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La sartén por el mango
Por Mala Madre
Mala Madre es egresada de Periodismo por la UNAM con 30 años de experiencia, durante los cuales ... Mala Madre es egresada de Periodismo por la UNAM con 30 años de experiencia, durante los cuales ha trabajado en los principales diarios de circulación nacional como reportera de política. Los primeros 15 de tiempo completo, los siguientes cinco de freelance y ahora de nuevo de tiempo completo. Alguna vez le dijeron que daba mal ejemplo a sus hijas quedándose en casa y como nunca le ha gustado que le digan qué hacer, hizo lo que quiso… y se quedó en casa. Le encanta contar historias y nunca ha dejado de escribir, así sea la lista del súper. Síguela en Twitter: @malamadremx o escríbele a [email protected] (Leer más)
El síndrome Bruce Willis región 4
Por Mala Madre
13 de marzo, 2012
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Un diciembre de hace algunos ayeres tuve la mala fortuna de ser asaltada en el súper. Ya se los conté en una entrada previa: unas cuatro mujeres en forma coordinada me bloquearon el paso con sus carritos para abrir mi bolsa y sacar mi cartera en cosa de un parpadeo. No me percaté del hecho en el momento, sino hasta un par de minutos después.

No ví a la mujer que personalmente cometió el atraco y sólo alcancé a mirar de reojo a sus cómplices. Todo fue muy rápido. Pero el personal de la tienda las tenía ubicadas y les seguía la pista por robos previos que habían cometido y que no habían sido denunciados.

Así que cuando corrí para pedir ayuda, los guardias de la tienda supieron sobre quién ir. La líder del grupo tenía mi cartera, sin dinero por supuesto, y la de alguien más. Hasta aquí, los hechos sabidos.

Lo que no les conté entonces fue mi experiencia con el Ministerio Público, de la cual quiero rescatar la parte de mi declaración. El señor agente la redactó de tal forma que quedaba asentado que yo había visto a la mujer sacar la cartera de mi bolsa.

Cuando quedó listo el papeleo me explicó que lo ponía así para que la ladrona no tuviera un resquicio legal por dónde quedar libre. Que no se trataba de una mentira ni una falsedad en la declaración, sino de “acomodar las cosas” que en realidad habían ocurrido. Porque al final de cuentas a la señora se le había encontrado mi cartera y luego, en la patrulla rumbo a la delegación, intentó sobornar a los policías con tres mil pesos para que la soltaran. Me lo contó uno de ellos.

La señora líder del grupo era culpable, pues. El MP hizo mucho énfasis en que si la declaración quedaba como yo había narrado los hechos –que no ví quién sacó la cartera de mi bolsa- entonces la acusada podría argumentar que se la había encontrado y no habría forma de condenarla.

Recuerdo la insistencia del agente en la culpabilidad de la señora y en la necesidad de “adornar” la declaración para conseguir una segura sentencia en su contra y sacar de las calles a esta gente nefasta. Me convenció cuando volteé a ver a la doña, que se encontraba a unos cuantos metros de dónde yo estaba, y ésta me devolvió la mirada con uno ojos de pistola que todavía hoy me dan miedo sólo de imaginármelos. Acepté para sentirme segura de salir otra vez a la calle. Sí, ésta es mi justificación.

Años después, en el estreno del documental Presunto Culpable, me acordé de estos hechos cuando miré en pantalla cómo el único testigo en contra de José Antonio Zúñiga admitía que no lo había visto disparar, que había sido convencido por los judiciales de tal cosa y que por eso lo había declarado así. Recuerdo haber pensado que, por lo menos en mi caso, la acusada sí era culpable.

 

Hoy se encuentra a debate el caso de Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro. A solicitud de su defensa, encabezada por el abogado Agustín Acosta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá el próximo 21 de marzo si procede un amparo interpuesto por la presunta violación grave a sus derechos humanos durante el proceso. El proyecto del ministro Arturo Zaldívar propone su inmediata liberación por considerar que así fue.

 

La explicación jurídica sobre el tema ha sido claramente abordado por Geraldina González de la Vega en su más reciente entrada, que aquí les dejo.  Me interesa en todo caso llamar su atención sobre la práctica del Ministerio Público en los tres casos mencionados, por “acomodar los hechos” para que quienes consideran culpables no tengan “resquicios legales” por dónde quedar libres.

En mi caso tengo la certeza de que la mujer a la que condenaron por mi asalto era culpable. En el caso de Toño Zúñiga tenemos la certeza de que era inocente del crimen por el que había recibido una condena de 20 años de prisión. En el caso de Florence Cassez hay la certeza de que la Agencia Federal de Investigación (AFI) montó un operativo para escenificar su captura ante las cámaras de televisión un día después de su detención y que, por lo tanto, acomodaron los hechos para garantizar su culpabilidad.

 

Lo que la SCJN decidirá el 21 de marzo no es la culpabilidad de Cassez sino si se violaron sus derechos. Si se aprueba el amparo, deberá reponerse el proceso. Geraldina González de la Vega, abogada constitucionalista, nos asegura que el caso de Florence es idéntico al de Toño Zúñiga. Meto mi cuchara y, toda proporción guardada, me late que el de mi asaltante también.

Los tres casos se parecen en que la parte acusadora, la autoridad que representa a las víctimas, buscó la forma de adecuar los hechos para que los procesados quedaran en prisión. El primero, en aras de no dejar escapar a un culpable; el segundo, en franca fabricación de uno, y el tercero nos queda la duda. En los tres se violó el derecho al debido proceso, según hemos aprendido en estos días.

Nuestros policías y agentes del Ministerio Público no pueden seguir jugando a John McClane en Duro de Matar región 4. Porque en su afán de atrapar a los delincuentes, de cumplir con la cuota asignada, o ya de plano, de franca ineficiencia y maldad, violan reglas y derechos que llevan a la cárcel a gente de la que existe una duda razonable sobre su culpabilidad. O peor aún, que es inocente.

Pero sobre todo, lo que está en el centro de estas prácticas, es que vician y dañan nuestra confianza en la aplicación de la ley. Y en eso no hay justicia ni beneficio que las víctimas puedan celebrar.

 

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