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La lucha cotidiana de los derechos humanos
Por Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civ... El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas. (Leer más)
Justicia para las víctimas de tortura
El único camino para garantizar la libertad de los y las inocentes, la investigación de los delitos con base en la lógica y la evidencia, la libertad e integridad de la ciudadanía en momentos de protesta social, y otra gama de nuestros derechos, es poniendo fin a la tortura.
Por Centro Prodh
27 de junio, 2020
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Este 26 de junio es el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. En palabras de la ONU, “es una oportunidad para pedir a todos (…) que se unan en apoyo de los cientos de miles de personas que en el mundo entero han sido víctimas de torturas o que todavía hoy son torturadas”1.

En nuestro país, la tortura sigue vigente como método de represión -como nos muestran los hechos recientes de brutalidad policial en Jalisco– y como herramienta de fabricación de culpables, práctica recurrente que manda a personas inocentes a la cárcel mientras los verdaderos responsables de los delitos quedan impunes2. Las víctimas de esta práctica incluyen numerosas mujeres inocentes, víctimas de detenciones ilegales y tortura sexual, quienes han sido acusadas de delitos que no cometieron.

Nuestro acompañamiento a personas sobrevivientes de tortura nos permite ver una y otra vez tanto el inmenso daño físico, emocional, familiar y comunitario que puede causar la tortura, como la fuerza, valentía y dignidad de las víctimas. La lucha incansable de las personas sobrevivientes y sus familias ha contribuido a la liberación de personas inocentes, a la creación de espacios de solidaridad y recuperación y a otros avances concretos en los últimos años.

Sin embargo, el panorama a nivel nacional permanece desolador. Según la Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad 2016 (ENPOL)3, el 75.6% de las personas privadas de libertad sufrió violencia psicológica y el 63.8% violencia física en el arresto4. Más del 40% de las personas detenidas que se declararon culpables ante el Ministerio Público informa que lo hizo porque fue objeto de agresiones físicas, amenazas u otras formas de coerción.5

Los organismos internacionales coinciden en señalar que, en México, no se aplican correctamente las directrices internacionales para la investigación y documentación de la tortura, agrupadas en el Protocolo de Estambul. El Comité contra la Tortura de la ONU en 20036, 20077, 20128 y 20199; el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura en 201010 y 201711; el Relator Especial sobre la Tortura en 201412; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 201513; el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en 201614, y numerosas organizaciones de la sociedad civil15 han señalado las fallas estructurales en la aplicación del Protocolo de Estambul en México.

La impunidad se ve en las cifras oficiales. Según lo documentado por el Observatorio contra la Tortura 16, entre 2014 y 2018 se iniciaron 9,998 investigaciones federales por tortura; en respuesta a una solicitud de información complementaria, la Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR) reportó sólo 22 consignaciones por dicho delito en el mismo periodo17, equivalente al 0.2%.18

En este contexto, hace tres años se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, numerosas instituciones siguen sin implementar ni aplicar correctamente la ley. A la fecha, el Estado ni ha puesto en marcha el Registro Nacional del Delito de Tortura que debió operar desde 2018, ni ha publicado el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura que debió expedirse en diciembre de 2017.

Mientras tanto, la impunidad continúa. En 2018 se iniciaron más de 3,600 investigaciones por tortura en el fuero común, y sólo en dos casos se reportó la presentación de cargos penales por tortura ante un juez19. En 2019, se iniciaron 2,283 investigaciones federales por tortura20. Según el Informe Anual de Actividades de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos 2019, se destaca “la judicialización de 1 carpeta de investigación” ese año por la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura21.

El único camino para garantizar la libertad de los y las inocentes, la investigación de los delitos con base en la lógica y la evidencia, la libertad e integridad de la ciudadanía en momentos de protesta social, y otra gama de nuestros derechos, es poniendo fin a la tortura. La ruta crítica ya existe en la Ley General. Ahora, en solidaridad con las víctimas y familias que tenemos el honor de acompañar en su búsqueda de verdad y justicia, exigimos que el Estado muestre su voluntad de priorizar la erradicación de este crimen tan dañino para la sociedad mexicana.

@CentroProdh

 

1 Disponible aquí.

2 Ver Centro Prodh, La magnitud de la crisis de derechos humanos en México en el marco de las políticas de seguridad pública y del sistema de justicia penal (2016).

3 INEGI, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016), Principales Resultados, p. 6.

4 Ibíd., p. 25-26.

5 Ibíd., p. 33.

6 Comité Contra la Tortura, Informe sobre México preparado por el Comité, en el Marco del Artículo 20 de la Convención, y Respuesta del Gobierno de México, CAT/C/75, 25 de mayo de 2003, párr. 147-154.

7 Comité Contra la Tortura, CAT/C/MEX/CO/4, 6 de febrero de 2007, párr. 16(a).

8 Comité Contra la Tortura, CAT/C/MEX/CO/5-6, 11 de diciembre de 2011, párr. 17.

9 Comité Contra la Tortura, CAT/C/MEX/CO/7, 24 de julio de 2019, párr. 26.

10 Subcomité para la Prevención de la Tortura, CAT/OP/MEX/1, 31 de mayo de 2010, párr. 86-87.

11 Subcomité para la Prevención de la Tortura, CAT/OP/MEX/R.2, 15 de diciembre de 2017, párr. 51-52.

12 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: Misión a México, A/HRC/28/68/Add.3, 29 de diciembre de 2014, párr. 45 y 82(d-f).

13 CIDH, Situación de derechos humanos en México, OEA/Ser.L/V/II, 31 de diciembre de 2015, párr. 308-09.

14 GIEI, Informe Ayotzinapa II: Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas (2016), p. 603-604.

15 Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité Contra la Tortura de la ONU 2012-2019, p. 14, 55-61.

16 El Observatorio está integrado por CEPAD, Documenta, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar y el Centro Prodh, con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ver aquí.

17 Estas y todas las cifras brindadas por el Observatorio contra la Tortura provienen de respuestas a solicitudes de información pública. Esta información está disponible aquí para el periodo 2014-2018 y los datos de 2019 están en proceso de ser incorporados a la plataforma.

18 Los casos consignados pueden no corresponder a investigaciones iniciadas en el mismo periodo.

19 Disponible aquí.

20 Dato del Observatorio contra la Tortura.

21 Informe Anual de Actividades de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos 2019, p. 17. Como también se desprende de este informe, la gran mayoría de investigaciones por tortura a nivel federal no son iniciadas por la Fiscalía Especializada en la materia, a pesar de que todo acto de tortura corresponde a dicha Fiscalía según dispone la Ley General. Por lo anterior, entendemos que pueden existir consignaciones por tortura no incluidas en la cifra citada supra.

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