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La sartén por el mango
Por Mala Madre
Mala Madre es egresada de Periodismo por la UNAM con 30 años de experiencia, durante los cuales ... Mala Madre es egresada de Periodismo por la UNAM con 30 años de experiencia, durante los cuales ha trabajado en los principales diarios de circulación nacional como reportera de política. Los primeros 15 de tiempo completo, los siguientes cinco de freelance y ahora de nuevo de tiempo completo. Alguna vez le dijeron que daba mal ejemplo a sus hijas quedándose en casa y como nunca le ha gustado que le digan qué hacer, hizo lo que quiso… y se quedó en casa. Le encanta contar historias y nunca ha dejado de escribir, así sea la lista del súper. Síguela en Twitter: @malamadremx o escríbele a [email protected] (Leer más)
Caso Hilda: en qué cabeza cabe
Hace cuatro años, Hilda sufrió un aborto involuntario y fue acusada por el personal médico que la atendió de habérselo provocado. Fue detenida y liberada por falta de pruebas. Tres años después fue detenida de nuevo y procesada, y ahora se le ha dictado sentencia gracias a la criminalización de la que ha sido objeto. ¿Hasta cuándo seguirán estos procesos injustos?
Por Mala Madre
9 de julio, 2013
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Hilda es originaria del ejido Las Palmas, ubicado en el municipio de Tamuín, en San Luis Potosí. A sus 22 años, está acostumbrada a la vida difícil y al trabajo pesado.  Cuando escasea el agua, por falta de servicio o de dinero para pagar el recibo, suelen acarrearla de un pozo que está a 100 metros de su casa, con un cable y un bote con el que llenan cubetas de plástico de 20 litros cada una. El objetivo es almacenar 200 litros en total en cinco tanques, para cubrir las necesidades de la familia en lo que les restablecen el servicio.

Hace cuatro años, el 9 de julio de 2009, eso fue justamente lo que pasó. Su madre, armada con un palo que sostenía en los hombros, y ella con una carretilla, fueron y vinieron de la casa al pozo hasta que la profundidad de éste les impidió sacar más. Tuvieron entonces que recurrir a la presa, que se encuentra a 100 metros de distancia del pozo y a 200 de su casa. Ya se imaginarán como terminaron el trabajo las dos mujeres.

Al día siguiente, Hilda despertó sintiéndose mal y con una fuerte hemorragia. Apenas pudo dar unos pasos fuera de su cuarto cuando se desmayó. Su hermana mayor y un vecino la llevaron de emergencia al hospital, al que llegaron a las 10:30 horas. De acuerdo con los testimonios, nada más verla, la doctora que la recibió la empezó a interrogar de forma agresiva sobre el motivo de la hemorragia e insistentemente le preguntaba “si se había metido algo para provocarse el sangrado”. Asustada por la actitud de la doctora, quien la amenazaba con mandar a hacer pruebas de sangre en donde saldría todo y le iría peor, además de que no la atendería si no le decía la verdad, Hilda confesó que se había tomado una pastilla de nombre cytotec, medicamento controlado que sólo se consigue con receta en una farmacia. En su ejido seguro ha de ser más fácil de conseguir que el agua.

A partir de ahí todo fue presunción de culpabilidad y malos tratos por parte del personal médico hacia Hilda. De nada sirvió que la joven explicara el trabajo de burro que había realizado el día anterior, ya había sido enjuiciada y condenada por doctores, enfermeras, policías y ministerio público al que reportaron inmediatamente el caso. Después de eso qué sensibilidad se les podía pedir para explicar a la madre de Hilda que le practicarían un legrado a su hija por el estado en el que se encontraba, cuando ni siquiera sabía que tenía seis semanas de embarazo.

