Jesuitas asesinados en la Tarahumara: exigencia de justicia
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La lucha cotidiana de los derechos humanos
Por Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civ... El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas. (Leer más)
Jesuitas asesinados en la Tarahumara: exigencia de justicia
Los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales son una muestra más de la irresponsable abdicación del Estado a salvaguardar la vida y la integridad de sus habitantes, que se recrudece en las regiones más aisladas y empobrecidas de México.
Por Centro Prodh
22 de junio, 2022
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El pasado 21 de junio de 2022 fueron asesinados en Cerocahui, comunidad enclavada en la sierra tarahumara de Chihuahua, los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales “El Padre Gallo”. En los hechos, otra persona más fue privada de la vida. Los cuerpos de los padres fueron sustraídos y al momento de escribir estas líneas no han sido recuperados y continúan desaparecidos.

Según ha trascendido, el evento se habría suscitado luego de que una persona perseguida por sicarios locales buscara resguardo en el templo confiado a la Compañía de Jesús en esa comunidad rarámuri. El asesinato de los jesuitas habría ocurrido en respuesta a su intento de preservar la vida en un lugar sagrado.

Este triste y doloroso evento de violencia es una muestra más de la irresponsable abdicación del Estado a salvaguardar la vida y la integridad de sus habitantes, que se recrudece en las regiones más aisladas y empobrecidas de México.

Frente a los hechos, como lo exigió la Compañía de Jesús en un comunicado oficial, es indispensable que haya justicia. Desde luego, no por un ánimo de venganza, obviamente impropio de la identidad jesuita, sino porque la ausencia de consecuencias frente a la violencia en regiones como la tarahumara es lo que alienta que eventos similares se repitan una y otra vez en contra de quienes menos tienen.

También es fundamental garantizar la seguridad de sobrevivientes, jesuitas, laicos, religiosas y toda la comunidad que sigue en Cerocahui, alrededor de la parroquia jesuita que ha sido desde siempre su casa. Esta es la tarea más compleja, pues los gobiernos federal y estatal, después de homicidios de alto impacto como estos, acostumbran desplegar operativos vistosos sólo por unos cuantos días, que cuando concluyen dejan a las comunidades y personas en mayor vulnerabilidad.

Como lo señala el Gobierno Provincial de los Jesuitas, encabezado actualmente por el P. Luis Gerardo Moro Madrid, estos homicidios deben traer luz sobre tantos otros asesinatos que quedan impunes y que no alcanzan ya, por la normalización de la violencia, ni siquiera un lugar destacado en los titulares de los medios de comunicación.

El Padre Joaquín y el Padre “Gallo” tenían, ambos, alrededor de 80 años. Su vida la habían entregado a servir a los más pobres, y en particular a compartir su existencia con los hombres y mujeres rarámuri de Chihuahua. El testimonio que dejan es el de dos hombres de fe profunda, que hasta las últimas consecuencias defendieron la dignidad de un pueblo que ha vivido en el olvido secular. En fidelidad a sus trayectorias, sus asesinatos deberían provocar que la atención pública voltee a ver regiones como la Tarahumara, donde la violencia ha sentado sus reales y el Estado sigue ausente.

La irrupción de un grupo armado en un templo religioso para asesinar a dos ministros de culto por la búsqueda de refugio de otro ser humano, a la postre asesinado también, supone un descenso más en la espiral de violencia inhumana que define el perfil del México contemporáneo.

En este caso, todo indica que el autor material estaría vinculado a grupos delincuenciales. Pero no debe soslayarse que detrás de esos grupos están siempre redes criminales en las que la línea entre el estado y la criminalidad se volvió, desde hace mucho, poco nítida. Y detrás está también un gobierno estatal, como el de Chihuahua que hoy encabeza María Eugenia Campos, que reproduciendo el racismo estructural ha dejado en el olvido a los pueblos indígenas. Y un gobierno federal, que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador, que ha apostado empecinadamente por una estrategia militarizada y centralista de seguridad, que claramente no está funcionando, lo que lejos de reconocerse se elude, pues el gobierno federal se empeña en presentar cuentas alegres difundiendo un discurso que falsea la realidad al presumir un cambio que, en cuanto a reducir la violencia en el país, no ha ocurrido.

La memoria del Padre Joaquín y del Padre Gallo no será olvidada. Como han dicho los jesuitas de México: “Su sangre derramada será fermento para la pacificación del país. Por causa de ustedes se bendice el nombre de Dios entre los pobres”.

@CentroProdh

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