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La lucha cotidiana de los derechos humanos
Por Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civ... El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas. (Leer más)
Guardia Nacional sin controles
Vistos de forma conjunta, los controles previstos son insuficientes a la luz de la experiencia acumulada los últimos tres lustros, que muestra cómo las fuerzas de seguridad se han habituado a eludir la rendición de cuentas.
Por Centro Prodh
2 de mayo, 2019
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Han sido difundidos, aunque aún no presentados formalmente, los proyectos de las leyes secundarias que regularán y darán contenido a las reformas constitucionales por las que se creó la Guardia Nacional.

Se trata de tres proyectos legislativos: la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la de la Ley Nacional del Registro de Detenciones; a estas se suma una serie de reformas propuestas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al revisar estas iniciativas desde la perspectiva de derechos humanos, es fundamental analizar si la nueva corporación tendrá suficientes controles internos y externos. Las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) son una buena base para realizar este análisis.

En cuanto a los controles internos y externos, la iniciativa de Ley de la Guardia Nacional propone -básicamente- un esquema en el que los internos estarían conformados por el Consejo de Carrera (art. 28, fr. XI), para atender lo relativo a nombramientos y ascensos, y por los así llamados Órganos de Disciplina (art. 72), entre los que se encuentran la Junta de Comisarios, el Consejo de Honor Superior y el Consejo de Honor Ordinario, que quedarían a cargo de aplicar el régimen disciplinario previsto en el proyecto de ley. En tanto, los controles externos previstos son sólo dos: uno de carácter parlamentario (art. 102), consistente en el informe que anualmente deberá rendir ante el Senado el Secretario de Seguridad Pública; y otro de carácter judicial (art. 106), únicamente relacionado con las intervenciones de telecomunicaciones. No hay más controles robustos en la iniciativa: ni otros controles internos, como lo serían las unidades de asuntos internos, ni otros controles externos, como lo serían esquemas de escrutinio que no sean encabezados por los mismos mandos de la Guardia.

Vistos de forma conjunta, los controles previstos son insuficientes a la luz de la experiencia acumulada los últimos tres lustros, que muestra cómo las fuerzas de seguridad se han habituado a eludir la rendición de cuentas. Esto ha sido especialmente notorio por cuanto hace a las Fuerzas Armadas: cuando el Ejército y la Marina han estado a cargo de sancionar las faltas y delitos de sus integrantes, ha prevalecido el espíritu de cuerpo y el resultado recurrente ha sido la impunidad. Así ocurrió durante años con el fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos.

Frente a esta realidad, expertos como Ernesto López Portillo han abogado desde años por el fortalecimiento de las instancias de control interno y externo, proponiendo figuras como el Auditor de la Policía, de modo que la labor de supervisión no quede en manos de las propias fuerzas de seguridad.

El diseño de figuras de esta índole no es hoy optativo para el Estado mexicano pues es una obligación internacional. Hay que recordar que la CorIDH, en la sentencia dictada a México por el llamado caso Atenco, ordenó: “[…] el Estado deberá establecer al nivel federal un observatorio independiente que permita dar seguimiento a la implementación de las políticas en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la policía del estado de México, dentro del cual se permita la participación de miembros de la sociedad civil. Asimismo, dicho observatorio deberá generar información que permita realizar mejoras institucionales en la materia […]” (párr. 356).

El proyecto de iniciativa de Ley de la Guardia Nacional no prevé ningún control de esta naturaleza; de hecho, no prevé ninguna instancia de supervisión externa a la propia estructura de la Guardia. Es deseable, por tanto, que en la inminente discusión que tendrá lugar en el Congreso de la Unión se diseñen controles más robustos, que no sólo no queden en manos castrenses, sino que además fomenten la inclusión de miradas civiles.

El fortalecimiento de los controles democráticos sobre la Guardia Nacional debe impulsarse también respecto de las otras leyes secundarias que se analizarán en el Congreso. Por ejemplo, la propuesta de Ley del Registro de Detenciones debe mejorar, para cumplir con lo ordenado por la misma Corte IDH en el caso “Campesinos Ecologistas” (párr. 243), conforme a la cual el referido registro debe garantizar su actualización permanente, su interconexión, el respeto a la privacidad y la existencia de consecuencias frente a un eventual incumplimiento. En su redacción actual, el borrador exceptúa a las Fuerzas Armadas del deber de registrar inmediatamente las detenciones que realicen, por obra del artículo 20. También, al derogar el registro administrativo de las detenciones previsto entre otras normas en el artículo 113 fracciones VI y VII la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el proyecto en cuestión deja de lado algunas salvaguardas para la integridad física que esta norma incorporó en 2017 -cuando se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura-, específicamente la toma de fotografías de la persona detenida para verificar su estado físico.

Algo similar ocurre con la propuesta de Ley sobre el Uso de la Fuerza. Si bien incorpora controles relevantes, estos aún pueden fortalecerse en el sentido al que apunta la CorIDH en el caso Atenco (párrs. 221 y 356), que obliga a diseñar salvaguardas que operen antes, durante y después de que la fuerza pública se emplee.

Como es sabido, con la creación de la Guardia Nacional se ha apostado por un modelo militarizado de seguridad. Frente a este hecho consumado, lo mínimo que debe impulsarse es el desarrollo de controles civiles internos y externos sobre la corporación naciente. La alternativa extrema por la que ha optado el Gobierno federal requiere, al menos, el diseño de controles igualmente extremos y extraordinarios. Sólo así podrá romperse la inercia acumulada de violaciones a derechos humanos que han dejado como penosa estela las políticas de seguridad de los últimos gobiernos.

En el caso Alvarado, la CorIDH señaló: “[…] el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles […] cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser: a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia; y d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces” (párr. 182).

El despliegue militar inherente a la Guardia Nacional no será ni extraordinario ni subordinado; el debate que viene mostrará si, al menos, es regulado y fiscalizado.

@CentroProdh

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