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La lucha cotidiana de los derechos humanos
Por Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civ... El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas. (Leer más)
Violencia policial: protesta y propuestas
Responsables de investigar los delitos, pero carentes de capacidades para hacerlo científicamente, las policías ministeriales se involucran periódicamente en actividades delictivas en perjuicio de la población. Nadie parece tener claro, sin embargo, qué hacer con estos cuerpos.
Por Centro Prodh
9 de junio, 2020
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En los Estados Unidos, el asesinato de un hombre afrodescendiente, George Floyd, ha evidenciado la persistencia del racismo y ha desatado una ola de indignación social. La protesta ha ido acompañada de incontables propuestas, que incluyen la revisión de las asignaciones presupuestales de las policías, la conformación de comités externos que les revisen, la reducción de las presunciones legales que benefician a los policías que son levados a juicio, entre muchas otras.

En México, el asesinato de un hombre joven de la periferia, Giovanni López, ha evidenciado la persistencia de la desigualdad en el trato que reciben de sus policías las comunidades, pues sería impensable un abuso así en una colonia tapatía de alto ingreso, y ha desatado una ola de indignación social. Pero la fuerza de las protestas no es acompañada aún con propuestas de cambio, que contribuyan a que hechos similares no vuelvan a ocurrir.

En México, parece cada vez más difícil incidir en cambios sustantivos que modifiquen las prácticas contrarias a derechos humanos en las instituciones de seguridad y justicia. Sin importar qué partido gobierne, policías y ministerios públicos parecen impermeables a cualquier lógica de cambio, mostrando en los hechos una autonomía relativa, aunque esto se soslaye siempre bajo la premisa de que el cambio en las cabezas de gobierno conlleva el cambio de las estructuras hacia abajo, incluidas las de seguridad y justicia.

A contrapelo de esta adversidad, desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil no han dejado de surgir propuestas para revertir esta realidad. Enseguida recordamos diez ideas que cobran vigencia ante los hechos recientes:

  1. Registro de detenciones: Una buena salvaguarda para evitar violaciones a derechos humanos de las y los detenidos es que las policías tengan que registrar momento a momento quienes están a cargo de la persona. Como desde mucho lo recordaba el Profesor Miguel Sarre, necesitamos una “cadena de custodia de las personas” como hoy la tenemos para la evidencia; y necesitamos, también que el rompimiento de esa cadena tenga consecuencias. Si ese registro es público y accesible, la ciudadanía puede exigir cuentas de las detenciones. Con muchos obstáculos, se ha avanzado en un primer registro para detenciones en el ámbito penal, pero éste aún no es plenamente público y las Fuerzas Armadas lo eluden. Además, falta todo el ámbito administrativo, que en principio abarcaría la gran mayoría de las detenciones que realizan las policías municipales.
  2. Controles externos: Los órganos internos de control, las unidades de asuntos internos y las contralorías de las instituciones de seguridad y justicia, han mostrado ser insuficientes y susceptibles a la influencia de los propios mandos, como recordó hace poco Alejandro Hope. Ante esta realidad, especialistas como Ernesto López Portillo han abogado durante años por la creación de controles externos, depositados en personas y estructuras ajenas a la cadena de mando de las propias instituciones de seguridad y justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atenco, ordenó una instancia así en el ámbito federal, instrucción que lamentablemente permanece desatendida ante la creación de la Guardia Nacional, pero que bien puede recuperarse en otros niveles.
  3. Tecnología: Mediante cámaras y sistemas de posicionamiento, hoy puede generarse un seguimiento mucho más estrecho de la labor que realizan las policías. Esta tecnología, puesta en las manos adecuadas, puede ser útil también para evitar violaciones a derechos humanos y para investigarlas cuando ocurren.
  4. Rendición de cuentas: El principal incentivo para que sigan ocurriendo abusos policiales y violaciones a derechos humanos es la impunidad. Las fiscalías siguen careciendo, en muchos casos, de instancias especializadas en derechos humanos que investiguen con seriedad casos de torturas, ejecuciones o desapariciones; y cuando las tienen, se ocupan de dar cursos o de vincularse con el sistema ombudsman sin que las fiscalías prioricen la persecución penal de estos delitos. Por eso, aunque se documentan numerosas violaciones a derechos humanos, son muy pocos los casos que culminan en sentencias. Esto debe cambiar. En ello, el sistema ombudsman debe revisarse también, pues podría acompañar más proactivamente aquellos casos en donde sus recomendaciones tienen derivas penales, coadyuvando, asistiendo a las víctimas y aportando pruebas en sede judicial.
  5. Desmilitarización de las policías municipales: La vocación de las policías municipales es ser la corporación más cercana a la población, como verdadera policía de proximidad. Pero a partir del endurecimiento de las políticas de seguridad pública que hemos vivido desde 2006, esta vocación se ha desdibujado. Hemos visto en estos años cómo las policías municipales son encabezadas por militares en retiro, cómo reciben adiestramiento castrense, y cómo aumentan su armamento y capacidad de fuego; en ocasiones, los propios fondos federales contribuyeron a ello. Esa inercia debe revertirse, al mismo tiempo en que se dignifica a estos cuerpos de seguridad tanto en cuestiones de ingreso como en capacitación y equipamiento suficiente para su labor.
  6. Preeminencia de lo local: Buena parte de la discusión sobre la política de seguridad se centra en el ámbito federal. Es razonable, pues la profundización de la apuesta por la militarización, hoy renovada con la Guardia Nacional, genera inercias nacionales. Pero muchas de las respuestas a la violencia, son en realidad de naturaleza municipal o estatal, y en esos ámbitos debe incidirse también, pese a que desde la capital del país reiteradamente se ignore esta dimensión. Hay mucho por hacer en estos ámbitos.
  7. Regulación de uso de la fuerza: La fuerza pública se sigue empleando sin un marco regulatorio adecuado. El más reciente esfuerzo legislativo en este sentido, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, se encuentra impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) y no por causas menores: entre otras cosas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) argumentó que la regulación del uso de la fuerza letal es deficiente. La discusión de esta ley en la Corte puede dar luz sobre un debate que no termina de dilucidarse.
  8. Estándares para la investigación de ejecuciones: Todas los asesinatos deberían investigarse cabalmente y se esclarecidos, pero una ejecución arbitraria por uso de la fuerza pública o el homicidio de una persona bajo custodia son crímenes que demandan una investigación especialmente exhaustiva, pues estos eventos comprometen la legitimidad de las instituciones de seguridad y justicia. El referente internacional para estas indagatorias es el Protocolo de Minnesota, que en México está lejos de empezar a ser aplicado.
  9. Participación ciudadana: Ninguna reforma de las instituciones de seguridad o justicia avanzará sin participación amplia y plural de la ciudadanía. Eso implica, entre otras muchas cosas, respetar la legitimidad de protesta y respetar también la legitimidad de los actores civiles que documentan las acciones que la inhiben. Frente a lo ocurrido en Jalisco, por ejemplo, eso implica escuchar las voces de actores tan serios como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEAPD), el Instituto Mexicano para el desarrollo Comunitario (IMDEC), el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ del ITESO, la universidad jesuita de Guadalajara, y la propia Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), instancias que han seguido con detalle y rigor los eventos.
  10. Responsabilidad política: Los actores políticos deben ser responsabilizados por el efecto que sus declaraciones públicas en la conducta de los servidores públicos de la seguridad y la justicia. Como lo analizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco, cuando las y los gobernantes endurecen sus declaraciones sobre algún tema vinculado a la justicia o a la seguridad, no debe llamarse a la sorpresa si después ocurren violaciones a derechos humanos. Que las y los gobernantes reconozcan su responsabilidad cuando esto ocurre, es sólo un primer paso para que las cosas cambien.