La doctora que le pidió a la madre autorizar el procedimiento le indicó que Hilda se había provocado un aborto. La trabajadora social que la atendió le advirtió que “a ver cómo les iba” porque lo que había hecho su hija “era muy grave”. Todavía en la sala de expulsión, la doctora tuvo el ejemplar tino de informarle a Hilda que sería procesada y exhibida en los periódicos por el delito que había cometido. “Mira”, le dijo mientras le mostraba restos de tejido que sacó de la exploración, “esto era tu hijo”.

La policía de Timuín fue por Hilda y la llevaron a la cárcel preventiva en bata, sin ropa ni medicinas porque el doctor en turno se negó a entregárselas. Pasó la noche del 10 de julio en los separos y a la mañana siguiente fue dejada en libertad bajo las reservas de la ley, por considerar que en ese momento no existían “indicios suficientes para deducir el cuerpo del delito y su probable responsabilidad”.

Hilda continuó con su vida y un año después se volvió a embarazar. Procreó una niña que hoy tiene tres años y su vida transcurría sin mayores tropiezos, hasta que el 23 de julio de 2012, cuando se encontraba de visita en casa de sus papás en el ejido Las Palmas, fue detenida de nueva cuenta por una orden de aprehensión girada por un juez penal acusada del delito de aborto.

La joven fue recluida esta vez en el Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles. Esa noche se le declaró probable responsable de la comisión del delito de aborto y al día siguiente, 24 de julio, rindió su declaración preparatoria. Se le fijó una fianza de 3 mil pesos, que fue pagada por su familia para seguir el juicio en libertad condicional, por lo que los días 30 de cada mes acudía a firmar religiosamente el libro de control de procesados.

Mientras se desarrollaba el juicio, Hilda fue juzgada por la prensa, por sus vecinos, por los habitantes de Ciudad Valles. Su caso salió en varios periódicos locales y hasta en la televisión. El día que salió de la cárcel, un diario local que publicó la nota en contraportada con una foto suya de cuerpo completo y el encabezado “Asesinó a su hijo”, en grandes letras de color rojo, envió trabajadores a recorrer la localidad donde vive su familia para vender ejemplares al grito de que Hilda era una asesina.

El pasado 5 de abril, Hilda fue sentenciada a un año de prisión por su aborto involuntario. La decisión ha sido apelada por el equipo jurídico del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que lleva su defensa y que además ha creado una petición en Change.org dirigida al Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, para que resuelva con criterios imparciales la apelación. Pueden firmar y dar su apoyo aquí. Igualmente, este jueves 11 de julio, en el Instituto Goethe, se presentará el documental que GIRE ha preparado sobre el caso para denunciar el prejuicio y la criminalización de la que ha sido objeto Hilda, y pedir el apoyo de la ciudadanía. La cita es en Tonalá 43, colonia Roma, a las 18:00 horas. Entrada gratuita.

En varias ocasiones durante la campaña electoral del 2012, el ahora presidente Enrique Peña Nieto fue cuestionado sobre la despenalización del aborto. En cada uno de esos cuestionamientos afirmó que no estaba a favor de la despenalización, pero tampoco apoyaba la criminalización de las mujeres. Bueno, señor Peña Nieto, pues justo esto es lo que pasa cuando las autoridades no son claras respecto al ejercicio de un derecho, la impartición de la justicia y la aplicación de la ley. Tenemos un personal médico prejuicioso, ignorante y criminal, que toma en sus manos, aquí sí, la vida de una persona, y da pie para que el resto de las instancias que deberían apoyarla, la juzguen, la discriminen, la marginen y le quiten preciosos años de su paz, de su tranquilidad, de su libertad.

Con Hilda, el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí tiene la oportunidad de enmendar un terrible error. Autoridades judiciales y legisladores tienen la obligación de velar porque casos así no vuelvan a ocurrir. Y medios de comunicación y ciudadanía debemos tener la sensibilidad de no enjuiciar ni meternos en lo que no nos importa. Así fuera un aborto voluntario, ya es hora de que entendamos que cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y que nuestras consideraciones morales son sólo nuestras y no tienen por qué ser las de alguien más.

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