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La sartén por el mango
Por Mala Madre
Mala Madre es egresada de Periodismo por la UNAM con 30 años de experiencia, durante los cuales ... Mala Madre es egresada de Periodismo por la UNAM con 30 años de experiencia, durante los cuales ha trabajado en los principales diarios de circulación nacional como reportera de política. Los primeros 15 de tiempo completo, los siguientes cinco de freelance y ahora de nuevo de tiempo completo. Alguna vez le dijeron que daba mal ejemplo a sus hijas quedándose en casa y como nunca le ha gustado que le digan qué hacer, hizo lo que quiso… y se quedó en casa. Le encanta contar historias y nunca ha dejado de escribir, así sea la lista del súper. Síguela en Twitter: @malamadremx o escríbele a [email protected] (Leer más)
Justicia para las víctimas
Por Mala Madre
20 de marzo, 2012
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Conozco de cerca dos casos de personas acusadas injustamente de delitos que no cometieron. En ambos, los protagonistas tuvieron que demostrar su inocencia para evitar ser condenados.

En el primero, mi hermana mayor fue acusada de fraude por una mujer que no conocía. La acusadora alegaba haberle vendido un automóvil, que supuestamente fue entregado pero no pagado. Como prueba presentó un presunto contrato de compra-venta supuestamente firmado por mi hermana y la identificación que supuestamente entregó para avalar el negocio realizado: una copia de la solicitud de registro que presentó ante el IFE para obtener su credencial de elector. Éste era el único dato real.

Desde el momento en que recibió el citatorio y se presentó ante el Ministerio Público, mi hermana fue tratada como delincuente. Por sugerencia del abogado que inicialmente llevó su caso, se reservó el derecho a declarar en tanto conocía de qué se le acusaba. A pesar de que la firma del supuesto contrato no correspondía con el de la solicitud ante el Registro Federal de Electores (había forma de demostrar la falsificación), de que la “media filiación” que proporcionó la parte acusadora no correspondía con la de mi hermana (con lo cual se demostraba que no la conocía), y de que no tenía posesión del auto motivo del presunto fraude, el MP dio validez a la acusación y el proceso continuó.

El trato amenazante y de desprecio se mantuvo, hasta que sucedieron dos hechos muy afortunados. Primero, mi hermana tuvo el buen tino de correr al abogado pro soborno que le habían recomendado unos amigos y conseguir los servicios de un reconocido despacho. Segundo, contó con el apoyo eficiente y expedito del IFE.

A partir de ese momento la magia se hizo. En cuanto llegó con su nuevo defensor, las burlas y los malos tratos se acabaron; hasta podría decirse que hubo cierto respeto. El colmo fue cuando su equipo de abogados investigó cómo se obtuvo su solicitud de registro ante el IFE y comprobaron que el documento había sido robado un mes antes, de un camión que transportaba miles de solicitudes del distrito electoral que le correspondía. Ayudó mucho que el robo haya sido denunciado en tiempo y forma por las autoridades electorales.

La acusación se retiró y, hasta donde mi hermana sabe, la parte acusadora no fue procesada por falsedad en declaraciones.

 

Presuntas víctimas de Florence Cassez piden a ministros de la SCJN no liberarla (Foto tomada de EnlaceVeracruz212.com.mx)

 

El segundo caso es más tétrico. Tres jóvenes hermanos que trabajan de contratistas en una empresa familiar, y que circulaban en una camioneta, fueron chocados por un taxista en la lateral del Viaducto antes de cruzar el Eje Central. En el intercambio de reclamos sobre quién tuvo la culpa y la ausencia de un seguro que cubriera los gastos, el taxista recurrió a una patrulla que pasaba por el lugar para que interviniera.