Estos puntos, desde luego, no agotan toda la complejidad que presenta la reforma de la seguridad y la justicia en México. Entre otras muchas cuestiones que saca a relucir lo ocurrido en Jalisco, una no menor por inquietante es la relacionada con la posible colusión de la Policía Ministerial de la Fiscalía de Jalisco con la delincuencia organizada. Esta posible infiltración no es exclusiva de Jalisco: poco se habla en el debate público sobre las policías ministeriales, pero éstas son sin duda uno de los engranajes críticos de esa máquina de impunidad que es el sistema de justicia mexicano. Expertos en tortura o en extorsiones, útiles a lo más como guardaespaldas, las policías ministeriales de los estados y de la Federación son criaturas del régimen autoritario que han mostrado su capacidad de adaptación a contextos de pluralidad política. Responsables de investigar los delitos, pero carentes de capacidades para hacerlo científicamente, las policías ministeriales se involucran periódicamente en actividades delictivas en perjuicio de la población. Nadie parece tener claro, sin embargo, qué hacer con estos cuerpos.

Ante asesinatos como los de George Floyd o Giovanni López, la protesta social es fundamental. Vale recordar una obviedad: no están obligadas las movilizaciones a impulsar agendas concretas de cambio; en democracia, su sola existencia es ya fundamental y que sean protagonizadas por personas jóvenes, es en sí mismo una buena noticia, que no se empaña por expresiones de violencia aisladas, obviamente condenables desde los derechos humanos. Pero que la protesta no tenga que generar inmediatamente propuesta no nos releva, sin embargo, de la responsabilidad de ampliar el debate público sobre los cambios que tanto necesitan nuestras instituciones de seguridad y justicia. Y aunque este cambio parezca a menudo imposible, somos muchos y muchas quienes en México estamos contribuyendo a que ocurra.

Los asesinatos de George Floyd y Giovanni López y los hechos represivos contra las manifestaciones de solidaridad nos recuerdan también que éstas son batallas que nunca se ganan de una vez y para siempre, ni siquiera con alternancias relevantes en los cargos de elección popular. Las prácticas contrarias a derechos humanos en las que incurren las policías obedecen a dinámicas estructurales, y no hay nada como el escrutinio externo para corregir su persistencia.

@CentroProdh

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