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La lucha cotidiana de los derechos humanos
Por Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civ... El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas. (Leer más)
La Soledad: una batalla contra la reforma energética
Desde 2014, la comunidad de La Soledad, ubicada en Veracruz, pelea legalmente en contra de la entrada en vigor de la Ley de Hidrocarburos, argumentando que con ella se violaron sus derechos a la consulta, a la tierra y territorio o propiedad territorial indígena, al medio ambiente sano y al agua.
Por Centro Prodh
2 de noviembre, 2017
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La lucha jurídica y organizativa que está dando La Soledad, una comunidad nahua ubicada en el municipio de Tlachichilco, al norte del estado de Veracruz, podría sentar precedentes en la defensa de los territorios de los pueblos originarios que han sido impactados por la reforma energética. Los recursos interpuestos por la comunidad buscan que el Poder Judicial reconozca que la reforma ha afectado derechos de la comunidad desde la elaboración de las leyes, su entrada en vigor y su aplicación. En ese contexto, y de ganar la batalla jurídica, se reconocería que diversos artículos de la Ley de Hidrocarburos –pilar de la reforma- son inconstitucionales y faltan a las obligaciones internacionales del Estado en perjuicio de los pueblos. Además, al resolver este caso las autoridades judiciales podrán considerar la cosmovisión particular de los pueblos originarios, que es el fundamento de su especial protección en el régimen de derechos humanos.

Con más de 300 habitantes, La Soledad –al igual que el resto de las comunidades indígenas a lo largo y ancho de México- guarda una especial relación con su tierra y territorio. Sus parcelas son el legado de generaciones dedicadas a la siembra del frijol, cacahuate, pipián, chayote y maíz como elemento central no solamente de su alimentación, sino de su desarrollo comunitario. La noticia de que, sin informarles ni consultarles previamente, desde las oficinas del gobierno federal se dispuso de su territorio para la exploración y explotación de hidrocarburos, les puso en alerta máxima. Lo que se juegan es ni más ni menos que su existencia.

En La Soledad no hay señal telefónica. En 2014, a través de los pocos medios de comunicación que llegan hasta ahí, las y los habitantes supieron de la aprobación de las leyes secundarias a la reforma energética, entre ellas la Ley de Hidrocarburos, con lo que determinadas regiones de México quedaron “apartadas” para su exploración y explotación por particulares y por Petróleos Mexicanos (Pemex). La sorpresa fue que su núcleo agrario quedó comprendido en estas zonas sin que nadie se hubiera acercado a consultarles, a lo que tienen derecho de acuerdo con el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los artículos 19 y 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de nuestro país.

Es importante recordar que, haciendo de lado los derechos colectivos indígenas a la tierra y territorio, a su cultura, a elegir sus propias formas de desarrollo, al medio ambiente sano, al agua, entre otros, la reforma energética otorgó el carácter de preferente a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, lo que quiere decir que se dará prioridad a éstas sobre cualquier otras que las comunidades pudieran realizar en sus territorios, como la siembra, el pastoreo, el aprovechamiento del agua o incluso las ceremonias religiosas. Para mayor agravio se incluyó en la reforma una cuestionable modalidad de “servidumbre legal”, figura que dispone que, aunque una comunidad se opusiera a alquilar o enajenar sus tierras para estos propósitos, tendría que cederlas de manera forzosa, a cambio de una contraprestación; por ejemplo, un monto por el uso y ocupación de las tierras.

Cargando con la preocupación por el futuro de la comunidad, las y los habitantes de La Soledad decidieron que, para defender la tierra, emplearían todos los recursos a su alcance, incluyendo las acciones legales.

De este modo, a finales de 2014 y con el acompañamiento del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las autoridades agrarias tradicionales de La Soledad presentaron una demanda de amparo indirecto en contra de la entrada en vigor de la Ley de Hidrocarburos, argumentando que con ella se violaron sus derechos a la consulta, a la tierra y territorio o propiedad territorial indígena, al medio ambiente sano y al agua. Así iniciaron un proceso que, tres años después, no ha concluido. Gracias a la difusión de Radio Huayacocotla, “La voz de las y los campesinos”, esta lucha se ha conocido regionalmente.

Las resoluciones han sido hasta ahora contradictorias, como ocurre con frecuencia en los casos de derechos indígenas. El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz determinó en dos ocasiones que la Ley de Hidrocarburos no genera afectación a la comunidad por su sola entrada en vigor, a pesar de que la Secretaría de Energía aceptó que dos bloques de exploración no convencional comprenden el municipio de Tlachichilco, y que esta zona se encuentra contemplada dentro de las rondas 1 y 3 del Plan Quinquenal.

Estas resoluciones, sin embargo, fueron impugnadas por la comunidad a través de un recurso de revisión; con motivo de éste, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de Veracruz, de jerarquía mayor al Juzgado de Distrito, examina la sentencia de amparo. En la primera ocasión en que el Tribunal Colegiado revisó la sentencia del Juzgado de Distrito, resolvió que éste había incurrido en violaciones contra la comunidad y ordenó reponer el procedimiento.

Sin embargo, el Juzgado de Distrito nuevamente negó el amparo, decisión que la comunidad impugnó a finales de 2016. En las próximas semanas, el Tribunal Colegiado mencionado decidirá si la resolución del Juzgado Octavo de Distrito fue dictada correctamente. Para la comunidad es claro: la información ya existente en el expediente basta para reconocer que La Soledad es susceptible de ser afectada por la aplicación de la reforma energética y para concluir la inconstitucionalidad de diversas disposiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos, por lo que espera que el Tribunal Colegiado resuelva en su favor.

El Poder Judicial se enfrenta así a la disyuntiva de ser garante de los derechos de los pueblos en contra de leyes que se les impusieron violando sus derechos colectivos, consagrados en nuestra Constitución, en tratados internacionales y en precedentes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o mirar para otro lado mientras los intereses económicos atropellan las formas de vida de un sector de la población con el que se tienen enormes deudas en esta materia.

 

@CentroProdh

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