Los policías indicaron a José y a sus hermanos que tendrían que dirimir el incidente ante el Ministerio Público. Un hermano condujo la camioneta y los otros dos fueron transportados en la patrulla, mientras el taxista se fue por su cuenta. En el camino, la situación cambió. Los patrulleros los empezaron a interrogar sobre el dinero que traían y les confiscaron todas sus pertenencias, entre ellos celulares e identificaciones.

Cuando llegaron a la delegación se encontraron con la sorpresa de que el taxista los había acusado de intento de secuestro y robo. Así como lo leen. Por considerarse delito grave fueron detenidos sin derecho a fianza y permanecieron encerrados una semana en el Reclusorio Norte. Ese fue el tiempo que su familia tardó en enterarse qué les había pasado y en conseguirles un abogado gracias a unos clientes.

La experiencia en la cárcel fue espeluznante. Jóvenes trabajadores, sin problemas ni incidentes previos con el sistema de justicia, no entendían por qué estaban ahí. En ese breve tiempo tuvieron que pagar protección para no ser lastimados, poder comer y dormir parados, apoyados unos contra otros en una celda minúscula, según me contó José meses después.

Los hermanos pudieron salir bajo fianza luego que su abogado consiguiera que se retirara la acusación de secuestro, aunque continuó la de robo. El accidente de tránsito ni siquiera había sido registrado por el MP y a los policías que los presentaron no los volvieron a ver. Tampoco los 15 mil pesos que llevaban en ese momento y que habían recibido como pago por un trabajo realizado.

La defensa de los muchachos hizo de todo: presentó ante el MP los testimonios de por lo menos tres clientes con los que habían estado y dos más que los esperaban ese día, incluido los registros de las llamadas a los celulares para comprobar que, entre un trabajo y otro, no podían haberse desviado para secuestrar a un taxista que se cruzó en el camino. Entregó acta constitutiva de la empresa familiar, comprobantes de ingresos, declaración de impuestos, estados de cuenta y escrituras de propiedades, para comprobar un estilo de vida honesto. Incluso buscó testigos del accidente de tránsito para demostrar que sí existió.

Del lado de la parte acusadora sólo se tenía su palabra. Pero como indicó el MP a José y sus hermanos, “el taxista fue el primero en acusar y es lo que cuenta”. De entrada llevó mano y fue al que se le creyó. Y una vez que quedó escrito, peor para los hechos. Así fue como pasó, porque consta en la declaración.

Los tres jóvenes fueron condenados por robo y por un arreglo de su abogado que no supieron explicar, no tuvieron que regresar a la cárcel aunque tienen que ir a firmar cada semana. Pero ya cuentan con antecedentes.

En estos días que se debate sobre la justicia para las víctimas, no dejo de pensar en casos como los que les he narrado y de cuestionarme dónde radica la impunidad: en una autoridad que no investiga y no prueba más allá de toda duda razonable, o en un acusado (culpable o inocente) que exige que se le pruebe la acusación.

Como si fuera un asunto de fe, se ha llegado a preguntar a la gente si Florence Cassez debe cumplir su condena de 60 años por secuestro o este miércoles 31 de marzo debe ser amparada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante las irregularidades de su detención. El 84 por ciento cree que debe continuar en la cárcel, sin importar cómo haya sido detenida y procesada.

Después de conocer estos casos y de leer el esclarecedor reportaje de Héctor de Mauleón en Nexos, que comprueba que lo único claro son las irregularidades, me pregunto también de dónde sale la convicción del presidente Felipe Calderón (y del 84 por ciento de los encuestados) de que Cassez es culpable aiga sido como aiga sido y que, por lo tanto, no debe ser amparada.

A lo menos que deberíamos aspirar es a un sistema de justicia que se base en el cumplimento de la ley y no en el fin que justifica los medios, sobre todo si ese fin no nos convence claramente o es un completo error. De otra forma, que el gran hacedor del universo nos libre de toparnos un día con una defraudadora, un taxista o un patrullero como los aquí descritos, por estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Porque aquí si, no habrá (no hay) justicia para las verdaderas víctimas.

 

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