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La lucha cotidiana de los derechos humanos
Por Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civ... El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas. (Leer más)
Personas privadas de libertad frente al COVID-19
Utilizar todas las vías disponibles para minimizar el número de personas privadas de su libertad en el contexto actual es una medida básica para proteger la vida de las personas detenidas, del personal del Estado que custodia los centros de detención y reclusión, así como de otros integrantes de la comunidad, dadas las altas probabilidades de contagio del COVID en contextos de convivencia.
Por Centro Prodh
20 de abril, 2020
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El pasado 30 de marzo en este espacio, recordamos que los derechos humanos son una guía no solamente obligatoria sino invaluable para orientar los esfuerzos contra el COVID-191.

A la luz de los desarrollos de las últimas semanas, incluyendo la confirmación de casos de COVID en penales mexicanos 2, resulta pertinente destacar algunos de los estándares más relevantes para evitar una crisis sanitaria entre una de las poblaciónes más vulnerables del país: las personas privadas de su libertad.

Diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han destacado la situación de vulnerabilidad ante el COVID de las personas privadas de libertad, a la luz de “las condiciones de reclusión y los espacios reducidos de convivencia al interior de los centros penitenciarios”3. Si la reclusión presenta retos para garantizar la salud frente al COVID en cualquier país, las comúnmente documentadas situaciones de hacinamiento y dificultad para acceder a artículos básicos en los centros de reclusión mexicanos ponen de relieve la pertinencia de cumplir con los llamados de despresurizar el sistema penitenciario4 como medida para reducir el COVID.

En ese mismo sentido se han pronunciado diversos órganos internacionales en días pasados. El 9 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptó una Declaración sobre COVID-19 y Derechos Humanos5. En dicho texto, el Tribunal Interamericano señala: “Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”6.

Por su parte, el 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 1/2020, “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”,7 en la que establece que los Estados deberían “Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19”8.

Desde la Organización de las Naciones Unidas, las Oficinas en México de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) publicaron un documento conjunto que reúne estándares dirigidos a combatir el COVID en los centros penitenciarios mexicanos, titulado “Estándares Especiales UNAPS COVID-19”9. Además de una serie de medidas dentro y en el entorno de los penales, uno de los elementos contemplados en el documento es que exista “un procedimiento para la preliberación de personas privadas de la libertad por criterios de política penitenciaria. Este procedimiento debe prever lineamientos para la identificación y priorización de casos por motivos humanitarios cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgando o les falte por compurgar de la sentencia”10.

En este contexto, se hizo público que el pasado 15 de abril “María”, una mujer con hipertensión arterial sistémica fue excarcelada por solicitud del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). Como sostuvo el IFDP al solicitar su excarcelación durante su proceso penal, y como fue reconocido por el juez, la liberación de María no suponía riesgo para otras personas, y era posible garantizar su comparecencia en el proceso mediante otras medidas cautelares. Al tiempo que saludamos este ejemplo, es imposible no recordar que existe un gran número de casos en los que, con independencia de la pandemia, un análisis de la información permitiría concluir el carácter no indispensable de la prisión preventiva, siendo ésta la medida cautelar más lesiva de derechos humanos y que más trastoca la vida de la persona y de sus familiares.

Desde el Centro Prodh, por ejemplo, hemos iniciado gestiones para buscar que se apliquen medidas similares en casos de personas privadas de la libertad con condiciones de salud que implican riesgo ante el COVID. En este sentido es imprescindible que se adopten medidas inmediatas para despresurizar los reclusorios, buscando las vías adecuadas para que sean liberadas las personas que han sido afectadas por la expansión de la prisión preventiva. Para ello, como han mostrado ya algunas entidades, e independientemente de las discusiones legislativas actuales, el Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales tienen atribuciones bastantes para avanzar en este sentido, al tiempo que corresponde a los poderes judiciales resolver cualquier recurso que se les presente buscando la mayor protección para las personas.

Por otra parte, dentro del universo de personas privadas de libertad, uno de los sectores que más preocupación ha provocado son las personas migrantes detenidas. Respecto a esta población, la CIDH señala la necesidad de evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten los riesgos de contaminación y propagación de la enfermedad generada por el COVID-19 y la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana. En este sentido, se deben implementar rápidamente mecanismos para proporcionar la liberación de las personas que actualmente se encuentran en centros de detención11.

En sentido similar se pronunció Human Rights Watch el 14 de abril en su comunicado “México debe liberar a los migrantes detenidos en el contexto de la pandemia”12. La organización internacional toma nota de las protestas en centros de detención migratoria, indicando que liberar a personas migrantes “no solo sería acorde con lo establecido en las normas internacionales de derechos humanos, sino además crucial para reducir el riesgo que enfrentan los migrantes en los centros de detención que no están en condiciones de prevenir la transmisión del nuevo coronavirus”.

En este contexto, un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos mexicanas logró, en días pasados, que la Justicia Federal ordenara al Instituto Nacional de Migración adoptar medidas para liberar personas migrantes, evitar contagios y despresurizar las estaciones migratorias. El cumplimiento de este importante fallo, está aún por materializarse.

Utilizar todas las vías disponibles para minimizar el número de personas privadas de su libertad en el contexto actual es una medida básica para proteger la vida de las personas detenidas, del personal del Estado que custodia los centros de detención y reclusión, así como de otros integrantes de la comunidad, dadas las altas probabilidades de contagio del COVID en contextos de convivencia. Las directrices y llamados actuales de los órganos internacionales deberían ayudar a orientar las acciones del Estado en ese sentido. Al cumplir dichas directrices, el Estado no sólo protegería mejor la salud de la población mexicana: los casos que hemos documentado a lo largo de los últimos años confirman que, además, dicha acción sanitaria permitiría que recuperara su libertad un número indeterminado de personas quienes no tienen por qué vivir detenidas.

@CentroProdh

 

1 Centro Prodh, “Los derechos humanos frente al COVID-19”, Animal Político, 30 de marzo de 2020.

2 Ver Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “La CNDH da seguimiento y permanece en alerta ante el reporte de cinco casos de internos y un custodio, confirmados con COVID 19 en el Sistema Penitenciario Nacional”, Comunicado de Prensa DGC/133/2020, 13 de abril de 2020.

3 UNODC, OPS-OMS y ONU-DH, ESTÁNDARES ESPECIALES UNAPS COVID-19: Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano, Marzo de 2020, p. 2.

4 Ver Centro Prodh, “Los derechos humanos frente al COVID-19”, Animal Político, 30 de marzo de 2020.

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “DECLARACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1/20 9 DE ABRIL DE 2020: COVID-19 Y DERECHOS HUMANOS: LOS PROBLEMAS Y DESAFÍOS DEBEN SER ABORDADOS CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Y RESPETANDO LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES”.

6 Ibíd, p. 2.

7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, RESOLUCIÓN NO. 1/2020 PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS (Adoptado por la CIDH el 10 de abril de 2020).

8 Ibíd., Recomendación 45.

9 UNODC, OPS-OMS y ONU-DH, ESTÁNDARES ESPECIALES UNAPS COVID-19: Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano, Marzo de 2020.

10 Ibíd., p. 5.

11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, RESOLUCIÓN NO. 1/2020 PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS (Adoptado por la CIDH el 10 de abril de 2020), Recomendación 58.

12 Human Rights Watch, “México debe liberar a los migrantes detenidos en el contexto de la pandemia”, 14 de abril de 2020.

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