han sido emitidas por violaciones a derechos humanos cometidas durante la anterior administración, más de 40; aunque esto es comprensible porque este es el primer año de ejercicio, si esta tendencia no se revierte puede ser indicativa de condescendencia y complacencia con las actuales autoridades federales. El segundo es que el tiempo que en promedio transcurre entre una queja y una recomendación no se está reduciendo, es de casi 30 meses, aunque existen excepciones notables que parecen obedecer más bien a sesgos deliberados; por ejemplo, la actual CNDH emitió recomendaciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en expedientes que se integraron en menos de tres meses, mientras que las quejas contra la Guardia Nacional no se resuelven con igual premura. Este rezago en las recomendaciones lo hemos constatado en el Centro Prodh desde el trabajo concreto de acompañamiento a víctimas que realizamos cotidianamente: por ejemplo, no han avanzado las investigaciones de 8 casos de mujeres víctimas de tortura sexual que acompañamos desde el 2018. Y en casos como Ayotzinapa, aunque ante los medios la CNDH sostiene que ha realizado grandes contribuciones, lo cierto es que ha sido ajena al proceso de esclarecimiento en marcha.

 

 

Sobre la presentación de acciones de inconstitucionalidad, los números son similares. Se han presentado durante este primer año alrededor de 90 acciones ejerciendo este medio de control constitucional. Empero, en el análisis cualitativo de nuevo salen a relucir parcialidades: sólo una de estas acciones ha sido contra una legislación federal, la Ley Federal de Derechos de Autor. Aquí vale la pena destacar también otras omisiones: por un lado, la CNDH no impugnó el Acuerdo Presidencial por el que se profundizó la militarización de la seguridad, pese a que en una interpretación progresiva de sus facultades podría hacerlo; por otra, no ha anunciado acción de inconstitucionalidad contra las reformas legales regresivas que acompañaron la controversial eliminación de fideicomisos públicos, como las reformas a la Ley General de Víctimas.

Por cuanto hace a la comunicación social, entre noviembre de 2019 y septiembre de 2020 la CNDH emitió más de 300 boletines de prensa. Aquí de nuevo, aunque lo números no reflejan un decremento de la actividad, cualitativamente sí hay deficiencias; éstas son notorias tanto en temas, como en contenidos y de nuevo en omisiones. En lo primero, destaca que la CNDH ha tenido que dedicar un número inusual de comunicados a conflictos internos y problemas con su personal, llamativamente no respecto de quienes ya integraban la institución sino respecto de quienes ingresaron en este período; en cuanto a lo segundo y lo tercero, ha sido lamentable cómo en casos de violaciones graves a derechos humanos -ejecuciones, ni más ni menos- cometidos por personal militar durante esta administración, la CNDH contra todos los estándares internacionales en la materia ha pedido a la propia SEDENA que investigue en el único caso en el que se ha pronunciado (ejecución en Nuevo Laredo), mientras que en otros casos de impacto público en este rubro (como los hechos de la Boquilla, Chihuahua, por ejemplo) la CNDH guardó silencio. Estas omisiones adquieren mayor gravedad por la profundización de la militarización que hoy vive México y porque personas que estuvieron a cargo de las visitadurías al inicio de la gestión han denunciado públicamente que esta CNDH evita deliberadamente señalamientos críticos respecto de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Mirando a la gobernanza interna, la CNDH permanece en una situación irregular, pues su Consejo Consultivo continúa incompleto pese a que se trata de un órgano de supervisión previsto en la Constitución y la propia Ley del organismo, con facultades relevantes para su conducción. Al día de hoy, tras la renuncia de seis de sus integrantes, el Consejo sólo lo conforman tres personas y no hay registro público de que estos hayan sesionado, al menos desde marzo de 2020.

En suma, si en términos cuantitativos se mantiene la actividad, en términos cualitativos es claro que hay retrocesos. Estos retrocesos, sin embargo, no se atienden en las propuestas de cambios de práctica y normativos que la Ombudsperson está impulsando. Impulsar la austeridad resulta fundamental, pero por sí misma no transforma la atención víctimas y por el contrario puede impactarla negativamente si los recortes son abruptos. Proponer reformas para cambiar el nombre de la institución puede dar materia para la publicidad, pero no apuntalará su autonomía, como sí lo harían reformas legales desde hace tiempos pendientes, como cancelar la posibilidad de que el Ombusperson se reelija para un segundo periodo. Sugerir modificaciones para hacer vinculantes las recomendaciones puede resultar atractivo en el discurso, pero en la práctica desnaturalizaría a la institución y generaría múltiples litigios.

Cuestiones verdaderamente sustantivas como mejorar la gestión de expedientes y las capacidades investigativas, tener una aproximación estratégica a los temas más urgentes de la agenda de violaciones graves -desapariciones, tortura, ejecuciones-, como profundizar el trabajo de protección a derechos territoriales indígenas o innovar en el seguimiento de recomendaciones, incluyendo las generales, han quedado soslayadas. Se ha relativizado la relevancia a las dimensiones técnicas en el trabajo de la CNDH, sustituyéndola con política de bajo nivel.  A ello ha contribuido el cerrar la puerta a defensores y defensoras de derechos humanos que por años han trabajado con independencia estos temas y el no profundizar la apertura a las instancias internacionales de derechos humanos.

Es un momento crítico. No es que estemos perdiendo la CNDH para la defensa de los derechos humanos y como contrapeso pues en realidad nunca cumplió del todo esas funciones, pero sí estamos perdiendo lo rescatable que había en ella y, sobre todo, la oportunidad histórica de volverla una instancia realmente relevante y útil para las víctimas. La influencia negativa que esto puede tener en las ya de por sí muy débiles comisiones estatales de derechos humanos, normalmente supeditadas a los gobernadores, es también preocupante. La toma de las instalaciones de la CNDH por colectivos de víctimas es hoy un signo de que el la institución está a la deriva y de que cambiar el rumbo con autocrítica, humildad y sentido de Estado, es indispensable.

@CentroProdh

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.