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La lucha cotidiana de los derechos humanos
Por Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civ... El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas. (Leer más)
Reflexiones actualizadas sobre la seguridad pública civil
La puesta en marcha de la Guardia Nacional nos obliga a demandar (y generar) herramientas que hagan que se monitoreen y se cumplan las disposiciones positivas en las leyes recién aprobadas alrededor de este cuerpo de seguridad, así como a intentar subsanar las peligrosas omisiones en ellas.
Por Centro Prodh
30 de mayo, 2019
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Coincidiendo con la aprobación de las leyes de uso de la fuerza, de registro de detenciones y orgánica de la Guardia Nacional, así como las reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública, los pasados 21 y 22 de mayo se realizó la Segunda Conferencia Internacional “Seguridad Ciudadana: La vía civil” , un espacio en el que personas expertas de siete países reflexionamos sobre el paradigma militar y su impacto en los derechos humanos, así como sobre la necesidad de generar controles sobre la actuación de los elementos de seguridad policiales y militares.

Estas discusiones no son ociosas por el hecho de que la creación de la Guardia Nacional (GN) se haya consumado; por el contrario, este nuevo cuerpo de seguridad delinea certezas y confirma reflexiones, preocupaciones y retos que se nos presentan para los años venideros, especialmente para quienes propugnamos por una seguridad centrada en las personas –especialmente en las más vulnerables- y respetuosa de todos los derechos.

Obviamente, la presencia de personas de diversos países de América Latina, académicas, defensoras de derechos humanos y funcionarias permitió un debate verdadero, señaladamente sobre la posibilidad y los tiempos para revertir la dimensión que ha tomado la militarización de la seguridad pública ante una realidad compleja y un reclamo de seguridad creciente. Sin embargo, existieron consensos muy claros en puntos nodales.

El primero de ellos es un llamado de atención vigente: que las políticas de seguridad que se centran en el uso de la fuerza y la intervención militar han demostrado ser incapaces de contener la violencia y la delincuencia y reducir las violaciones a los derechos humanos, además de que fomentan un círculo vicioso: una debilidad civil que pretende ser atajada con la intervención militar; ésta, a su vez, desgasta la vía civil y quita incentivos para su fortalecimiento. Esto ha hecho que los más importantes organismos internacionales de derechos humanos insistan en la necesidad de que la intervención militar en seguridad pública sea excepcional, fiscalizada y subordinada al orden civil.

A pesar de ello, se señaló que América Latina presenta una tendencia creciente a seguir esta militarización de la vida pública. Por esto, vimos como indispensable reclamar el fortalecimiento del mando civil sobre todas las fuerzas de seguridad y seguir fomentando la creación de estrategias integrales y multidisciplinarias que partan de las realidades locales, algo que está por fuera del alcance y objetivos de los cuerpos federales de seguridad.

Así, pensamos, un nuevo paradigma de seguridad ciudadana, que ponga en el centro a las personas más vulnerables y a quienes han sido víctimas de la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos, deberá estar necesariamente soportado en los enfoques de prevención y perspectiva de género y en información certera para la toma de decisiones sobre problemáticas y necesidades de cada región, con una inversión decidida en la construcción de instituciones policiales profesionales y orientadas al servicio y protección de la gente.

Todas las instituciones de seguridad, incluyendo a la Guardia Nacional, deberían seguir los parámetros de una política de signo ciudadano y ser una parte de ella. No obstante, reconocimos que se ha presentado a este cuerpo como una especie de atajo hacia la seguridad que reclama la gente.

Lamentablemente, estos atajos no existen y la puesta en marcha de la Guardia Nacional nos obliga a demandar (y generar) herramientas que hagan que se monitoreen y se cumplan las disposiciones positivas en las leyes recién aprobadas alrededor de este cuerpo de seguridad, así como a intentar subsanar las peligrosas omisiones en ellas. De hecho, existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –como aquella del caso de las Mujeres de Atenco– que obligan al Estado a establecer controles civiles robustos tanto internos como externos. Esto es especialmente relevante considerando la histórica contumacia de las autoridades cuando se niegan a la transparencia y a la rendición de cuentas por la actuación de las fuerzas de seguridad policiales y militares.

Durante estos días de trabajo, encontramos que normas y procesos controlados por la autoridad civil, procesos de supervisión internos y externos, constante monitoreo y rendición de cuentas y el acompañamiento de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos, así como una ruta precisa y pública dirigida a acatar la disposición que ordena terminar en cinco años con la intervención militar en seguridad, son los elementos mínimos sobre los cuales debemos empeñarnos. De lo contario, estaremos de nuevo ante la prolongación de una vía que ha demostrado su fracaso.

Esta importante iniciativa, con la conducción de Ernesto López Portillo, es organizada por el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, integrado por la Universidad Iberoamericana CDMX-Tijuana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con acompañamiento de la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin duda, este foro tendrá continuidad y seguiremos con las labores de documentación, análisis, vigilancia y propuestas rumbo a esta seguridad ciudadana, la seguridad que verdaderamente necesitamos.

@CentroProdh

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