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La lucha cotidiana de los derechos humanos
Por Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civ... El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas. (Leer más)
GIEI: el decisivo segundo período
Será fundamental que en este segundo periodo de trabajo del Grupo de Expertos de la CIDH –que inició el 31 de octubre de 2015 y terminará el 30 de abril del 2016- el GIEI cuente con las condiciones indispensables para continuar su labor, en vez de la persistente negativa para que puedan entrevistarse directamente con elementos del Ejército que presenciaron hechos relevantes durante el ataque en contra de los normalistas de Ayotzinapa.
Por Centro Prodh
4 de noviembre, 2015
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El segundo periodo de trabajo del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) es tanto una buena noticia como un nuevo reto para la agenda de derechos humanos en México y, sobre todo, para quienes aspiramos a que el llamado “caso Iguala” sea un parteaguas en la forma de afrontar la grave crisis de corrupción e impunidad que vive el país.

A lo largo del año transcurrido desde los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa no han cejado ni un solo momento en su demanda de verdad, justicia y localización de los 43 jóvenes. Para ello, han repetido una y otra vez, que el trabajo serio, profesional y comprometido del grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es indispensable. Con este tesón han conseguido que se prorrogue la presencia de Carlos Martín Beristaín, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa, quienes continuarán con su mandato en los meses por venir.

Los padres y madres de los normalistas han explicado muchas veces su confianza en el GIEI pues, como dijeron en su mensaje a la CIDH para pedir la prórroga del mandato, el grupo ha sustentado sus dichos con pruebas científicas y con su informe ha desmontado la “verdad oficial” que se les pretendió imponer. A más de un año de los hechos, la única certeza es que se les ha mentido a las familias, insisten. “Hay muchas anomalías por parte de la PGR que ha ocultado muchas evidencias, cámaras de seguridad en Iguala destruidas. ¿Y quiénes lo han descubierto? Pues los expertos”, confió por video el señor Clemente durante la audiencia de la CIDH.

Pero el trabajo de los expertos –como dicta su mandato- va más allá del caso de los normalistas ejecutados, torturados y desaparecidos. El rigor y la profundidad del informe de sus seis primeros meses de trabajo, han hecho que el Informe sea considerado como uno de los más relevantes documentos en materia de derechos humanos de la historia reciente del país. En él se desnudan las falencias de un sistema de justicia indiferente ante las decenas de miles de desapariciones en México. En él se ofrecen también recomendaciones para iniciar el largo camino de la justicia que hace falta. En este sentido, es una buena noticia también que el GIEI siga en nuestro país durante los meses en que será discutida la Ley General para Prevenir y Sancionar las Desapariciones, pues el grupo también tiene facultades para hacer observaciones a las iniciativas que se presenten.

Por esto, será fundamental que en este segundo periodo de trabajo –que inició el 31 de octubre de 2015 y terminará el 30 de abril del 2016– el GIEI cuente con las condiciones indispensables para continuar su labor. Éstas fueron definidas y establecidas en los 10 puntos a los que se comprometió el Estado ante la CIDH durante la audiencia. Entre ellas se encuentran la relocalización del expediente, lo que implica que no continúe más en manos de quienes dieron por cierta una versión carente de pruebas científicas serias y transferirlo a un nuevo equipo de investigación; la reestructuración de la indagatoria con base en el informe GIEI y a partir de su colaboración, lo que derivará en un plan de investigación generado por los expertos; y, sobre todo, el relanzamiento de la búsqueda, entre otros.

Aunque es encomiable que el Estado haya expresado su compromiso de continuar con la investigación y haya firmado los 10 compromisos, persisten algunos temas en los que no se vislumbra una plena apertura al escrutinio internacional. Uno de ellos es la persistente negativa de que el GIEI pueda entrevistarse directamente con elementos del Ejército que presenciaron hechos relevantes durante el ataque, como el Grupo ya lo hizo con presuntos responsables, víctimas y testigos, incluyendo a policías de diversas corporaciones. Los expertos lo dijeron ante el pleno de la CIDH: en vez de un diálogo razonado, han prevalecido evasivas y pronunciamientos en medios de comunicación que solamente abonan a la confusión y la desconfianza.

Así, en los meses venideros será fundamental que la sociedad siga acompañando a los padres y a las madres en su legítimo reclamo de justicia por los caminos que éstos han trazado. “Hoy queremos luchar y seguir luchando, y solamente con ellos hasta saber la verdad”, le dijo don Bernabé a la CIDH refiriéndose a los expertos. Esta legítima y justa exigencia de las víctimas no debe ser ignorada por el Gobierno Federal; por el contrario, debe traducirse en que el GIEI cuente con las condiciones necesarias para realizar su trabajo en este relevante segundo período. Sólo así se alcanzará la verdad en el caso Ayotzinapa.

Estas condiciones también permitirán que el aporte de los expertos en la construcción de una verdadera política de Estado frente a las desapariciones, en el marco de la discusión de la Ley General, se traduzca en propuestas legislativas que respondan a la dolorosa experiencia de miles de víctimas que no sólo exigen justicia sino también participar en ese fundamental proceso legislativo.

 

@CentroProdh

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