Nuevas ejecuciones extrajudiciales
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La lucha cotidiana de los derechos humanos
Por Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civ... El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas. (Leer más)
Nuevas ejecuciones extrajudiciales
En México persisten algunas de las prácticas más preocupantes que se volvieron comunes a partir de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”.
Por Centro Prodh
1 de septiembre, 2020
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Recientemente, gracias a una investigación periodística encabezada por Íñigo Arredondo, fue documentado un nuevo caso de uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de elementos del Ejército Mexicano, desplegados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En los hechos fueron privadas de la vida 12 personas, documentándose que al menos 3 de ellas eran víctimas de secuestro y se encontraban en realidad inermes, pese a lo cual fueron presentados ante la opinión pública como delincuentes. 

El video es alarmante. Por un lado, muestra la capacidad de fuego y de violencia de las organizaciones criminales que siguen dominando buena parte del país, evidenciando el tipo de agresiones que enfrentan los elementos de las fuerzas de seguridad, entre ellos los integrantes del Ejército, agresiones que siempre hay que condenar y rechazar. 

Pero el video muestra también la persistencia de algunas de las prácticas más preocupantes que se volvieron comunes a partir de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”.

Por un lado, muestra cómo los hechos de violencia no son detonados por un despliegue que denote estrategia e inteligencia o bien que sea consecuencia de una investigación criminal más amplia, sino que los genere es literalmente el encontronazo azaroso entre militares y presuntos delincuentes, conforme al patrón que documentaron Madrazo, Romero y Calzada (CIDE, 2018). Que la violencia se detone así obliga a seguir señalando que esta estrategia no sólo no la disminuye sino que en realidad la alienta. 

Igualmente, el video muestra que persiste el patrón de ejecuciones extrajudiciales que ha estado presente en el despliegue castrense de los últimos lustros. Como señalamos en el informe “Perpetuar el fallido modelo de seguridad”, en los últimos años la CNDH documentó más de 50 eventos con participación castrense en los que la fuerza fue empleada de manera desproporcionada; entre estos, en al menos 10 casos las Fuerzas Armadas incurrieron también en alteración de las escenas criminales para encubrir lo ocurrido. 

Estos antecedentes y las imágenes del video, corroboran que para revertir la inercia de uso desproporcionado de la fuerza que contagió a todas las fuerzas de seguridad, declarar que ya no se violan los derechos humanos y ordenar que estos se respeten es relevante pero insuficiente. Lo cierto es que en México se siguen violando los derechos humanos y que no el Ejército ni la Marina han incorporado plenamente el respeto en su actuación. Más aún, es claro que el incremento del protagonismo de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional inhibe a las instancias externas de rendición de cuentas de ejercitar a cabalidad sus funciones de investigación y juzgamiento de los abusos militares. 

Los hechos de Nuevo Laredo ocurren, además, cuando ya se encuentra en vigor la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Dicha legislación, aún pendiente de ser analizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por contener artículos que pueden resultar inconstitucionales precisam_ente en temas como la regulación de la fuerza letal, enumera los principios a los que debe sujetarse todo uso de la fuerza: absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas (art. 4). También dispone esta Ley que la fuerza letal debe ser siempre el último recurso (art. 13) y que después de cada evento en que se emplee la fuerza debe efectuarse un “informe pormenorizado” para dar cuenta del mismo (art. 32). Nada de esto se ha cumplido hasta ahora en el caso de Nuevo Laredo: la fuerza pública no se empleó conforme a estos principios, la fuerza letal no fue el último recurso y, has ahora, no se ha hecho público el “informe pormenorizado” correspondiente. 

Se ha anunciado una investigación sobre los hechos. Que no queden en la impunidad y que se limpie el nombre de las víctimas importa: precisamente porque esta administración decidió profundizar la militarización de la seguridad pública con la Guardia Nacional y con el Acuerdo de mayo de 2020, es previsible que seguirán ocurriendo casos como estos, similares a los acontecidos en los últimos tres lustros; ante este escenario anticipable, lo mínimo sería que no se repitan también los patrones de impunidad y ausencia de investigación que han encubierto las graves violaciones a derechos humanos cometidas por los castrenses durante la Guerra contra el narcotráfico.

Sin embargo, el anuncio de la investigación fue errático. El Presidente de la República encomendó la indagatoria a la propia Sedena, como si el fuero militar no hubiese sido acotado desde 2014 justamente para impedir que se extendiera sobre casos como este. El General Secretario, por su parte, señaló que correspondía a las instancias civiles, aunque indicó que las primeras diligencias las realizaría personal de la Procuraduría de Justicia Militar, reproduciendo una práctica contraria a los derechos humanos que se ha documentado en casos como Tlatlaya, pues cuando las primeras diligencias las realizan los castrenses, propenden a manipular la evidencia. Entretanto, la Fiscalía General de la República, que tendría que investigar los hechos, se ha abstenido de pronunciarse mostrando de nuevo la autoinhibición en que suele incurrir cuando se trata de indagar abusos castrenses. Para terminar de complejizar el panorama, la Fiscalía de Tamaulipas ha seguido filtrando selectivamente información y en una salida tardía, tibia y equívoca, la CNDH ha pedido a la Sedena investigar el caso, ignorando en los hechos los estándares internacionales que obligan a que la indagatoria se realice en el ámbito civil. Entretanto, los familiares enfrentan un duro duelo, esperando justicia, verdad y que el nombre de sus seres queridos sea limpiado. 

Los hechos de Nuevo Laredo nos recuerdan que los abusos militares continuarán, pese a las órdenes y declaraciones, en tanto no haya controles externos civiles sobre las Fuerzas Armadas, que aseguren la investigación y sanción de las violaciones a derechos humanos. Hoy que el Ejército y la Marina tienen un protagonismo inusitado, conviene recordarlo.             

@CentroProdh

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