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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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3 preguntas al equipo de EPN sobre la iniciativa anticorrupción
Formulo tres preguntas iniciales al equipo del presidente electo encargado de elaborar y proponer la iniciativa en materia de combate a la corrupción: ¿Cómo definen corrupción? ¿Tomaron en cuenta los diagnósticos/propuestas anticorrupción ya existentes en la academia y la sociedad civil? ¿Creen más pertinente privilegiar el enfoque punitivo sobre el preventivo?
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
20 de septiembre, 2012
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Por: Mariana García, investigadora de México Evalúa.

 

En las últimas semanas tuve la oportunidad de asistir a foros de debate sobre las iniciativas legislativas en materia de transparencia y combate a la corrupción, que preparó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el periodo de transición. En estos espacios de deliberación se han vertido  dudas razonables y recomendaciones informadas sobre las limitaciones y alcances de estas iniciativas (o de lo que hasta ahora se conoce de ellas).

Por otro lado, México Evalúa elaboró un diagnóstico del sistema anticorrupción en México, el Índice para la Medición de la Institucionalidad contra la Corrupción (IMIC), que analiza las capacidades del Estado mexicano para prevenir, detectar y sancionar actos corruptos, que será publicado en las siguientes semanas.

Con ambos insumos en mente, me permito realizar tres cuestionamientos que podrían parecer muy conceptuales, pero que son la base mínima y el punto de partida para cualquier diagnóstico y reforma anticorrupción. Formulo de forma respetuosa, pero contundente, tres preguntas iniciales al equipo del presidente electo encargado de elaborar y proponer la iniciativa en materia de combate a la corrupción:

1.     ¿Cómo definen corrupción?

A lo largo de la iniciativa, que para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción ha circulado en algunos medios, se habla de los efectos perniciosos de la corrupción y sus posibles causas, como la señalada por PNUD producto de “un sistema de controles ineficaces”. Pero en ningún momento se clarifica lo que los impulsores de la reforma entienden como acto corrupto.

En México Evalúa, a partir del diagnóstico IMIC, tomamos la propuesta del BID que define corrupción como: “un acto entre dos agentes racionales que se desarrolla de forma [tal] que un tercer agente [busca] prevenirlo, controlarlo y sancionarlo porque tiene efectos negativos sobre otros miembros del sistema y sobre el buen funcionamiento de las instituciones que los vinculan”.

Sólo con una definición que reconozca que en el acto de corrupción participan dos agentes, es decir, que hay oferta (por parte de agentes privados, normalmente) y demanda (por parte de agentes públicos), podemos empezar a establecer una base mínima para el debate. Puesto que, como acertadamente han apuntado muchos especialistas, la iniciativa presentada por el PRI pareciera enfocarse únicamente en las consecuencias de la corrupción y no en las causas que la provocan. Y es precisamente en el centro de esas causas donde están las interacciones que se llevan a cabo con mayor frecuencia entre agentes públicos y privados para la adquisición de bienes e insumos, la gestión de recursos financieros y la entrega de bienes y servicios.

2.     ¿Tomaron en cuenta los  diagnósticos/propuestas anticorrupción ya existentes en la academia y la sociedad civil?

La iniciativa para la creación de la Comisión Anticorrupción, que ahora circula, hace referencia a los antecedentes de políticas de combate a la corrupción que surgieron desde el sexenio de Miguel de la Madrid. No obstante, uno de los principales problemas que ahí se plantean es que en la definición de dichas políticas anticorrupción no se ha involucrado a la sociedad civil. Me pregunto si los impulsores de la reforma anticorrupción tomaron en cuenta a la sociedad civil en la elaboración de su diagnóstico y su receta para combatir el fenómeno?

Un número importante de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas México Evalúa, ha generado diagnósticos del sistema vigente de rendición de cuentas y de combate a la corrupción que vale la pena analizar y poner sobre la mesa antes de empezar a construir una política anticorrupción desde cero. La Red de Rendición de Cuentas (RRC), que articula a más de 50 organizaciones civiles e instituciones públicas, ha hecho también una labor importante al presentar una propuesta para la construcción de una política de rendición de cuentas articulada y coherente con recomendaciones puntuales sobre diseño institucional y reforma de la gestión pública.

Aún más, ¿tomaron en cuenta la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN ante el Senado para la creación de una Fiscalía Nacional contra la Corrupción, la cual, por cierto, ya fue aprobada por el Senado a principios de este año?

Ninguna propuesta legislativa seria e informada podría pasar por alto el conocimiento acumulado de las investigaciones y deliberaciones realizadas por especialistas en la última década.

3.     ¿Creen más pertinente privilegiar el enfoque punitivo sobre el preventivo?

Si bien es fundamental tomar medidas cuando el acto corrupto ya fue perpetrado, pues uno de los eslabones más débiles de nuestro sistema anticorrupción (y del sistema de procuración de justicia, en general) es el sancionatorio; no podemos dejar de lado el enfoque preventivo para evitar que la corrupción se manifieste previo a la generación de daños a la hacienda pública y al ciudadano directamente en la provisión de bienes y servicios.

La labor de fiscalización que realiza actualmente la Secretaría de la Función Pública (SFP) a través de auditorías preventivas y, con la promoción de programas de capacitación y mejora de la gestión entre miembros de la administración pública es fundamental en el control de la corrupción.

¿Cuáles son los argumentos para desestimar el enfoque preventivo?¿Qué pasará con esas funciones si desaparece la SFP como plantea la reforma propuesta? Tal y como está construida la propuesta del PRI actualmente el enfoque es meramente punitivo y la generación de elementos disuasivos ex ante para prevenir y controlar la corrupción es casi inexistente.

Otras preguntas sin respuesta… (por el momento)

Me surgen algunos otros cuestionamientos, poco menos conceptuales, relacionados con el diseño institucional del órgano para combatir la corrupción: ¿es mejor una fiscalía o una comisión? ¿El diseño propuesto es el ideal para evitar su captura política? ¿Cómo funcionará la jurisdicción de la Comisión Nacional Anticorrupción fuera del gobierno federal? ¿La centralización de funciones anticorrupción en un órgano federal es respetuosa del federalismo y la autonomía de estados y municipios? Dejaré algunas de ellas para mi próxima colaboración en este espacio.

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